El CGPJ abre expediente disciplinario a la juez que presionó a favor de Mario Conde

Dos magistrados de vigilancia penitenciaria han denunciado a una de sus compañeras por tratar de favorecer al ex banquero

La Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy abrir expediente disciplinario a la juez de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla por dos faltas muy graves, tras la denuncia presentada por dos compañeros, que acusan a Torrecilla de llevar a cabo maniobras de todo tipo orientadas a conseguir la excarcelación del ex presidente de Banesto Mario Conde. El CGPJ ha nombrado a un instructor y le ha pedido que se pronuncie cuanto antes sobre una posible suspensión de la magistrada.

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Así lo ha indicado el portavoz del CGPJ, Enrique López, añadiendo que esta decisión se ha acordado "por unanimidad" de todos sus miembros y que se ha acordado nombrar instructor al magistrado Eduardo Calvo, presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El CGPJ ha pedido al instructor "la máxima urgencia" en la tramitación del expediente así como que ponga en conocimiento "lo antes posible" de la Comisión su petición sobre una posible suspensión cautelar provisional de la magistrada. No obstante, será el Pleno del Consejo el que acuerde o no la suspensión cautelar de la juez expedientada.

Las dos faltas graves en las que podría haber incurrido la juez Torrecilla son las recogidas en los artículos 417.4 y 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero se refiere a la "intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado", mientras que el otro pena "el abuso de condición de juez para obtener un trato favorable o injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales".

Hechos "insólitos"

El portavoz del CGPJ ha calificado las presiones supuestamente realizadas por Torrecilla a Jimeno de "insólitas", porque "afortunadamente" no se suelen producir, y ha achacado a esta circunstancia el hecho de que la Comisión Disciplinaria se haya reunido con tanta premura para estudiar los escritos presentados en el Consejo y la Fiscalía General del Estado por dos de los jueces de Vigilancia Penitenciaria de Madrid.

Ha insistido en que si el consejo ha decidido abrir expediente disciplinario es porque ha dado "gran verosimilitud" a la denuncia de Jimeno, que, entre otros aspectos, afirma que la juez Torrecilla visitó en la cárcel los pasados días 17 y 18 de este mes a Conde, pese a que no es un preso que se encuentre bajo su jurisdicción, sino bajo la de la primera.

En cuanto a la apertura de un procedimiento penal contra Torrecilla, Enrique López ha recordado que la Fiscalía también participa en el expediente disciplinario abierto y que el Consejo tiene obligación de comunicarle cualquier hecho que revista las características de delito. Fuentes de la Fiscalía General del Estado han señalado que todavía no han recibido ninguna comunicación por parte del CGPJ.

Presiones a favor de Conde

Los jueces de vigilancia penitenciaria de Madrid números 1, María Reyes Jimeno, y 3, José Luis de Castro, denunciaron ayer ante la fiscalía y el CGPJ a la juez número 2, María del Prado Torrecilla, por presionar a través de diversas iniciativas o propuestas para lograr la excarcelación de Conde, a quien el Tribunal Supremo elevó el pasado mes de julio a 20 años de cárcel la condena de 10 años impuesta por la Audiencia Nacional por apropiación indebida y estafa.

La defensa de Conde había recusado a la juez Jimeno, una de las denunciantes, después de que ésta le denegase un permiso navideño. El escrito de María Reyes Jimeno da cuenta de que, a finales de septiembre la juez Prado Torrecilla intentó, sin éxito, asumir la competencia sobre el Centro Penitenciario Madrid II, sito en Alcalá, en donde cumple condena Mario Conde.

La juez denunciante señala que después de ese incidente, la juez Prado Torrecilla comenzó a realizarle, "en diversas ocasiones, numerosos comentarios sobre la gran injusticia que, en su opinión, se había cometido con Mario Conde; que la sentencia condenatoria era una barbaridad, e incluso que, a su entender, el Tribunal Supremo había prevaricado, y que consideraba obligado que a dicho penado se le concediera inmediatamente el tercer grado de tratamiento". A estas consideraciones, la juez Jimeno añade que el director de la presión le comunicó que había recibido numerosas llamadas de Torrecilla "presionándole para que emitiera un informe lo más favorable posible para poder fundar una resolución favorable a la concesión del tercer grado al interno Mario Conde".

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