Manuel Jiménez de Parga, nuevo presidente del Tribunal Constitucional
Fue ministro de Trabajo entre 1977 y 1978 tras ser elegido diputado por Barcelona en la lista de UCD
El Pleno del Tribunal Constitucional ha elegido esta tarde presidente de esta institución a Manuel Jiménez de Parga, en primera votación y por mayoría absoluta. Manuel Jiménez de Parga, que ya estaba ejerciendo de presidente en funciones del TC al ser el de más edad de los más antiguos del Constitucional, llegó a este Tribunal a propuesta del Gobierno en 1995, y sustituye en el cargo a Pedro Cruz Villalón, una vez que éste ha agotado el tiempo de su mandato.
La elección del principal cargo del TC se debe a la última renovación de un tercio del Tribunal, en concreto los cuatro magistrados propuestos por el Congreso de los Diputados, que tomaron posesión de sus cargos la semana pasada y que sustituyen a otros tantos que agotaron su mandato, dos de los cuales eran el presidente y el vicepresidente de la institución.
Los nuevos magistrados son Javier Delgado, anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo; Roberto García-Calvo, que era magistrado del Tribunal Supremo; Eugenio Gay, anterior presidente del Consejo General de la Abogacía, y Elisa Pérez Vera, catedrática de Derecho Internacional privado y que era presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía.
El resto de integrantes del TC son María Emilia Casas Baamonde, Vicente Conde Martín de Hijas, Fernando Garrido Falla y Guillermo Jiménez Sánchez, elegidos en 1998 a propuesta del Senado; Tomás
Vives Antón, a propuesta del Gobierno en 1995, y Pablo García Manzano y Pablón Cachón Villar, que fueron elegidos en 1996 a propuesta del CGPJ.
Una larga trayectoria jurídica y política
Manuel Jiménez de Parga y Cabrera nació en Granada el 9 de abril de 1929 y fue ministro de Trabajo entre 1977 y 1978 tras ser elegido diputado por Barcelona en la lista de UCD.
Magistrado del TC desde 1995 ejerció como catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona entre 1957 y 1981 y de la Complutense de Madrid entre 1981 y 1999, y es autor de diversos libros de Derecho Constitucional y Ciencia Política.
Además, ha sido comentarista habitual de la prensa de Madrid y Barcelona, con artículos firmados y con el seudónimo Secondat.
Jiménez de Parga fue distinguido en 1962 como doctor Honoris Causa por la Universidad de Burdeos (Francia), es profesor emérito de la Universidad de Bauru, Sao Paulo (Brasil) desde 1969, y miembro de la Orden del Mérito Constitucional desde 1988 y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina) desde 1994.
Tiene la Gran Cruz de Carlos III, máxima condecoración del Reino de España, y recibió en 1999 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, al jubilarse como catedrático después de más de 45 años de docente, el año pasado recibió la medalla de Servicios Prestados a la Universidad y es también doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Jiménez de Parga es consejero de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Social, miembro de la Asociación Española de Ciencia Política, miembro fundador de la Asociación Española de Sociología y miembro de honor de la Academia Aragonesa de Ciencias Sociales.
Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona desde 1976 y rector en funciones de dicha Universidad desde noviembre de ese año hasta el 15 de marzo de 1977.
En julio de 1979 fue nombrado, por concurso de méritos, catedrático de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, incorporándose a esta Universidad al terminar su misión diplomática en Ginebra.
En relación a su trayectoria política, el 15 de junio de 1977 fue elegido diputado por Barcelona en la lista de UCD y el 5 de julio de 1977 fue nombrado ministro de Trabajo, cargo que desempeñó hasta el 25 de febrero de 1978.
También fue embajador de España ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde mayo de 1978 hasta febrero de 1981.
En 1982 fue cabeza de lista del CDS y cuatro años después, tras ser nombrado consejero de Estado el 4 de abril de 1986, abandonó la política.
A lo largo de sus 35 años de ejercicio como abogado, ha intervenido en numerosos asuntos notables y personalmente asumió la defensa de estudiantes y sindicalistas democráticos ante el Tribunal de Orden Público, así como de periodistas e intelectuales perseguidos por la dictadura.
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