PP y PSOE pactan repartir entre el Parlamento y los jueces la elección del CGPJ

El acuerdo quedó "prácticamente cerrado anoche" después de las numerosas conversaciones mantenidas durante el fin de semana para tratar de zanjar las cuestiones más polémicas, según fuentes socialistas, y ha sido anunciado hoy en rueda de prensa por el ministro de Justicia, Angel Acebes, y por el secretario de Libertades Públicas y Desarrollo autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar.El pacto tendrá un coste aproximado de 250.000 millones de pesetas adicionales al presupuesto ordinario que se sufragarán en varios ejercicios. Aún así, el coste no es definitivo, ya que la cifra final no se obtendrá hasta que esté diseñado el nuevo mapa judicial del Estado.

Las principales discrepancias entre populares y socialistas eran las relativas a la formación del CGPJ. Mientras el PSOE deseaba un papel preponderante del Parlamento en la elección de sus miembros, el Gobierno quería que se diera mayor relevancia a las asociaciones de jueces.

Al final, se ha adoptado una solución salomónica. El Parlamento seleccionará a 8 de los 20 miembros del CGPJ de entre "juristas de reconocido prestigio". Los 12 restantes serán también elegidos por las Cortes de entre los 36 nombres que proponga la judicatura a través de dos vías: las asociaciones judiciales y los jueces no afiliados. Esta fórmula se aplicará ya en la próxima renovación del CGPJ, que debe estar lista antes del mes de julio.

Acebes y López Aguilar han coincidido en que el nuevo sistema cumple el objetivo de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, al establecer una doble legitimación judicial y parlamentaria de sus miembros, y logra la "paz constitucional" en el único órgano recogido en la Constitución sobre cuya elección no había consenso.

Otra de las novedades destacables del acuerdo es que establece en la Carrera Judicial un diseño de las exigencias correspondientes a cada destino, condiciones para el acceso a determinados cargos y órganos especializados y limitación del tiempo de permanencia en los mismos, entre los que irían incluidos los jueces de la Audiencia Nacional.

El principio de acuerdo deberá recibir hoy el visto bueno de la Ejecutiva Federal del PSOE, a la cual trasladará su contenido Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del partido.

En la rueda de prensa conjunta de todos los firmantes, el ministro de Justicia y el responsable socialista han expresado su confianza en que el resto de grupos parlamentarios se sumen al Pacto. Acebes ha dicho que CiU y Coalición Canaria lo suscriben prácticamente al cien por cien, aunque ha añadido que deben ser los representantes de estos partidos los que confirmen su adhesión. También ha dicho que al acuerdo se incorpora el texto aprobado la semana pasada por el Gobierno y las siete comunidades autónomas con competencias en Justicia.

Este pacto para la reforma de la Justicia establece un plazo de dos legislaturas para su desarrollo, y su objetivo principal es la agilización y modernización del funcionamiento de la Justicia como servicio al ciudadano.

Otras novedades

El pacto prevé una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar procedimientos, modificar la acción popular y la acusación particular, fortalecer la protección de las víctimas de delitos violentos, reformar la prisión provisional, extender la doble instancia en todos los procesos penales y readaptar el jurado.

El acuerdo abre el estudio para ver si los fiscales asumen la instrucción penal y que los jueces sean los encargados de decidir sobre medidas que limiten derechos fundamentales como las prisiones provisionales, a modo de jueces de garantía.

El Tribunal Supremo se centrará en su función de unificar doctrina, el Constitucional queda como intérprete supremo de la Constitución y se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas.

En cuanto a las medidas destinadas al ciudadano, se establece un nuevo mapa judicial, adecuado a la carga existente en cada parte. También se especificará el régimen de responsabilidades derivadas de la actuación judicial y se estudiarán fórmulas de reparación del daño causado al usuario por negligencia o error. Además, se garantizará el funcionamiento de la justicia durante todo el día, mañana y tarde, habrá una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y se facilitará el traspaso de competencias a comunidades que no las tienen en Justicia.