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ILEGALIZACIÓN

Garzón pide al Gobierno vasco que actúe contra la marcha del sábado porque detrás está ETA

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que garanticen los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha comunicado hoy al Gobierno vasco que es ETA "la que está, a través de varios responsables, en la convocatoria y preparación" de la manifestación prevista para el próximo sábado en Bilbao, "a fin de que tome las medidas que considere oportunas para prevenir la legalidad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales". Garzón no puede prohibir la manifestación, por lo que se limita a informar a Vitoria de que la marcha es ilegal.

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Garzón responde así a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le ha pedido esta mañana que declare la ilicitud de la manifestación, convocada para este sábado en Bilbao en contra del proceso de ilegalización de Batasuna. La petición de la Audiencia se basa en un informe policial en el que asegura que entre los convocantes figuran personas que forman parte del entramado de ETA a través de Ekin, el aparato político de la banda terrorista. El Ministerio Público considera que la manifestación, que estará encabezada por el portavoz de la suspendida Batasuna, Arnaldo Otegi, incurre en ilícito penal, por lo que solicita que se impida su celebración. No obstante, cuenta con el visto bueno del departamento de Interior del Gobierno vasco.

Garzón basa su comunicado en un informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, que indica que los "peticionarios" de la manifestación -cuyo lema será "Gora Euskal Herria" ("Viva Euskal Herria")- son Ana Rosa Sisniega y José Manuel García Ruiz, "ambos vinculados al proyecto de ETA-EKIN-Joxemi Zumalabe (...) de desobediencia civil" que se investiga en el sumario 18/98. El informe señala también que los encargados de promocionar la marcha en rueda de prensa han sido Javier Cruz Amuriza, promotor de Euskal Herritarrok, y Amparo Lasheras, integrante de la comisión que produjo la conversión de Herri Batasuna en Euskal Herritarrok y luego en Batasuna.

En vista del informe, el juez considera "que no se trata de una manifestación para discrepar o criticar de las resoluciones judiciales, ni para protestar por la falta de libertad de expresión, reunión y manifestación, sino que se trata de una clara actividad orgánica de la organización terrorista, a través o con la cobertura de otras personas físicas aquiescentes vinculadas a la propia estructura investigada".

AI pide que se respete el derecho a manifestarse

Amnistía Internacional (AI), la organización defensora de los derechos humanos, ha dirigido hoy un comunicado a las autoridades españolas en el que las insta a asegurar que los derechos fundamentales a la libertad de expresión y la protesta pacífica no se vean socavados por las medidas adoptadas contra la coalición aberzale.

En opinión de AI, aunque las autoridades españolas y vascas tienen derecho a adoptar medidas para garantizar la seguridad de las personas, también deben garantizar la posibilidad de ejercer los derechos fundamentales, como el de libertad de expresión, ya que "cuando nos enfrentamos a graves abusos contra los derechos humanos (en referencia a los asesinatos de ETA), la defensa de estas libertades se vuelve aún más importante".

La organización teme que la resolución del juez Garzón prohibiendo las actividades de Batasuna pueda interpretarse como una prohibición de celebrar cualquier protesta pacífica contra las diversas iniciativas encaminadas a dejar fuera de la ley a la coalición "abertzale".

"Si tal es el caso, no hay duda alguna de que se estarían conculcando los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la protesta pacífica", advierte AI. "Las autoridades españolas y vascas deben aclarar esta cuestión y asegurar que seguirán protegiendo estos derechos internacionalmente reconocidos".

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