El PP impone en el Senado la reforma del Código Penal contra el 'plan Ibarretxe'

La mayoría absoluta del PP ha logrado la aprobación de la ley complementaria del proyecto de Ley de Arbitraje por la que se reforma el Código Penal para que sea delito penado con la cárcel la convocatoria ilegal de elecciones o referendos. La opinión en contra de toda la oposición no ha podido impedir la aprobación de esta reforma, dirigida claramente contra el plan Ibarretxe, ya que posibilita el ingreso en prisión del lehendakari si somete a votación por su cuenta su polémico proyecto soberanista.

Todos los portavoces de la oposición han subrayado su rechazo tanto al fondo de la iniciativa como a la forma de tramitarla. El Gobierno aprobó esta reforma penal el pasado viernes en el Consejo de Ministros y ayer, la presidencia del Senado se vio obligada a convocar a la Mesa para decidir la admisión a trámite de esta iniciativa, ante la fuerte presión de todos los grupos de oposición en la Junta de Portavoces. Era la primera vez en 25 años de funcionamiento del Senado en que la Mesa se veía forzada a decidir sobre la tramitación de una enmienda. A última hora de la tarde de ayer, la Mesa admitió a discusión la reforma.

Hoy, los 14 votos del PP han servido para que la comisión diese el visto bueno al proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, reforma en la que se establece que sea delito castigado con de tres a cinco años de cárcel la convocatoria ilegal de elecciones o referéndum, así como el uso de fondos públicos para financiar a partidos ilegalizados por su relación con el terrorismo. La reforma será aprobada definitivamente por la Cámara Alta en el Pleno del próximo día 10. Posteriormente tendrá que ser tramitada en el Congreso de los Diputados.

Los portavoces de PSOE, CiU, IU, PNV, Entesa Catalana de Progrés y CC han coincidido en denunciar que esta reforma se haya tramitado a través de una enmienda a la Ley de Arbitraje y han criticado el contenido de la misma, puesto que consideran que es "innecesaria" y que supone "judicializar" una cuestión política. En cuanto al contenido, estiman que los preceptos que se pretenden modificar ya estaban recogidos en el actual Código Penal y que, por tanto, no había necesidad de abordar esta reforma. En cuanto a la forma, destacan que la enmienda saldrá adelante sin haber sido previamente debatida en el Congreso de los Diputados y sin contar con informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.