Ayuso recurre el decreto del Gobierno que limita la creación de ‘universidades chiringuito’ sin calidad

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la modificación del Real Decreto de creación y reconocimiento de universidades del Gobierno central, al considerar que esta normativa es “arbitraria”, ha sido elaborada “sin consenso” y vulnera las competencias autonómicas. El decreto contra las conocidas como universidades chiringuito ―patito o garaje en Latinoamérica— se aprobó en 2021 y se ha endurecido este año. España cuenta con 50 universidades públicas y 47 privadas. Pronto habrá sorpaso porque hay una decena de proyectos en marcha. Tres de ellos con informe desfavorable en Madrid.

Madrid considera que imponer un mínimo de 4.500 estudiantes, “en ningún caso responde al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas”. El Gobierno estima que con una cifra menor no existe masa crítica para hacer ciencia.

La Comunidad está también en contra de contar con tres escuelas de doctorado, invertir el 5% de su presupuesto en investigación, obtener el 2% de sus fondos en concursos competitivos o contar con una plantilla cualificada (50% de los profesores doctores en grado). Argumenta que son medidas que van en contra de la “libertad de mercado”.

Además del informe de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para poner en marcha una universidad, con la modificación del decreto se suma uno nuevo obligatorio y vinculante que va a ser elaborado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o las agencias correspondientes en las autonomías. Además, los promotores tendrán que demostrar su solvencia económica. En el anuncio del endurecimiento del decreto el pasado marzo, el presidente Pedro Sánchez fue muy duro contra los negocios académicos sin calidad. Habló de “academias” que no son universidades, sino “chiringuitos” que expenden títulos auspiciados por gobiernos autonómicos que han optado por “ahogar” a las públicas.

El Consejo de Gobierno madrileño tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, en opinión de la Comunidad de Madrid, “limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocida en la Constitución Española”. Madrid aprobará pronto su universidad privada número 15, IE University. La profusión de privadas es uno de los motivos por los que profesores y estudiantes de las universidades públicas madrileñas, sin presupuesto para ofertar más plazas en las carreras más demandadas, han convocado una huelga para el 26 y 27 de noviembre.

Madrid tiene encima de la mesa tres apuestas con informes muy negativos de la Conferencia de Política Universitaria, redactados por técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por sus carencias en investigación, plantilla o solvencia. “Se constata, después de rehacer el proyecto inicial, que los promotores ni tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad”, se afirma en el informe de la Abierta de Europa, el proyecto que va más avanzado. El fallo de la conferencia no es vinculante, de forma que queda en manos del Ejecutivo regional autorizar o no su creación en la Asamblea madrileña.

Las iniciativas Felipe II e Internacional de las Artes (hoy la escuela TAI) tampoco salen bien paradas. Los técnicos desconfían de su solvencia financiera. De TAI alertan: “Una de las sociedades promotoras ha sufrido pérdidas en los últimos años y la otra, aunque manifiesta disponer de recursos propios, no los integra en la sociedad Aula Abierta, que asumirá la responsabilidad jurídica”. Y de Felipe II alegan: “En el supuesto de que se cubra el 76% de la oferta, serían necesarios 17.009.060,18 euros para la puesta en marcha de la universidad y para asumir las pérdidas de los tres primeros años, siendo el capital social de la sociedad que dotará de personalidad jurídica a la universidad de 4.003.600 euros”.

El Ejecutivo autonómico precisa que el procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece “controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados”. Y que, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) que pretende aprobar este invierno incorporará mejoras a estos trámites, siempre en el marco de las competencias regionales. El Ministerio de Ciencia, a su vez, ha anunciado que recurrirá en los tribunales la Lesuc por invadir competencias nacionales.