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MATANZA EN MADRID | Investigación policial

El juez Del Olmo comienza hoy a tomar declaración a los seis últimos detenidos por los atentados

Los sospechosos fueron arrestados entre los días 24 y 26 de marzo en Madrid y Toledo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que investiga los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, comienza hoy a tomar declaración a los últimos seis detenidos en relación con la masacre, arrestados entre los días 24 y 26 de marzo en Madrid y Toledo. Son los marroquíes Hanghar Morabit El Fouad y un tal Basel (detenidos en Ugena, Toledo, pero residentes en el barrio madrileño de la Concepción), los hermanos Said y Hamid Ahmidam (en el distrito de Usera) y el sirio Mohanad A. M. (en la barriada de Amposta, distrito de San Blas). El magistrado levantó el pasado sábado la incomunicación que aún mantenía para nueve de los 12 arrestados a los que envió a prisión por su presunta participación en la masacre.

Hasta ese día, sólo se había levantado la incomunicación a los dos ciudadanos indios detenidos en la primera operación policial desarrollada, Suresh Kumar y Vinay Kholy, tras cumplirse el plazo de cinco días impuesto. Ambos se encuentran en la cárcel madrileña de Soto del Real. Además, para Faisal Alluch, enviado el pasado viernes a prisión por colaboración con organización terrorista, ya no se decretó la medida restrictiva. No obstante, aunque se ha levantado la incomunicación, todos los encarcelados por su presunta participación en el 11-M continúan teniendo restricción de movimientos y limitación de contacto con otros reos por motivos de seguridad para evitar incidentes entre los reclusos.

Estas medidas se adoptaron tras los atentados para velar por la integridad de los presos por terrorismo islámico. Del Olmo, acompañado por la fiscal adscrita al caso, Olga Sánchez, la secretaria judicial y la abogada de varios imputados por el 11-M se trasladaron el pasado viernes por la tarde a la cárcel madrileña de Soto del Real para que varios testigos de los atentados identificaran en una rueda de reconocimiento a los presuntos autores. En esta cárcel permanecen internados siete de los primeros detenidos, entre ellos, Jamal Zougam, presunto autor material de la masacre que está acusado de pertenencia a banda armada, 190 asesinatos y 1.400 tentativas, cuatro delitos de estragos y sustracción de vehículo.

Dos salen en libertad

En la misma cárcel y bajo idéntica acusación también se encuentran su hermanastro, Mohamed Cahoui, y Mohamed Bekkali, así como Abderrahim Zbakh, a quien algunas fuentes también consideran autor material de los atentados y la persona que preparó los artefactos utilizados. También están recluidos en el citado centro Mohamed Chedadi y Abdelwahed Berak, acusados de pertenencia o colaboración, y la única mujer arrestada, Naima Oulad, imputada por colaboración.

Otros de los detenidos enviados a prisión por el 11-M se encuentran en otros centros penitenciarios madrileños, así el único español, José Emilio Suárez Trashorras, acusado de pertenencia, 190 asesinatos y 1.430 tentativas, cuatro estragos y robo de sustancias explosivas, está internado en la cárcel de Alcalá-Meco; y Faisal Alluch y Rafa Zuher, imputados por colaboración, están en el centro penitenciario de Valdemoro. Hasta el pasado viernes, el juez había decretado la medida de incomunicación, que impide que los presos puedan ser visitados o tener contacto con cualquier persona, salvo su abogado de oficio, para todos los detenidos a los que enviaba a prisión, es decir, 11 de los 14 arrestados puestos a disposición judicial (para el enviado a la cárcel ayer no ser decretó esta medida).

Los otros dos quedaron en libertad. Se trata de Farid Oulad y Khalid Oulad -hermanos de Naima-, aunque éste seguirá cumpliendo condena por lesiones y robo en la cárcel salmantina de Topas. En todos los casos la medida de incomunicación fue decretada por cinco días, aunque se prorrogó por otros cinco para los tres primeros marroquíes detenidos, Zougam, Cahoui y Bekkali. Con el levantamiento de la medida, los reclusos podrán empezar a ser visitados por su familia y designar un abogado de su confianza, así como salir al patio del centro penitenciario, aunque por medidas de seguridad no lo hagan junto a los demás reclusos.