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LA CATÁSTROFE DEL YAK-42

El fiscal de la Audiencia acepta investigar el caso del Yak-42 a petición de Conde Pumpido

En el caso de que el tribunal decida que el asunto no es de su competencia, sugiere una reforma legal de la figura de la personalidad pasiva

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha admitido esta mañana, a requerimiento del fiscal general de Estado, Cándido Conde Pumpido, su competencia para investigar el accidente aéreo del Yak-42, que en mayo de 2003 costó la vida a 62 militares españoles en Turquía. El fiscal, Pedro Rubira, cambió su criterio anterior después de que el viernes Conde Pumpido le instruyera para que abriera diligencias sobre una posible falsedad documental en la identificación de cadáveres.

Sin embargo, durante la vista de apelación celebrada por la sala de lo penal de la Audiencia esta mañana, el fiscal ha advertido de que hay varios obstáculos para que la Audiencia se encargue de este caso. Según Rubira no le consta aún que existiera delito en el caso y tampoco que éste se hubiera cometido en el extranjero, condición necesaria para que la Audiencia asumiera su competencia. Además ha subrayado el hecho de que una investigación podría inferir con la que hay en marcha en Turquía.

El fiscal ha sugerido que si el tribunal decide finalmente que el caso no es de su competencia y lo remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid se reforme la legislación vigente y se recoja la figura de la personalidad pasiva, esto es, que se puedan investigar los hechos ocurridos en el extranjero en cuanto haya víctimas españolas, al igual que ocurre por ejemplo en Francia.

Dos denuncias

Eudald Vendrell, representante de la Asociación de Víctimas, ha mantenido la competencia de la Audiencia Nacional porque, a su juicio, se cumplen todos los requisitos legales para que este tribunal conozca del caso. Según Vendrell los hechos se cometieron fuera del territorio español por parte de personas de la administración pública que omitieron su labor de control y que sin hacer las necesarias pruebas biológicas firmaron la identificación de los cadáveres incurriendo en posibles delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.

Víctor Ortal, representante de la asociación particular Politeia, ha pedido por su parte la imputación de cinco personas, tres altos funcionarios del ministerio de Defensa y dos cargos de la compañía charter del aparato que, según él, llevaba un plan de vuelo falso. La asociación de familiares presentó una primera denuncia en el Juzgado Central de Instrucción número 3 con la que pretendían que se investigasen las irregularidades que el Ministerio de Defensa podría haber cometido en relación con el accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en las proximidades del aeropuerto turco de Trabzon. Esta primera denuncia fue archivada por falta de competencia de la Audiencia Nacional.

Posteriormente, los familiares presentaron otra denuncia, pero en esta ocasión contra los generales de División, ya en la reserva, Vicente Navarro Ruiz y José Antonio Beltrán Doña, que fueron los encargados de desplazarse a Turquía para identificar los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente aéreo. Esta denuncia también fue archivada y los recursos interpuestos contra ambas decisiones de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios se acumularon para ser revisadas en la vista de esta jornada.