Un juzgado imputa a cargos del PSE y PNV por manifestarse el día de reflexión

Un juzgado de instrucción de Vitoria ha citado a declarar el próximo miércoles en calidad de imputados a la edil socialista Natalia Rojo y al portavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava, Álvaro Iturritxa, por manifestarse el pasado día 13, la jornada de reflexión, y "corear" consignas contra el PP, según han confirmado fuentes de estos partidos.

La citación responde al recurso que el PP de Álava interpuso contra ellos ante la Junta Electoral provincial el mismo día de las concentraciones. En declaraciones a Efe, el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, explicó que el PP se sintió en la obligación de presentar el citado recurso ante el hecho de que cargos electos de Alava "profirieran gritos contra el Gobierno y contra su presidente, José María Aznar", en plena jornada de reflexión.

A juicio de Barrio, estos hechos supusieron un intento de "coacción" al electorado a unas horas de que se abrieran las urnas. Por parte del PSE-EE de Álava, su secretario general y padre de la concejal imputada, Javier Rojo, ha negado las acusaciones y ha asegurado que Natalia Rojo "no coreó gritos contra nadie".

El "yo también" de Azkarraga

Según Rojo, la edil socialista acudió a la concentración silenciosa que se celebró en la plaza de la Virgen Blanca y él no participó, aunque quería haber ido, porque a última hora le surgió un imprevisto. Por todo ello, el secretario general de los socialistas alaveses ha asegurado que están "muy tranquilos" y que confían en que el fiscal termine "archivando" el caso.

Fuentes del PNV y del PSE-EE han asegurado que no descartan que sean citados a declarar en las próximas horas otros cargos públicos que también participaron en las concentraciones del 13 de marzo. En este sentido, el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, se ha autoinculpado hoy ante la Fiscalía de la Audiencia provincial de Álava, donde ha asegurado que él también "cometió delito". En cuanto a la citación de Rojo y Iturritxa, el consejero vasco ha opinado que la decisión de la Fiscalía "no es una decisión jurídica, sino una orden política", y ha recordado que se ha producido "a instancias de un recurso del PP" ante la Junta Electoral provincial.

Azkarraga ha advertido de que "no se puede perseguir penalmente la búsqueda de la verdad" y ha considerado necesaria su "autoinculpación" porque lo que sucedió el 13 de marzo "fue una democrática y pacífica revuelta ciudadana contra la mentira del poder". Por tanto, "si es delito exigir el conocimiento de la verdad, oponerse pacíficamente a ser engañado y denunciar la manipulación de la información, yo también he cometido este delito", ha subrayado.