El Gobierno enviará el martes al Supremo la demanda de ilegalización

El Ejecutivo ha cumplido hoy un nuevo trámite contemplado en la Ley de Partidos para lograr la ilegalización de Batasuna. El Consejo de Ministros ha aprobado, en su primera reunión tras las vacaciones de verano, la presentación ante el Tribunal Supremo de una demanda de ilegalización de Batasuna. La demanda se presentará el próximo martes, según el ministro de Justicia, José María Michavila, y confluirá con la que también presente la próxima semana ante la misma Sala la Fiscalía General del Estado.

Incluirá, además de cerca de 1.000 elementos probatorios, los argumentos de derecho que incluyen los referidos a la Legislación española, el derecho comparado y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El ministro no ha explicado si, con la presentación de la demanda, se pedirá la suspensión cautelar de la actividad de Batasuna pero ha señalado que se analizará.

Michavila ha recordado que la Ley de Partidos establece que la presentación de la demanda venga precedida de una deliberación del Consejo de Ministros, hecho que se ha producido hoy, fecha en la que el Gobierno ha analizado las razones de hecho y los elementos de derecho que se incluyen en el informe jurídico preparado por Justicia.

Tras el análisis, el Gobierno ha decicido ejercer la "legitimación que le concede la Ley de Partidos y la petición del Congreso de los Diputados para promover ante el Supremo la demanda de ilegalización de tres formaciones: EH, HB y Batasuna". Para el ministro, la demanda consiste en explicar en términos jurídicos una evidencia para toda la sociedad: "Que Batasuna es la proyección del terrorismo en la política y que utiliza los privilegios que tiene un partido para abastecer al terrorismo".

Un dossier probatorio

Esta evidencia, según Michavila, viene demostrada en la demanda que se presentará en el Supremo mediante un "minucioso dossier probatorio" en el que se presentan "cerca de mil elementos de prueba". Entre estas pruebas están certificaciones expedidas por ayuntamientos y parlamentos, actas notariales, actas de presencia, certificaciones judiciales, páginas web, cintas de vídeo, fotos e informes de las fuerzas de seguridad del Estado y de algunas instituciones.

Michavila ha explicado que la demanda se vertebra en fundamentos de hecho y de derecho y estos últimos se vertebran en tres ejes. El primero consiste en "la demostración de que EH, HB y Batasuna constituyen un entramado político único, con una plena identidad en la que ha cambiado sólo la denominación". En este sentido, "se acredita que comparten objetivos, sedes, cargos, dirigentes, grupos parlamentarios, militantes, cargos municipales y candidatos".

El segundo eje consiste en que desde su fundación "este entramado ha constituido claramente la prolongación del terrorismo en la política, utilizando las instituciones

democráticas al servicios del terror". Así, en la demanda se acretida "con multiples pruebas" cómo las listas electorales "han estado al servicio de la banda terrorista, cómo la financiación que este partido político recibe de los impuestos de todos los españoles se ha destinado a financiar las actividades terroristas, se acredita cómo el censo electoral, que es un privilegio al que acceden sólo los partidos, ha sido utilizado por estos partidos para darselos a la banda terrorista que a su vez los utiliza para extorsionar y chantajear a los ciudadanos".

El tercer eje de los fundamentos de hecho consiste en acreditar que después de dos meses de aprobada y entrar en vigor la Ley de Partidos, Batasuna, "de manera abrumadora", según Michavila, ha venido mostrando "con evidencias ciertas" que desea mantenerse en la trayectoria que motivó su nacimiento.