Opinión
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¿Está preparado el sector privado para auditar las universidades públicas?

Sería deseable normas contables y presupuestarias comunes a todos los campus y que solo se encargue el control fiscal a auditores privados especializados

Usuarios de la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el pasado enero.
Usuarios de la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el pasado enero.UPO
Francisco Javier López Corrales|Mercedes Mareque Álvarez-Santullano

Las universidades públicas españolas están obligadas a depositar sus cuentas anuales en el registro del Tribunal de Cuentas de España o ante los órganos hermanos autonómicos (OCEX) y se fiscalizan ―un concepto más amplio que el de auditoría, porque además de las cuentas se incluyen criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia― en muchos casos cada cinco años. De modo que cada año las universidades públicas acuden al sector privado para auditar sus cuentas. ¿Qué tipo de auditoras se encargan? Hemos realizado un estudio empírico, que abarca de 2010-2018 sobre 42 universidades, y nos pone de manifiesto que las firmas Big4 (las cuatro grandes) son las más representativas, si bien existe un abanico amplio y dispar de empresas.

La OXEX afirma que para auditar las universidades públicas, además de la preparación genérica prescrita por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, hay que tener cualificación específica sobre el funcionamiento del sector público, especialmente en contabilidad pública y en derecho público. ¿Cumplen estos requisitos los auditores privados contratados? Tras analizar los informes de auditoría de nueve años hemos encontrado 567 salvedades, de las cuales 325 son limitaciones al alcance ―el auditor no pudo comprobar cierta información contenida en las cuentas anuales― y, 242 son errores u omisiones.

Algunos de los errores que hemos encontrado están relacionados con la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos, tales como, incumplimientos de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, cálculo del remanente de tesorería ; otros, relacionados con la situación económica- patrimonial, tales como, omisión de información en la memoria relacionada con la contabilidad de costes, la no existencia de un control interno la incorrecta contabilización de los gastos de I+D, de los fondos bibliográficos, de las patentes, de la periodificación de los ingresos de matrícula y un largo etcétera.

Tras analizar los informes de auditoría de nueve años hemos encontrado 567 salvedades

Algunas de las salvedades persisten año tras año, además de incrementarse y nos preguntamos ¿Para qué se auditan entonces las cuentas de las universidades públicas? Y nos hemos planteado en este estudio: ¿Qué normas contables aplican las universidades para su gestión? Va a depender de la autonomía a la que pertenecen, tomando siempre como referente la normativa estatal, en particular el Plan Contable Público del año 2010. Dado que algunas comunidades tienen una normativa contable “no actualizada”, esto lleva consigo que la información contable y presupuestaria entre universidades no sea comparable.

Por último, de cara a la transparencia de la información, las universidades deberían hacer constar en sus portales información sobre el techo de gasto, grado de cumplimiento de la regla de gasto, superávit/ déficit en términos de contabilidad nacional y otra información que debe conocer la opinión pública ya que no olvidemos que se financian con fondos públicos. Como reflexión, sería deseable que las universidades públicas dispongan de normas contables y presupuestarias comunes; auditores privados especializados deberían asumir la labor y las autonomías realizar fiscalizaciones con más regularidad.

Francisco Javier López Corrales y Mercedes Mareque Álvarez-Santullano son profesores del departamento de Economía Financiera de la Universidad de Vigo.

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