El PP impide que se investiguen los bienes de Romero de Tejada y el director general de Suelo

Los socialistas no tendrán las declaraciones de bienes del secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, ni del director general de Suelo de la Comunidad, José María Erenas. La comisión, con los votos mayoritarios del PP, ha rechazado modificar el orden del día para incluir la petición socialista. Los populares no ven nada "criticable" en las operaciones urbanísticas de Erenas, al que quieren implicar en la crisis de la Asamblea de Madrid por "el nerviosismo" imperante en el PSOE.

A juicio del portavoz del PP en la comisión, Antonio Beteta, el intento del PSOE de vincular a Erenas con la trama, al solicitar su declaración de bienes, "no es más que fruto del nerviosismo" que ha causado en esta formación política las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, sobre que lo ocurrido "fue un error del PSOE que hay que analizar en el propio partido".

Las declaraciones de Beteta han sido la respuesta a la petición del PSOE de que tanto Romero de Tejada como Erenas presentaran sus respectivas declaraciones de bienes ante la comisión, así como el registro de intereses del Ayuntamiento de Majadahonda entre 1989 y 2001, cuando Romero de Tejada fue alcalde. La petición socialista se ha encontrado con la oposición del PP que, haciendo uso de su mayoría, ha tumbado la iniciativa.

Según el portavoz socialista, Modesto Nolla, incluir esta documentación habría dado la posibilidad a ambos cargos populares de "despejar dudas" sobre sus bienes y emular a los socialistas Rafael Simancas y Ruth Porta, que los hicieron públicos "sin que nadie se lo pidiera". En el mismo sentido ha criticado que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón tenga "cuatro concejales de algún modo relacionados con este asunto" y que "no reaccione", y asimismo ha concluido que todo esto sucede mientras "el PP les protege impidiendo que comparezcan".

Subvenciones para Tamayo y Sáez

Por otra parte, hoy se ha sabido que los diputados tránsfugas que impidieron un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cobrarán, como integrantes del Grupo Mixto, entre 72.121 y 78.131 euros hasta el final de la legislatura. Pese a que la semana pasada PSOE, IU y PP, acordaron, a propuesta de los populares, una remodelación del sistema de subvenciones a los grupos de la Cámara de forma que se redujera el dinero que recibirá el Grupo Mixto, hoy se ha revocado esta decisión y el sistema se mantendrá, de momento, como hasta ahora.

Así lo ha indicado hoy el portavoz adjunto de IU en la Asamblea madrileña, Miguel Reneses, tras la reunión de los tres grupos (PP, PSOE e IU) en la que han decidido mantener las subvenciones que la Cámara concede a los grupos parlamentarios. La Mesa de la Asamblea aprobará mañana esta medida, por la que se concede al Grupo Mixto, integrado por Tamayo y Sáez, dos quintos con respecto a los otros grupos.

La semana pasada, a iniciativa del PP, se decidió que se redujera el montante fijo que reciben los grupos -el correspondiente al número de diputados- y se aumentase el variable. Esta medida perjudicaba a los grupos pequeños, que tienen menos diputados, por lo que afectaba principalmente al Grupo Mixto, pero también a IU, que sólo cuenta con nueve escaños. Sin embargo, hoy se ha anulado esta remodelación. IU ha indicado que se ha llegado a esto porque el PP se negó a reformar el reglamento de la Cámara de forma que permitiera la existencia del diputado no adscrito. Según la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Helena Almazán, la negativa del PP a la reforma del reglamento "nos ha colocado en una diabólica encrucijada" en la que había que optar por mantener las subvenciones como hasta ahora o reducir las de IU. Por ello, ha anunciado que su grupo se abstendrá mañana en la votación de la mesa.

Distinta es la versión del portavoz adjunto del PP, Luis Eduardo Cortés, que entiende que la opción adoptada es "la más razonable". "La mesa tiene obligación de asignar las subvenciones que correspondan a cada grupo y debe hacerlo ya, en todo caso, antes del lunes. Parece que al final los tres grandes grupos estamos de acuerdo" en que este imperativo legal es algo que "ninguna voluntad política puede torcer", además de que considera que "no parece que tenga más sentido modificarlas".