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El PSOE culpa al Gobierno de no obligar a Telefónica a proteger los datos de sus clientes

Los socialistas indican que el incumplimiento con las medidas de seguridad quedaron demostrados ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid

El portavoz de la Comisión Constitucional del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, ha responsabilizado al Gobierno de permitir que Telefónica incumpla con las normas de seguridad para proteger las llamadas y los datos de sus clientes. En un comunicado, el PSOE afirma que la falta de seguridad ha quedado demostrada ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

"Desde la llegada del PP al Gobierno, Telefónica viene vulnerando el derecho fundamentalísimo de la intimidad de todos los ciudadanos. Repetidamente los socialistas hemos denunciado la venta de datos que ha realizado esta compañía y ahora nos enteramos de que las medidas de seguridad que tenían que estar implantadas en el año 2000 todavía no existen", afirma el texto firmado por López Garrido. El parlamentario se refiere a la filtración de las llamadas de diputado tránsfuga Eduardo Tamayo a varios medios de comunicación.

López Garrido añade que durante la comparecencia, en la Asamblea de Madrid, de los dos trabajadores de esta compañía acusados de filtrar datos de llamadas, se supo que sus claves informáticas de acceso a los datos eran conocidas por muchos de sus compañeros. El Real Decreto 994/1999, que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad, exige que cada trabajador tenga sus claves personalizadas y solamente las conozca él, además de que se deberán cambiar cada cierto tiempo.

Intervención de Protección de Datos

"Vamos a solicitar a la Agencia de Protección de Datos que explique por qué no ha exigido a Telefónica, a lo largo de estos tres años, que las claves sean personalizadas, como exige el Reglamento, pues de otro modo el derecho a la intimidad de los usuarios de Telefónica puede verse vulnerado", señala el diputado.

"El derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, sin el cual la libertad de los ciudadanos se ve vulnerada", señala el texto, "y el Ministro de Ciencia y Tecnología deberá responder sobre la vulneración sistemática de este derecho fundamental".

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