Las familiares de los militares muertos en el Yak-42 denuncian el caso ante la Audiencia Nacional

La Asociación de Familiares Accidente Turquía Yak-42, que agrupa a 42 familias de los 62 militares españoles que fallecieron en Trebisonda, ha presentado esta mañana una denuncia por la vía penal ante la Audiencia Nacional para la apertura de diligencias que establezcan posibles responsabiidades penales por el siniestro.

Según explicó el pasado 3 de octubre el abogado Eudald Vendrell, la denuncia no estará dirigida contra nadie en concreto. El letrado anticipó que se seguiría el argumento de que podría existir alguna actuación de "cualquier persona de cualquier administración" que pudiera "ser constitutivo de infracción penal", haciendo hincapié en la posibilidad de ir contra aquellas personas que "hubiesen omitido" controles que hubieran podido evitar el siniestro, ocurrido el pasado 27 cuando los militares que regresaban de una misión de paz en Afganistán.

En este sentido, se remitió al artículo 11 del Código Penal, que indica que "los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión procedente".

Por su parte, el presidente de la asociación, Carlos Ripollés, hermano de un comandante fallecido en el siniestro, ha asegurado a los periodistas que de las reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Defensa, entre ellos, el ministro Federico Trillo-Figueroa, "el objetivo evidente y patente era la desmoralización de la asociación, ya que en todas ellas sólo hubo buenas palabras y mucha presión psicológica para que la asociación fuera contra las aseguradoras y se olvidase la investigación".

La denuncia presentada por los familiares señala irregularidades en la contratación de la compañía ucraniana, también respecto al plan de vuelo, funcionamiento defectuoso de determinadas prestaciones del propio aparato, prolongación de la jornada de la tripulación y alcoholemia, así como contradicciones respecto a la situación meteorológica y a la cantidad de combustible que llevaba el avión.