El Gobierno acusa al PNV de obstaculizar al Estado de Derecho

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, José María Michavila, ha acusado al PNV y al Gobierno vasco de obstaculizar al Estado de Derecho con su decisión de querellarse contra el juez Garzón por la restricción de derechos que, en su opinión, contiene el auto que suspende Batasuna.

Michavila ha expresado su sorpresa porque "haya un gobierno que se querella contra jueces y no contra el terrorismo". Michavila ha criticado que "un gobierno y un partido político que están en contra de la ilegalización de quienes financian el terrorismo, en cambio estén querellándose contra los jueces".

El ministro ha añadido que "me sorprende que el Gobierno vasco y el PNV no encuentren nunca ocasión para luchar decididamente contra el terrorismo y sí para poner obstáculos al Estado de Derecho".

El ministro del Interior, Angel Acebes, por su parte, ha asegurado que la decisión demuestra "lo de siempre", el "no querer hacer nada para plantar cara" a la coalición abertzale y a ETA. En declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro ha recalcado que el Ejecutivo de Ibarretxe "tendrá que dar las explicaciones de por qué ha interpuesto esta querella".

Con parecidas palabras se ha expresado el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que ha tildado de "absurdo" acusar al juez Baltasar Garzón de prevaricación y ha afirmado que la querella anunciada tiene "un trasfondo claramente político" y para ver "si pueden pescar algo en río revuelto".

Institucionalmente -ha dicho- "no me parece una medida adecuada y el Gobierno vasco, que intentó al menos cumplir la resolución del juez Garzón, debería haber actuado en consecuencia y no haber adoptado esta decisión, que no contribuye a nada bueno".

Rajoy ha insistido en que las decisiones judiciales hay que acatarlas "y el que no esté de acuerdo tiene la posibilidad de recurrirlas".

"Un despropósito más"

También el PP y PSOE han coincidido en sus críticas al Ejecutivo de Vitoria. El portavoz del grupo popular en el Congreso, Luis de Grandes, ha calificado de "despropósito" la decisión del Gobierno Vasco y ha añadido que la misma "no sorprende a nadie". El portavoz popular ha instado al Gobierno vasco a "cumplir la ley" e impedir todas las manifestaciones que se celebren en Euskadi en defensa del brazo político de ETA. Además, ha apuntado que, si no lo hace, existen medios para "hacer que la cumpla".

"Fuera de lugar y contraproducente"

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, que ha considerado que la decisión del Gobierno vasco "está completamente fuera de lugar y resulta contraproducente".

López Aguilar ha calificado además la querella de "inadecuada", y ha opinado que el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe "necesita concentrar toda su energía y capacidad en la derrota del terrorismo".

También la eurodiputada socialista Rosa Díez se ha referido a la decisión del Ejecutivo de Vitoria, a la que ha calificado de "espectáculo lamentable y gravísimo" con el que, en su opinión, el "PNV pugna por obtener los votos de Batasuna".