45.000 inmigrantes fueron expulsados de España el año pasado

Un total de 44.841 inmigrantes vieron denegada su entrada en frontera, devueltos a su país de origen o expulsados durante el pasado año cuando intentaban entrar ilegalmente en España, se encontraban irregularmente en el país o cometieron alguna de las supuestos que conlleva un expediente de expulsión. Este dato supone un incremento del veinte por ciento respecto a la cifra registrada el pasado año, que ascendió a 35.476 personas.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, durante su intervención en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso en respuesta a preguntas del diputado popular Ignacio Gil-Lázaro.

El dato más llamativo es que desde la entrada en vigor (a principios del pasado año) de la Ley de Extranjería, que amplía los supuestos por los que un extranjero puede ser expulsado (entre ellos residir ilegalmente en el país), el número de expulsiones dictadas casi se ha duplicado en relación con el periodo de vigencia de la anterior Ley.

12.976 expedientes de expulsión

Así, el año pasado se incoaron 12.976 expedientes de expulsión, mientras que en el año 2000, se dictaron 6.579. En cualquier caso, el dato de 2001 todavía está lejos de los expedientes dictados en 1999, que alcanzaron la cifra de 20.103 inmigrantes.

Por lo que se refiere exclusivamente a los inmigrantes que trataban de entrar irregularmente en España, el número de denegaciones en frontera, se han tramitado un total de 8.881.

La mayor parte de ellas fueron registradas en el aeropuerto de Madrid-Barajas (5.458), seguido por los puestos fronterizos de Almería (872), Ceuta (597), Alicante (519), Barcelona (471) y Algeciras (368). Por nacionalidades, los más numerosos son los colombianos (3.476), los marroquíes (1.898) y los ecuatorianos (1.021).

En cuanto a los inmigrantes que detenidos cuando intentaban entrar en España de forma irregular y fuera de los puestos fronterizos, se han realizado 22.984 devoluciones (cifra similar a las 22.716 del año 2000), básicamente de extranjeros marroquíes (21.706). El mayor número de devoluciones corresponde a Cádiz (10.638) y Ceuta (8.244).

Tráfico de personas

En cuanto a la lucha contra el tráfico de personas y la explotación laboral, el delegado del Gobierno destacó que durante el pasado año se han desarticulado 362 redes organizadas y que la Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones a empresarios por valor de 6.120 millones de pesetas (36,78 millones de euros).

Fernández-Miranda ha hecho especial hincapié en la integración de los inmigrantes en la sociedad española y para ello recordó que, tras los cuatro procesos de regularización extraordinaria de extranjeros, a los que se han acogido 428.924 personas, España cuenta con un tres por ciento de población inmigrante (1.243.919), de los que 675.410 están afiliados a la Seguridad Social. De ellos, 102.595 son demandantes de empleo, lo que supone que un quince por ciento se encuentra en paro.

También ha querido dejar claro que la única vía de entrada en España será la legalidad. "Se ha demostrado que los procesos de regularización no son el instrumento adecuado para regular la inmigración y no habrá más. A partir de ahora la única forma de contratar legalmente a un extranjero será a través del Contingente".

Cierre del régimen general

Precisamente, el diputado socialista Jordi Pedret ha interrogado al delegado del Gobierno sobre el hecho de que el acuerdo de Contingente haya traído consigo varias circulares que determinan la inadmisión a trámite o denegación de las solicitudes de permiso de residencia realizadas a través del Régimen General.

"No existe ningún Régimen General" ha sido la respuesta de un Fernández-Miranda que ha precisado que es un término coloquial, pero que no tiene cobertura legal. "No habrá forma ninguna, salvo las excepciones de la Ley, de formalizar contratos en España a inmigrantes que se encuentran en situación irregular", ha añadido.

No obstante, Pedret ha resaltado que es una contradicción afirmar que no existe este procedimiento para solicitar ordinariamente permisos de trabajo, cuando las circulares de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones hacen referencia a él. "Infringen clarísimamente lo que ustedes reconocen que existe en el Reglamento y, por tanto, en la Ley, e infringen el artículo 9 de la Constitución. Crean un problema con una serie de inmigrantes laborales a los que condenan a una irregularidad permanente y eterna", ha denunciado Pedret.

La también diputada socialista Delia Blanco ha criticado el cierre del Régimen General que, según explica, es utilizado por muchos inmigrantes que vienen con visado de turista para buscar un puesto de trabajo. "Cerrar la vía total al Régimen General al que se acogen estas personas puede dar lugar a engordar la bolsa de irregulares", ha dicho Blanco, que ha acusado a Fernández-Miranda de ironizar con el fenómeno de la inmigración sin tener en cuenta que detrás de él hay personas y biografías concretas.