El dictamen de la comisión sobre Gescartera exime de responsabilidad al Gobierno

El dictamen de la Comisión de Investigación sobre Gescartera, aprobado hoy gracias a los votos del PP y CiU, exime al Gobierno de responsabilidades políticas en este caso, al tiempo que propone una serie de medidas para mejorar los controles en los organismos públicos relacionados con los mercados financieros.

El dictamen, que ha tenido como base el documento de conclusiones elaborado por el PP, ha incluido también 10 medidas de reforma propuestas por CiU para evitar casos de estafa similares y media docena de enmiendas del resto de grupos políticos, aunque de menor calado.

Los distintos grupos del Parlamento debatirán en Pleno estas conclusiones previsiblemente la próxima semana, conjuntamente con los votos particulares que presente la oposición antes del próximo lunes, en los que mostrarán su rechazo al texto aprobado.

El dictamen sostiene que el caso Gescartera es una "gran estafa" en la que, por acción u omisión, tienen responsabilidad una serie de "sujetos privados", como son los clientes de la agencia, la auditora que revisó sus cuentas, las entidades bancarias que colaboraron con ella y la Fundación ONCE, que iba a ser el accionista de referencia. La acción de estos sujetos privados hizo que la CNMV se formara una idea equivocada de la situación real de Gescartera.

Sin embargo, se exime al Gobierno de responsabilidad porque no tuvo conocimiento, "ni pudo tenerlo", de las vicisitudes de la agencia, por lo que no se encuentran responsabilidades políticas "adicionales" a las dimisiones de Enrique Giménez-Reyna -ex secretario de Estado de Hacienda- y de Pilar Valiente -ex presidenta de la CNMV- y los ceses de los responsables de las empresas públicas SAES y Cetarsa.

El documento niega que las actuaciones del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna y de la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente -ambos dimitidos- favorecieran a Gescartera, como tampoco admite que existiera trato de favor por parte de ninguna administración u organismo.

Según el texto, no se ha producido ningún quebranto para las arcas públicas del Estado derivado de decisiones o actuaciones de cargos públicos, al tiempo que insta a aumentar la vigilancia en relación con las incompatibilidades de cargos que hayan pasado por la CNMV.

Tanto CiU como PP se han mostrado satisfechos por el texto del dictamen y han destacado que ningún documento ni compareciente ha implicado al Gobierno en este caso. Sin embargo, el resto de partidos, con la excepción de Coalición Canaria, han valorado negativamente el texto, por lo que han votado en contra, y han criticado que el Ejecutivo no asuma sus responsabilidades políticas.

Varias ha sido las propuestas de CiU que han sido aprobadas en el documento. Entre ellas está la de mejorar los controles para elevar entidades a agencias de valores, establecer mecanismos de control interno en el organismo supervisor y estimular la autorregulación del sector financiero.

Otra de las medidas propuestas por los nacionalistas catalanes se refiere a un mayor control parlamentario sobre el nombramiento del presidente de la CNMV. Según esta medida, el nombramiento tendrá que realizarse previa comparecencia del Gobierno ante la Comisión de Economía del Congreso, con el objetivo de informar sobre el candidato propuesto.

Otra de las medidas está dirigida a prohibir que las personas que han pasado por la CNMV puedan, sin mediar ningún periodo de tiempo, prestar servicios en entidades del sector.

Sin embargo, el PP se ha negado a incluir la propuesta de CiU de que se omitiesen las referencias a la agencia Asesores 2000 y a su responsable, el periodista Roberto Santos. El PP recuerda que el responsable de Gescartera, Antonio Camacho, citó a Asesores 2000 como "comerciales no integrados en la estructura de Gescartera que aportaban clientes especiales". Por ello, el PP pide a los responsables de la SEPI que aclaren las relaciones contractuales mantenidas con empresas vinculadas a Gescartera, sobre todo con Asesores 2000, eso sí, "en los años anteriores a 1996".

El PP también ha aceptado durante la Comisión incluir en el dictamen media docena de propuestas de los grupos de la oposición, admisiones que estos partidos agradecen, aunque han precisado que son de "importancia menor".

Entre ellas se encuentra la petición del PSOE de modificar las leyes para que se amplíen las obligaciones de las auditoras cuando inspeccionan a las empresas de servicios de inversión y otra relativa a la búsqueda de acuerdos para garantizar la transparencia del sistema financiero europeo.

El PP ha admitido también la solicitud del Grupo Mixto de que se regule el control de las inversiones en paraísos fiscales, las del PNV de que se reformen las comisiones de investigación y se ponga en marcha el Fondo de Garantía de Inversiones, y se estudiará una nueva propuesta del PSOE sobre inversiones de entidades sin ánimo de lucro.

Ninguna petición de responsabilidades

Tras la reunión a puerta cerrada de la Comisión para elaborar el dictamen, los partidos de la oposición han criticado la decisión del PP de no incluir en el documento ninguna petición de responsabilidades, cuando "hay elementos suficientes para solicitar dimisiones", según el portavoz del PNV, Pedro María Azpiazu.

El portavoz del PSOE, Antonio Cuevas, ha acusado al PP de haber redactado un dictamen de medidas que "se quedan en la superficie del problema" pues asumen que hay organismos que deben mejorar su funcionamiento "pero no dicen cómo".

El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, ha criticado que el PP no aceptara ninguna de las propuestas presentadas por su grupo y ha acusado a este partido de "falta de generosidad y realismo" por negarse a asumir responsabilidades cuando los órganos reguladores "han fallado rotundamente en una estafa" y el Banco de España ha tenido un comportamiento "deleznable y abúlico".

Por su parte, el diputado de ERC (en representación del Grupo Mixto), Joan Puigcercós, ha cuestionado la validez de las comisiones de investigación cuando existen mayorías absolutas en los parlamentos, ha criticado la incapacidad de la CNMV y la Agencia Tributaria para detectar la estafa de Gescartera y ha propuesto el traslado del organismo supervisor a Barcelona, lo que ha sido rechazado por el PP.