Cardenal obliga a los fiscales a denunciar al juez las concentraciones ante sedes del PP

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó ayer a los fiscales jefes de tribunales superiores y audiencias provinciales remitir a los juzgados de instrucción de guardia las denuncias sobre manifestaciones celebradas ante las sedes del PP el 13 de marzo, víspera de las elecciones generales y por tanto jornada de reflexión. La orden de Cardenal obliga a abrir multitud de procedimientos penales por hechos que, en su caso, podrían no ser delito o constituir una simple infracción administrativa. La iniciativa de Cardenal fue tildada de "escandalosa" e "injustificable" por representantes de partidos e instituciones.

El oficio de Jesús Cardenal fue remitido por fax a todas las fiscalías, ordenando a los fiscales jefes que "judicialicen las denuncias sobre concentraciones de ciudadanos, poniéndolas en conocimiento del juzgado de instrucción competente".

Según fuentes de la Fiscalía General, el motivo de la orden procede del expediente que la Junta Electoral Central (JEC)remitió a la Fiscalía General del Estado el mismo día 13, dando cuenta de que el PP había denunciado una manifestación no autorizada de varios miles de ciudadanos ante su sede central en Madrid.

Sin embargo, el fiscal Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y que ha tramitado denuncias sobre infracciones a la ley electoral en anteriores comicios, explicó que, ante la multitud de denuncias que remiten las juntas electorales de zona y la JEC, la práctica habitual de las fiscalías consiste en examinar si los hechos son o no constitutivos de delito o, en su caso, de infracción administrativa. "Si se aprecia delito se envía al juzgado de guardia; si se considera infracción administrativa se remite a la autoridad administrativa y si no es delito ni infracción se archiva".

Impide el archivo

"La orden de Cardenal de judicializar las denuncias lo que en realidad implica es que el Ministerio Fiscal considera que todos los hechos denunciados por el PP o por sus simpatizantes son constitutivos de delito, ya que se impide a los fiscales su archivo o su remisión a las autoridades administrativas", explicó el fiscal de la UPF. "Con eso, lo que se pretende es que se abran multitud de procesos penales", agregó.

Además, es la primera vez que la Fiscalía del Estado imparte una "orden general" de cómo proceder con las denuncias llegadas a las fiscalías. En convocatorias electorales anteriores, la fiscalía general asumía la función de "repartidora" de las denuncias que le llegaban, enviándolas al fiscal competente para que éste, "con libertad de criterio", según la fórmula al uso, "realice las investigaciones oportunas".

"Entre los fiscales la iniciativa ha causado sorpresa porque una orden de carácter general no se había producido nunca", añadió Camacho.

La instrucción de Cardenal fue cumplida de inmediato por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, -nombrado por Cardenal tras remover al anterior jefe, Mariano Fernández Bermejo- quien remitió las denuncias de PP o de ciudadanos particulares al juzgado de guardia.

Otras fiscalías, entre ellas la de Valladolid, elevaron consultas al fiscal del Estado, sobre cómo proceder en determinados supuestos. En todos los casos se les ordenó que remitiesen las actuaciones al juez de guardia para que fuese éste, y no el fiscal jefe, el que decidiese si había o no delito y, en su caso, de qué tipo.

En otras fiscalías, como la de Baleares, el fiscal jefe, Bartolomé Barceló, había ordenado ya el archivo de las denuncias formuladas por el delegado del Gobierno, Miguel Ramis, al no apreciar delito en una concentración de ciudadanos delante del Gobierno Civil, informa Andreu Manresa.

Según fuentes fiscales, esos hechos ya no podrían remitirse al juzgado de guardia.