El PNV asegura que las reformas penales son "fascistas" y que persiguen a la disidencia

El PNV ha reaccionado esta mañana a las reformas penales promovidas por el Gobierno el pasado viernes con un documento político que las califica de "fascistas" y que señala que su único objetivo es "eliminar la disidencia política" y "criminalizar ideologías legítimas".

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y el parlamentario Emilio Olabarria han presentado esta mañana en Bilbao el documento, elaborado por el Euzkadi Buru Batzar (EBB), sobre estas últimas reformas penales para perseguir la convocatoria de consultas populares como la que plantea el lehendakari, Juan José ibarretxe, y la subvención a grupos ilegalizados como Batasuna. Según el EBB, tienen una "concepción de corte franquista" y sus "deficiencias más groseras" son la falta de consenso político -consideran que el Código Penal debería tener un apoyo similar al de una Constitución- y la utilización de una ley orgánica no penal, como la de Demarcación y Planta Judicial, para introducir nuevos tipos penales.

"Resulta chusco utilizar una ley no penal para reformar el Código Penal" ya que, según el PNV, el Código Penal es el que establece todos los delitos, por lo que se ha vulnerado el principio de universalidad del derecho penal. Además, el PNV ha señalado que todo Código Penal "democrático" se basa en el principio de "mínima intervención", por lo que se trata de que sea la última solución y en la persecución de actuaciones que la sociedad "de forma abrumadoramente mayoritaria repudia". "Realizar proposiciones políticas constituye la quintaesencia de la libertad ideológica y, por ello, en términos de cultura democrática, debería considerarse precisamente la conducta menos merecedora de reproche penal; la consideración contraria es sencillamente fascista", añade el documento.

Ibarretxe, "único" destinatario

El PNV consideró que el "único" destinatario de la reforma es Ibarretxe, por ser el que ha anunciado la realización de una consulta si su propuesta de nuevo estatuto es aprobada por el Parlamento vasco, por lo que atribuyó a esta iniciativa el objetivo de "impedir el desenvolvimiento del debate político". Asimismo, el PNV denuncia la "desmesura" de la pena de cinco años de prisión por convocar un referéndum, "superior a la correspondiente a delitos particularmente repugnantes, como la corrupción de menores, la violación sin agravantes, la inducción a la prostitución de menores o la prevaricación".

No obstante, Arzalluz ha afirmado que no le "preocupa en absoluto" este tipo de reformas. "Casi me he alegrado porque, cuando el contrario hace muy mal las cosas, es bueno para mí", ha añadido el presidente del PNV, quien ha recordado la postura contraria a estas reformas del fiscal Ignacio Gordillo. "Aznar ha desacreditado el derecho y la justicia como no ha hecho nadie desde Franco. Con sus obsesiones y complejos va a dejar el país hecho unos zorros", ha subrayado. Además, ha anunciado que mañana la dirección del PNV acompañará a Juan María Atutxa cuando vaya a declarar, junto a Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, ante el Tribunal Superior vasco y ha advertido de que, si fuera procesado, se produciría una "conmoción social".

"Si fueran acusados se vería a mucha gente manifestar públicamente su indignación por el trato que se da a sus representantes en el Parlamento. Es su derecho, si no su deber, hacerlo", ha señalado después de considerar que la juez instructora de la querella no debe "dejarse presionar". En cuanto a la deliberación del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite de los recursos del Gobierno contra la calificación de la Mesa del plan Ibarretxe como "propuesta", Olabarria ha indicado que "presumiblemente lo admitirá a trámite", aunque sea "jurídicamente una aberración" por no existir el recurso previo de inconstitucionalidad y no ser todavía el plan Ibarretxe una ley aprobada y vigente.