El PP impone su mayoría para cerrar los trabajos de la comisión de Gescartera

El Grupo Popular, con su mayoría absoluta, ha impuesto hoy el cierre de la comisión parlamentaria de investigación del caso Gescartera, que la próxima semana deberá aprobar sus conclusiones.

La propuesta del PP ha contado con la abstención de CiU y la oposición del resto de grupos.

Pese a que la oposición seguía reclamando comparecencias y documentos pendientes, la propuesta de calendario aprobada obligará a los grupos a la redacción de un dictamen conjunto que se elevará al pleno de la semana siguiente, a mediados de noviembre.

De esta forma, la comisión cumple el plazo de dos meses inicialmente fijado, que concluía el día 7 de noviembre. Para ese día se ha fijado la reunión en la que se debatirán las propuestas de conclusiones de cada grupo político.

Según los diputados, lo más probable es que los trabajos de la comisión concluyan en torno al 15 de noviembre, cuando se eleven al Pleno del Congreso las conclusiones definitivas aprobadas por los comisionados.

Críticas del PSOE

El portavoz del PSOE en la Comisión, Antonio Cuevas, ha asegurado que la decisión del PP de cerrar la comisión impedirá que se llegue al final de la investigación y se averigüe, por tanto, el destino de los 18.000 millones de pesetas desaparecidos o la posible existencia de dinero negro.

En este sentido, el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, ha anunciado que su grupo exigirá la dimisión del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, en sus propuestas de conclusiones de la comisión parlamentaria del caso Gescartera, según ha anunciado en conferencia de prensa.

Caldera ha calificado de "gravísimo" el comportamiento del gobernador en este asunto, ya que en su opinión "probablemente" tuvo "conocimiento" de la existencia de cuentas opacas a la Hacienda pública gestionadas a través del HSBC y no combatió esta práctica, que además "consintió".

El grupo socialista justifica la petición de dimisión de Caruana por el hecho de que hubiera "admitido" ante la comisión que los inversores españoles "pueden tener dinero oculto a la Hacienda Pública", al reconocer como "legal" una práctica consistente en que el HSBC tuviera cuentas en España a nombre de un banco filial suyo que no aporta las identidades de los titulares.

Caldera ha subrayado que Caruana "no puede seguir siendo gobernador del Banco de España" tras haber efectuado estas declaraciones ante la comisión investigadora, y las cuales ayer "corrigió" el ministro de Economía, Rodrigo Rato, según sus palabras.

En su comparecencia de ayer el vicepresidente económico "sí dijo que era ilegal", según Caldera, la existencia de cuentas cifradas en bancos que operan en España, actividad que ha ordenado investigar.

En este sentido, se ha preguntado "qué hacía Caruana sin perseguir esa situación" de la que "probablemente" tenía conocimiento.

"¿Puede el gobernador del Banco de España con cierta dignidad seguir siendo gobernador después de haber admitido que hubiera dinero negro en España y que eso era legal?", ha remarcado.

Por su parte, el diputado de IU Felipe Alcaraz ha dicho que, en su opinión, las responsabilidades políticas de los ministros Rato y Montoro han quedado demostradas, ya que se ha constatado que ni el Banco de España, ni la Agencia Tributaria, ni la CNMV funcionaron correctamente.

El portavoz del grupo vasco, Pedro María Azpiazu, considera que, pese a haberse cerrado la Comisión antes de lo debido, han quedado "claras" las responsabilidades de Rato y Montoro, mientras que el comisionado del Grupo Mixto Joan Puigcercos, de ERC, ha manifestado que se ha producido un "problema de negligencia, un fallo político y un error consentido".

"Suposiciones y sospechas"

Por el contrario, el portavoz del PP en la Comisión, Vicente Martínez-Pujalte, ha calificado de "suposiciones y sospechas" las declaraciones de la oposición, especialmente de los socialistas.

Ha asegurado que la comisión Gescartera ha contado con más comparecencias y más documentación que ninguna en la democracia española y, a su juicio, "en ningún documento, prueba o declaración se ha implicado al Gobierno".

El portavoz del grupo catalán, Jordi Jané, ha coincidido con Pujalte en que ni en los documentos ni en las comparecencias se ha demostrado la responsabilidad de Rato o de Montoro en la trama de Gescartera, hecho que ha considerado "bueno, no sólo para el Gobierno, sino para todos los grupos", puesto que, a su juicio, los casos de corrupción erosionan la credibilidad de todo el sistema democrático.

En total, la Comisión de Investigación sobre Gescartera ha escuchado el testimonio de 52 comparecientes, en una veintena de sesiones de trabajo, que han tenido una duración aproximada de 180 horas, en las que se ha puesto a prueba la resistencia de testigos, diputados y periodistas.