La Audiencia Nacional deja en libertad a los cinco acusados de promover el DNI vasco

Así lo ha acordado la sección cuarta de la Sala de lo Penal de este Tribunal en un auto en el que estima los recursos interpuestos por los cinco imputados contra los autos de prisión del juez Baltasar Garzón, que les acusa de pertenencia a banda armada.

Señala además que los cinco recurrentes -Carlos Trenor, concejal de EH en San Sebastián; Ignacio María O'Shea, ex miembro de la Mesa Nacional de HB; Mikel Aznar, responsable de la Fundación Joxemi Zumalabe; Sabino Ormazabal, jefe de opinión del diario Gara, y Mikel Zuluaga, autor del proyecto de desobediencia civil Pitzu Euskal Herria (Encender Euskal Herria)- "serán puestos hoy mismo en libertad, si no estuviesen privados de ella por otra causa".

La Sala explica que adopta esta decisión al haber solicitado el fiscal en la vista de los recursos, celebrada hoy en la Audiencia Nacional, que los cinco fueran puestos en libertad bajo fianza de dos millones de pesetas, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "la prisión no puede acordarse por el juez o Tribunal competente de no existir petición de alguna parte acusadora".

No obstante, la Sala ha decidido rebajar la fianza solicitada por el fiscal a medio millón de pesetas "atendiendo a las circunstancias personales de los recurrentes y al tiempo que llevan en prisión provisional".

El plazo establecido por el Tribunal para depositar estas fianzas finaliza a las 13.00 horas del próximo jueves 24 de mayo.

Según han informado fuentes jurídicas al término de la vista que se ha celebrado a puerta cerrada, el fiscal Enrique Molina ha pedido la libertad bajo fianza de los cinco al entender que no van a reincidir en los delitos que se les imputan, pendientes de calificación para el procesamiento, ni van a obstruir la investigación, dado el tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión.

Molina ha apreciado únicamente el riesgo de fuga que ha considerado se podría solventar con la fianza de dos millones de pesetas que ha solicitado para cada uno de ellos.

Por su parte, la defensa de los cinco recurrentes ha pedido al Tribunal que les dejara en libertad porque considera que los hechos que les imputa Garzón no son constitutivos de un delito de pertenencia a banda armada.

A este respecto, el fiscal ha expuesto que la posesión del DNI vasco no representa un hecho delictivo, pero sí lo es que la imposición para crear este documento proceda de la banda terrorista ETA.

Estrategia de "desobediencia civil"

Garzón decretó la prisión para estas cinco personas, después de que fueran detenidas en la operación Itzali (Apagar) por su presunta participación en la estrategia de "desobediencia civil" de ETA-EKIN para contribuir a la conformación de un Estado paralelo.

Según señala el juez en los autos de prisión, estas personas participan con mayor o menor intensidad en el proyecto Pitzu y aprecia asimismo la utilización por parte de EKIN de un organismo "alegal", ABK, y de la fundación Joxemi Zumalabe para poner en marcha la campaña de devolución del DNI.

Para el juez, una serie de documentos, entre ellos el titulado Pitzu Euskal Herria que le fue incautado al ex dirigente etarra José Javier Arizcuren Ruiz, Kantaturi, demuestran que tras la desaparición de KAS, es EKIN quien, a través de la fundación y de ABK, "asume la dinamización del proyecto desobediente de ETA", vinculado a los objetivos de construcción nacional de la banda.

En la operación Itzali fueron detenidas otras cuatro personas, de las que tres fueron puestas en libertad bajo fianza por orden del juez y otra sin cargos.