El Gobierno importará el modelo de EE UU para reeducar a los menores que beban

Las medidas de reeducación implantadas en EE UU para reducir el consumo de alcohol entre menores, con sanciones de hasta 100 horas de trabajos sociales, servirán de ejemplo al Gobierno para elaborar su nueva normativa para prohibir el denominado botellón, ya vetado por la normativa de seis comunidades autónomas. Así lo ha insinuado hoy el ministro del Interior, Mariano Rajoy, al asegurar que el Ejecutivo estudia la posibilidad de imponer trabajos sociales a los menores infractores.

Tal y como ayer avanzó el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, el Ejecutivo importará el modelo sancionador estadounidense para reducir el consumo entre menores, ya que éste ha tenido "un considerable éxito".

El vicepresidente primero del Gobierno, que se ha mostrado contrario a sancionar a un menor penalmente o con una multa pecuniaria, ha dicho que en algunos juzgados españoles se han adoptado ya medidas en el sentido de que los infractores realicen trabajos sociales, y ha avanzado que este asunto no está cerrado y se debatirá en la Conferencia sectorial con las Comunidades Autónomas.

Además, Rajoy ha aclarado que la nueva normativa se desarrollará con el "equilibrio necesario", de tal forma que no afectará ni a las fiestas populares ni a las terrazas en las vías públicas, ni, por ejemplo, "a una persona que se bebe una cerveza por la calle".

El ministro del Interior ha insistido en que la norma se dirigirá fundamentalmente a evitar las grandes concentraciones de jóvenes que se producen en las ciudades los fines de semana "con grave perjuicio para los vecinos" y que se presionará a los establecimientos públicos alrededor de los cuales se organizan estas situaciones.

El ejemplo estadounindense

En EE UU la ley prohíbe tocar el alcohol a todo menor de 21 años, como también beber en la calle a los mayores de edad, informa R. M. De Rituerto.

En miles de localidades rigen estrictas normas contra su consumo y es muy fácil encontrarse con restaurantes que no sirven bebidas alcohólicas. Estas restricciones en la hostelería tienen carácter fiscal (el propietario se ahorra la tasa por la venta de bebidas alcohólicas), aunque en no pocos casos la propiedad es comprensiva y permite al cliente adquirir la bebida que desee en una tienda vecina. Esa botella comprada en la tienda de al lado sólo puede ser transportada al restaurante en una bolsa opaca, de modo que no se vea su contenido.

Beber en la calle está prohibido y penalizado con multas que varían de una localidad a otra. Sólo se ve beber en la calle a vagabundos alcohólicos, que en todo caso evitan hacerlo de forma flagrante. Ya en el colegio, los niños reciben clases de Sanidad en las que, bajo ese título genérico, se les informa lo mismo sobre sexualidad que sobre los peligros del consumo de drogas, incluidos el tabaco y el alcohol.

La posición de las Comunidades

En la segunda jornada del Congreso Jóvenes, noche y alcohol, donde han participado representantes de las Comunidades Autónomas, se han podido escuchar las propuestas de las distintas autonomías para frenar el consumo de alcohol entre menores.

La Generalitat catalana ha señalado que ve "conveniente" la propuesta del Gobierno para elevar a los 18 años la edad para poder consumir bebidas alcohólicas y prohibir su consumo en la vía pública, aunque ha advertido que, si no se adoptan medidas educativas y de información, por si sola no acabará con el botellón.

El director general de Drogodependencias de la Generalitat valenciana, Bartolomé Pérez, ha anunciado que en su comunidad se va a prohibir la publicidad estática de alcohol y tabaco a menos de 900 metros de centros educativos, sociales y hospitales, "con lo que se busca bajar la densidad de esa publicidad y que se retire del casco urbano".

En esa misma línea, el director general de Drogodependencias de Cataluña, Joan Colom, ha dicho que en su territorio se prohibirá toda la publicidad estática de bebidas de más de 23 grados.

El director de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, José Manuel Torrecilla, ha destacado que "lo importante" no es que se beba en la calle "sino el alcohol" y que "hay que tratar la enfermedad, no el síntoma".

En Valencia, la alcaldesa de esta ciudad y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Rita Barberá, ha afirmado que los Ayuntamientos necesitan "recursos y competencias" para poder actuar con eficacia contra el "botellón".

En Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha considerado "imprescindible" que cualquier medida que tome el Gobierno sobre el denominado botellón juvenil, para que sea efectiva, debe contar con el consenso y el "beneplácito" de los jóvenes, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

La Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco ha denunciado por su parte el "alarmismo malintencionado" que, a su juicio, se ha generado en torno al consumo de bebidas alcohólicas por parte de jóvenes, y entiende que "la prohibición no es la solución" al problema.

En un comunicado, la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) ha propuesto la creación de una Comisión Parlamentaria sobre el tema del alcohol y la juventud, así como la fundación de un Plan Nacional sobre el Alcohol.

De acuerdo a la Federación Española de Bebidas Espirituosas es preciso una distinción entre "consumo y abuso, respetando los hábitos lícitos del consumidor moderado y adulto y los aspectos culturales que diferencian a la sociedad española", así como la creación de una asignatura, dentro de los planes educativos existentes.

El anuncio hecho ayer por el Gobierno de que prepara una ley para prohibir el consumo de alcohol en la calle en su lucha contra el botellón ha sido recibido con reservas por la oposición. Desde el PSOE, su responsable de Movimientos Sociales, Leire Pajín, ha asegurado que las medidas previstas por el Gobierno "no aportan nada nuevo" y llegan tarde, por lo que ha pedido soluciones preventivas y alternativas de ocio a los jóvenes.

Pajín denunció ayer que el Gobierno haya "tardado seis años en darse cuenta de una situación que ya existía" y que ahora presente medidas "que no aportan nada nuevo", puesto que "algunas ya existían y otras no sirven para nada".