El Gobierno destaca que su informe sobre el accidente del Yak no implica responsabilidades "para nadie"

El ministro portavoz, Eduardo Zaplana, se ha felicitado de que no se deriven responsabilidades para Defensa a la vista del informe elaborado por el propio Ministerio sobre el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles el pasado mes de mayo. Según ha recordado Zaplana, el informe de Defensa sobre la contratación a través de la agencia de la OTAN NAMSA de aviones para las tropas españolas destacadas en el extranjero establece que "no se derivan responsabilidades para nadie".

En todo caso, Zaplana ha precisado que "no es un informe sobre las causas del accidente, sino un análisis de un coronel jurídico militar sobre el procedimiento de contratación y el seguimiento de este proceso". En ese análisis, ha recordado, "se establece que no se derivan responsabilidades para nadie".

Zaplana se ha referido en estos términos a la información que hoy publica EL PAIS, en la que se hace eco de la investigación interna del Ministerio de Defensa sobre el accidente del Yak 42, que admite que las quejas elevadas por los mandos sobre irregularidades de los vuelos en aviones ex soviéticos, algunas de las cuales afectaban a su seguridad, no sirvieron para corregirlas, "a la vista de la reiteración en determinados incumplimientos". El informe apunta a la responsabilidad de la agencia NAMSA de la OTAN en las anomalías al recordar su papel de "vigilante del exacto cumplimiento" del contrato, pero exonera de cualquier responsabilidad en la tragedia al Ministerio de Defensa.

El documento, encargado por el propio ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa al coronel Ricardo Fortún y al comandante Alberto Ruiz de los Paños, no analiza las causas directas del accidente, con el argumento de que está "sometido a la investigación de las autoridades judiciales turcas", aunque adelanta que, en principio, todo apunta a que se trató de un "error humano de la tripulación en la maniobra de aproximación al aeropuerto". En concreto, el informe se centra en revisar el proceso que llevó a poner en manos de una compañía ucrania, UM Air, a través de la agencia NAMSA de la OTAN, el traslado de los militares españoles que regresaban tras cuatro meses de misión en Afganistán.

A juicio de los dos militares que elaboraron el informe, fechado en diciembre, "ningún reproche puede hacerse" a la decisión de fletar los vuelos a través de la OTAN, pese a que había otras alternativas y agrega que la cadena de subcontrataciones mediante la que el vuelo recayó en la compañía ucrania UM Air no significa, "por sí misma, menoscabo en la seguridad de los vuelos". Sí en cambio menciona que se elevaron 14 partes de queja en sólo 43 vuelos, en su mayor parte referidos a "deficiencias" que, a juicio de los mandos, "merecían ser puestas en conocimiento de sus superiores". Algunas de esas deficiencias tenían que ver con la seguridad de los vuelos, y una de ellas está fechada antes del accidente del Yak. Es aquí donde se pregunta por la responsabilidad de NAMSA como "garante de la correcta ejecución del contrato". Y se responde diciendo que, tras ser informada por el Estado Mayor Conjunto, NAMSA imponía "en algunos casos penalizaciones económicas para la adjudicataria, pero parece ser", se lamenta, "que esta medida no surtió el efecto deseado de corrección, a la vista de la reiteración en determinados incumplimientos oportunamente denunciados".

El informe recuerda que tanto NAMSA como el Estado Mayor Conjunto tenían derecho, según el contrato, a una inspección, "no sólo documental sino también material", del estado de los aviones. Y agrega que el derecho de inspección correspondía "en primer lugar a NAMSA, en virtud de las obligaciones asumidas" en su acuerdo con España.