La minoría progresista del CGPJ califica de "obscena" la política de nombramientos
Un nuevo plante de los vocales del PSOE impide elegir las ternas de candidatos para magistrados del Supremo y otros puestos relevantes en la judicatura
La minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha forzado hoy, por segunda vez en una semana, la suspensión de la Comisión de Calificación de dicho órgano, encargada de elegir las ternas de candidatos para magistrados del Tribunal Supremo (TS) y otros puestos relevantes en la judicatura, al considerar "obscena" la política de nombramientos que sigue la mayoría conservadora del CGPJ, a la que acusan de "arrogancia preconstitucional".
Así, la reunión se ha tenido que posponer después de que los vocales Javier Martínez Lázaro y María Ángeles García, propuestos por el PSOE, hayan pedido su aplazamiento y la hayan abandonado en protesta por la forma en que se llevan a cabo los nombramientos. Según ha informado el presidente de la comisión, Enrique José Míguez, se ha acordado convocar una nueva comisión de calificación para el próximo lunes, día 12, con el mismo orden del día.
Asimismo, Míguez ha señalado la otra única decisión que se ha tomado en la reunión de hoy ha sido la de elevar al pleno del próximo día 21 la propuesta para renovar en el cargo al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Luis Ramón Puerta, único candidato que se había postulado. La comisión tenía previsto hoy elegir a la terna para la vacante en la presidencia de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, a la que se han postulado nueve magistrados, entre ellos Baltasar Garzón, así como la relativa a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, donde opta a la reelección Guillem Vidal, y la del TSJ de Murcia, entre otras plazas.
De "inexcusable asistencia"
Míguez ha aclarado que la próxima reunión, al tratarse de una segunda convocatoria, podrá celebrarse con la presencia de la mayoría simple de los cinco vocales que la componen. Además, ha calificado la actitud de la minoría de "antidemocrática y anticonstitucional", al tiempo que ha recordado que la comisión pertenece a un órgano del Estado y que, por tanto, la asistencia a sus reuniones es "inexcusable". Míguez ha recordado que lo sucedido hoy es "parecido" a lo que aconteció en el 30 de junio, cuando también tuvo que ser aplazada la comisión que tenía previsto elegir la terna para cubrir la vacante dejada en la Sala de lo Penal del TS por Cándido Conde-Pumpido, actual fiscal general del Estado, entre otras plazas.
Desde la minoría, siete vocales, incluido el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, han hecho público un comunicado en que afirman que los "destinos que suponen la excelencia profesional están prácticamente excluidos los propuestos por la minoría progresista". La nota, firmada por Salinas, García, Lázaro, Luis Aguiar, Juan Carlos Campo, Montserrat Comas (todos ellos nombrados a propuesta del PSOE) y Alfons López Tena (CiU), critica la política de nombramientos, donde, "si nunca se respetó la proporcionalidad", la situación ha empeorado tras las elecciones del 14-M. En este sentido, afirma que desde entonces sufren "un auténtico 'rodillo' patentizado en la negativa, incluso, a celebrar reuniones que pudieran permitir 'dibujar' las políticas a seguir en el Consejo".
En la nota, denuncian que la mayoría ha propuesto al 80% de los magistrados del Supremo nombrados desde la constitución del actual Consejo, hace dos años y medio, y que en la Sala de lo Penal de dicho tribunal han "copado" las cuatro vacantes producidas en este periodo. Así, "el bloque para el acceso a la Sala Segunda (Penal) del Supremo es obsceno", ya que, "es muy llamativo" el hecho de que "no ha tenido acceso a ella ningún magistrado propuesto por el grupo minoritario". Los firmantes estiman que se ignoran "con una arrogancia preconstitucional los principios de mérito y capacidad y el pluralismo político" y exigen, dada la "extrema gravedad" de la situación, la "inmediata mediación" del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, "para regenerar su funcionamiento" con el fin de que "pueda cumplir con su finalidad constitucional".
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