Los partidos aplauden el acuerdo, pero lamentan la ausencia de otros grupos en la firma

Desde las filas del PSOE se ha valorado el acuerdo en tono positivo, ya que busca responder a la preocupación social sobre un servicio "ineficaz, caro y lento", según palabras del secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

Tras destacar la vocación de duración del pacto, "más allá de la temporalidad de quién esté en el Gobierno hoy", Blanco ha mostrado sus satisfacción por la fórmula de elección de los vocales del CGPJ, arguyendo que se trata de una medida de compromiso propuesta por los propios socialistas.

Mientras, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha advertido de que será "muy difícil" que su coalición se sume al pacto alcanzado entre PP y PSOE, que ha calificado de "fallido y conservador". Para Llamazares, el pacto debería haberse alcanzado mediante una negociación multipartita en el Parlamento y no mediante la "anormalidad democrática" que supone "la gran coalición entre el PP y el PSOE al margen del Parlamento".

Si, una vez alcanzado el acuerdo, PP y PSOE se dirigen al resto de partidos para que lo suscriban, Llamazares ha advertido de que "va a ser muy difícil" que estos partidos se sumen al acuerdo, "por razones de forma y de contenido". Según Llamazares, el pacto es "conservador" y "vuelve a dejar pendientes los temas fundamentales", como la "democratización de la Justicia", la "participación parlamentaria en la elección del CGPJ", "las garantías que se dan a los ciudadanos en los recursos de amparo al Tribunal Constitucional" y el tema del jurado.

Por su parte, la portavoz de Justicia del PNV en el Congreso, Margarita Uría, ha calificado el acuerdo de "burla" porque no ha tenido en cuenta a otras fuerzas parlamentarias. Por ello, ha anunciado que el PNV no lo suscribirá aunque pueda respaldar algunos puntos concretos del mismo cuando sean planteados en el Parlamento como Proyectos de Ley.

Convergencia i Unió, a través de un comunicado, se ha felicitado por la consecución del "positivo" acuerdo y ha recordado que "responde a la mayoría de propuestas" que los nacionalistas habían presentado al Ejecutivo. En concreto, se dice "absolutamente de acuerdo" con la fórmula de elección de los miembros del CGPJ.Sin embargo, en línea con otros grupos políticos, CiU lamenta que la firma del pacto no cuente con la presencia de otras fuerzas parlamentarias.

El Consejo General del Poder Judicial, a través de su portavoz, Benigno Varela, ha calificado de "ambicioso, realista, importante y decisivo", el pacto alcanzado para la reforma de la justicia. Varela se ha mostrado esperanzado en que "el tema de la justicia sea objeto de un tratamiento riguroso".

En cuanto a la fórmula pactada para la elección del CGPJ, Varela ha declarado su satisfacción, ya que, a su juicio, la nueva fórmula se ajusta más a la Constitución. Además, para Varela, esta reforma hace que la responsabilidad última de la elección de los vocales del CGPJ recae "sobre el cuerpo judicial", por lo que se acabará con la "denunciada aunque no real politización del CGPJ".

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la Carrera Judicial, Santiago Martínez-Vares, ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado ya que en su opinión supone "una nueva situación de pacificación y consolidación en el sistema de elección de vocales del CGPJ".

La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, coincide en que se trata de un acuerdo "histórico" con el que por primera vez "se ha desbloqueado el sistema de elección del CGPJ, el único órgano en el que no existía consenso, lo que causaba una permanente deslegitimación".

Sólo las asociaciones minoritarias de la judicatura, la Francisco de Vitoria y la Unión Judicial Independiente han criticado el texto del acuerdo, ya que entienden que se ha quedado corto.

La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales consideran "magnífico" y "extraordinariamente positivo" el pacto, aunque echan en falta una mención a nuevas medidas que potencien la independencia de la figura del fiscal general del Estado.