Fomento rechaza la pretensión socialista de dedicar el suelo público a pisos protegidos

El ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, ha alcanzado hoy con doce comunidades autónomas (todas las gobernadas por el PP, Cataluña y Canarias), y Ceuta y Melilla, un "acuerdo político de mínimos" sobre suelo, para reformar la legislación en la materia con el fin de frenar la escalada del precio de los pisos (un 63% en cuatro años).

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y el País Vasco se han descolgado del acuerdo, basado en su práctica totalidad en la propuesta oficial presentada por Fomento en diciembre.

El acuerdo no recoge las principales pretensiones socialistas para modificar la legislación en materia de suelo. La alternativa socialista a la actual normativa contempla sanciones económicas para los propietarios que retienen solares con fines especulativos y establece que el suelo de titularidad pública se destine a viviendas protegidas.

Entre los términos del acuerdo, destaca el compromiso asumido por todas las regiones firmantes de agilizar y flexibilizar los trámites administrativos ligados tanto a la clasificación de suelo como a la aprobación de los planeamientos urbanísticos.

Asimismo, establece un nuevo sistema de valoración de suelo, con el fin de excluir los elementos de cálculo que fomenten la especulación y, en cuanto a patrimonios públicos de suelo, recomienda a sus titulares abordar su enajenación primero mediante convenios públicos, posteriormente a través de concurso y sólo recurrir a la subasta en última instancia.

Las viviendas protegidas

Por contra, el "acuerdo mayoritario" firmado no contempla

obligación alguna de la administración a reservar suelos públicos para la promoción de viviendas de protección oficial (VPO), sino sólo una recomendación de que sea una prioridad en caso de enajenación por concurso.

Además, el documento incluye el silencio administrativo positivo para las consultas de privados sobre desarrollos urbanísticos ante comunidades y ayuntamientos, si en un año éstas no se pronuncian.

Una política "fracasada"

Los representantes de las seis comunidades gobernadas por el PSOE -Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Asturias y Extremadura- han rechazado el texto del acuerdo por considerar que continúa con la "fracasada" política de liberalización del mercado de suelo que el Gobierno mantiene desde 1998, y por considerar que no contribuirá a solucionar el problema de la accesibilidad a la vivienda. El mayor punto de discrepancia fue el cambio de sistema de valoración de los terrenos.

No obstante, los consejeros socialistas no han realizado una propuesta conjunta a pesar de basar sus intervenciones en la Conferencia Sectorial en la proposición de ley de suelo alternativa presentada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que, en contra de la defendida por el Gobierno, persigue aumentar la intervención de la Administración en el mercado de vivienda.

En todo caso, el debate en torno al suelo se trasladará también al Congreso de los Diputados, dado que Fomento sumará el contenido del acuerdo al Real Decreto Ley de medidas liberalizadoras del Suelo de junio de 2000 cuyo trámite como proyecto de ley está paralizado en el Parlamento desde entonces y que ahora se pretende reactivar.