El Gobierno vasco recurre ante el Tribunal de Estrasburgo la Ley de Partidos

El Gobierno vasco va a interponer una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que la Ley de Partidos Políticos y la sentencia del Tribunal Constitucional, que la declaró constitucional, vulneran derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, según ha explicado hoy el portavoz del Ejecutivo, Josu Jon Imaz tras la reunión habitual de los martes.

El Ejecutivo vasco entiende que la Ley Orgánica de Partidos Políticos y sentencia del Constitucional del 12 de marzo, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la citada Ley por el propio Gobierno vasco, contravienen el derecho al juez imparcial y a un proceso equitativo, el principio de legalidad penal y el derecho a la libertad de asociación, reconocidos todos ellos y respectivamente por los artículos 6, 7 y 11 del CEDH.

El Gobierno vasco considera vulnerado su derecho a un proceso equitativo, como consecuencia del rechazo del TC a admitir la recusación de su presidente, Manuel Jiménez de Parga, "dada su pública y palmaria falta de imparcialidad para entender del citado recurso". Además, el Gobierno vasco entiende que la Ley de Partidos infringe el principio de legalidad penal y "vulnera el principio de irretroactividad" y "se caracteriza por ser ambigua, farragosa e imprecisa", por lo que "deja a la subjetividad del juez la determinación de qué conductas son o no punibles".

"Grave vulneración de los derechos"

En atención a todo lo expuesto, el Gobierno vasco solicita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declare que la sentencia del Constitucional se dictó "con infracción del derecho a un tribunal imparcial reconocido por el artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos", que declare que "los preceptos de la citada Ley impugnados en su día infringen los artículos 6, 7 y 11 del Convenio", y que "ordene al Estado español que acate su resolución, adoptando las medidas que conforme al ordenamiento interno sean precisas para que queden sin efecto" la sentencia y los artículos de la Ley.

Imaz ha destacado que "el único objetivo que persigue la demanda", aprobada hoy en Consejo y que será presentada formalmente en los próximos días, es que "el Tribunal de Estrasburgo repare la grave vulneración de los principios y valores democráticos y las libertades y derechos fundamentales en los que se inspira la Convención de la que es garante provocada por la llamada Ley de Partidos".

"La defensa de los mismos, y, en especial, de los derechos de la ciudadanía vasca al pluralismo político, la libertad de asociación y a un juez imparcial se hallan por encima de las coyunturas y, por descontado, de sus violaciones singulares y concretas", ha añadido. En cuanto al desarrollo y la duración del proceso abierto hoy, Imaz se ha limitado a asegurar que "el Gobierno interpone la demanda, y es el Tribunal el que debe iniciar el proceso y articular los mecanismos en virtud del Convenio".