El Parlamento vasco rechaza las enmiendas a los presupuestos

A la sexta ha ido la vencida y el Parlamento vasco ha rechazado el lunes las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por los tres grupos de la oposición, PP, PSE-EE y Batasuna. En las cinco convocatorias anteriores la ausencia de estos grupos había impedido el desarrollo del debate por falta de quorum (38 escaños de 75), pero el anuncio hecho el domingo por Batasuna de que asistiría a la Cámara desbloqueó la situación.

En la sesión del lunes sólo se han votado las enmiendas a la totalidad, de manera que para la aprobación final de los presupuestos habrá que espera a un pleno posterior en el que se debatan las enmiendas parciales. Mientras, los presupuestos serán prorrogados.

Al final las enmiendas han sido rechazadas con los votos de los diputados que apoyan al Ejecutivo de Ibarretxe, esto es, los 33 de la coalición PNV-EA y los tres de IU. El PP ha votado también en contra de la enmienda presentada por Batasuna. El PSE-EE, por su parte, se ha negado a participar en las votaciones y ha retirado sus enmiendas al considerar el pleno "una farsa", en palabras de su portavoz, Rodolfo Ares.

Un debate muy tenso

En el debate, que ha resultado tenso, populares y socialistas han acusado al PNV de pactar con Batasuna su asistencia para conseguir la aprobación de las cuentas. Hasta que el domingo, el portavoz de la coalición abertzale, Arnalado Otegi, anunció que su grupo asistiría al pleno, ambas formaciones se habían negado en redondo a acudir a la Cámara de Vitoria.

En cuanto a las intervenciones, una de las más duras ha sido la del portavoz parlamentario del Grupo Popular Vasco, Leopoldo Barreda, quien ha emplazado al lehendakari a explicar públicamente el "precio de su pacto con Batasuna" y le ha acusado de actuar como un "monarca absoluto". Asimismo, ha asegurado que el Gobierno vasco no ha tratado de restablecer consensos y criticó su gestión por "saltarse la legalidad".

Por su parte, Otegi, ha denunciado que la política vasca "sigue estando bloqueada" porque el Gobierno vasco "no habilita dinámicas que permitan estabilizar el país". En ese sentido, Otegi ha considerado que PNV, EA e IU han dejado pasar "una oportunidad" de alcanzar un acuerdo presupuestario al no aceptar la propuesta de Batasuna y ha denunciado la "predisposición" del Gobierno vasco para hablar con Madrid, pero no con su coalición.

Situación "muy grave"

Por otro lado, un Consejo extraordinario del Gobierno vasco ha adoptado el lunes por la tarde medidas "jurídicas, políticas, económicas y sociales" para hacer frente a la situación que se genera tras la entrada en vigor a las cero horas del martes día 1 de la prórroga del Concierto Económico, que publicó el lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE). El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Jon Imaz, se ha limitado a añadir que se harán públicas el próximo miércoles.

Después de que las delegaciones de los Gobiernos Central y Vasco no hayan logrado un acuerdo sobre el Concierto, Imaz ha calificado la situación creada como "especialmente grave", mientras que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consideraba que la última oferta del Ejecutivo vasco sobre la representación ante la UE "no puede ser aceptada".

El portavoz Imaz ha asegurado que "el Concierto Económico queda sin vigencia", ya que con la prórroga "sólo quedan medidas de corte bilateral que, en cualquier caso, van en contra del espíritu del Concierto".

Imaz ha recordado que, "para Montoro era la participación europea el elemento de discordia de la negociación", y ha señalado que, por ello, "las instituciones vascas han dejado aparcada para la Comisión Mixta de Cupo el elemento de la participación europea", si bien ha lamentado que, a pesar de esta decisión, no se haya logrado un acuerdo.

En esta misma línea se ha manifestado la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, para quien el Ministerio de Hacienda ha desarrollado "una estrategia de no negociación, de imposición, cuyo máximo exponente ha sido la prórroga unilateralmente impuesta".

Zenarruzabeitia, que ha calificado de "muy grave" la situación, ha denunciado la "imposición" y el "engaño" en el que, a su juicio, ha incurrido el Gobierno central.