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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno aprueba las ayudas para los damnificados por el temporal de Tenerife

El Ejecutivo concede 15.000 euros a los familiares de los fallecidos y establece ayudas para daños en viviendas de hasta 27.500 euros por familia

El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto-Ley por el que se establece un régimen especial de ayudas por daños para los damnificados por el temporal del pasado fin de semana en Tenerife. Entre otros aspectos contempla ayudas de 15.000 euros para los familiares de los fallecidos y para aquellas personas que hayan quedado en una situación de incapacidad absoluta permanente.

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Las ayudas aprobadas, que se llevarán a cabo en colaboración con el Gobierno canario, el Cabildo de Tenerife y los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de la Laguna, contemplan, además, un régimen especial de ayudas para daños en viviendas que podrán llegar hasta los 27.500 euros por unidad familiar.

El Real Decreto-Ley supone un régimen especial de ayudas por daños especiales y personales y sustituye, con carácter excepcional, al regulado en la Orden Ministerial del Interior de 18 de marzo de 1993, en la que sólo se contemplan ayudas para personas con acreditada escasez de recursos.

De este modo, el Gobierno concederá una ayuda de 15.000 euros a los familiares de las personas fallecidas, así como a aquellas personas que como consecuencia de los hechos hayan quedado en una situación de incapacidad absoluta permanente.

Ayudas para daños en viviendas

Por otro lado, se establece un régimen especial de ayudas para daños en viviendas y enseres que podrán llegar hasta los 27.500 euros por unidad familiar, cantidad de la cual el 50 por 100 será sufragado por la Administración General del Estado, y el resto por las otras Administraciones Públicas implicadas.

El Real Decreto-Ley contempla también el otorgamiento de ayudas en relación con vehículos siniestrados, con un límite de 9.000 euros para automóviles y 3.600 euros para motocicletas y ciclomotores.

Aparte de las medidas citadas, el Real Decreto-Ley aborda otros aspectos cuya finalidad primordial es la de contribuir al restablecimiento de la normalidad. En primer lugar, la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana correspondientes al año 2002 para los inmuebles que se hayan visto dañados.

Además, el Gobierno ha aprobado la reducción de mil euros en la cuota del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, cuando se adquieren vehículos nuevos o usados para sustituir a los que hayan resultado siniestrados y la supresión de las tasas aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducir o de circulación que se hayan destruido o extraviado.

El Ejecutivo incluye asimismo entre las medidas adoptadas exenciones y moratorias en el pago de las cuotas de la Seguridad Social a aquellas empresas que hayan tenido que paralizar su actividad y la puesta en marcha por parte del Instituto de Crédito Oficial de líneas de crédito preferenciales, con condiciones ventajosas, con el fin de que los afectados puedan atender la reparación de instalaciones o vehículos.

Nuevas viviendas

En el marco de las actuaciones correspondientes, el Ministerio de Fomento, a través de SEPES, podrá convenir con la Comunidad Autónoma de Canarias, la financiación, al 50 por 100, de la construcción de viviendas de protección oficial destinadas a ubicar a titulares de viviendas situadas en zonas de alto riesgo.

Por último, y a diferencia de otros Reales Decretos-Leyes anteriores, se han dejado para un momento posterior las ayudas a los Ayuntamientos para la reparación de sus infraestructuras básicas, ya que la celeridad con la que se va a proceder a la aprobación de esta norma ha hecho imposible realizar un balance de los daños producidos en dichas infraestructuras.

A las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros se unirán las que el lunes apruebe el Consejo de Gobierno de Canarias destinadas a empresas, informa el portavoz del Ejecutivo, Pedro Quevedo, tras la reunión.

Las pérdidas ocasionadas por las inundaciones ascienden a 90 millones de euros, según las primeras evaluaciones, y se han producido daños importantes en 647 viviendas y 423 locales.

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