Conjura en Salamanca para mantener la universidad abierta

En una tierra, Castilla y León, que no se anda con miramientos los rectores de la Universidad de Salamanca (USAL) y Pontificia de Salamanca y el alcalde del PP se han conjurado para mantener las aulas abiertas, cumpliendo, claro, las normas sanitarias. Ricardo Rivero, Mirian Cortés y Carlos García Carbayo están dispuestos a enfrentarse para ello a los estudiantes díscolos, los colegios mayores o a algunos bares. EL PAÍS citó este martes a los tres gestores para hablar de este intrincado curso académico, vital para una población de 145.000 habitantes que se conserva eternamente joven gracias a sus 32.000 universitarios y sus 34.000 estudiantes de español.

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La Universidad es el sostén económico, cultural y promocional. Si cierra, caerán el comercio, la hostelería, el negocio inmobiliario y la vida social. Ya hay 36 estudiantes expulsados 15 días por no cumplir las medidas anticovid, mientras se contabilizan apenas 39 universitarios contagiados (33 de ellos en USAL) desde que arrancó el curso presencial, hace tres semanas en la Pontificia y una en la de Salamanca. La primera ha sometido a pruebas PCR a su plantilla y a los alumnos de Enfermería, y la segunda realiza un estudio serológico de toda su comunidad universitaria que ayudará a analizar la incidencia del virus en un colectivo.

El encuentro es por la mañana en el paraninfo de la Universidad de Salamanca (27.000 estudiantes, pública). Impone ese solemne salón de actos en el que Miguel de Unamuno, entonces rector, se enfrentó en 1936 al general Millán Astray. Nada más saludar al alcalde, la rectora de la Pontificia (4.500 alumnos, en manos de la Conferencia Episcopal Española), le pregunta preocupada por la situación en el hospital universitario. García Carbayo la tranquiliza. Tras 15 días con medidas de la fase 1, el escenario mejoró, pero proliferan las fiestas en pisos y las barras libres en bares. Los tres gestores se santiguan. En el cogote tienen el ejemplo de las ciudades de León y Palencia, confinadas desde el lunes pasado.

“En la primera semana he expulsado a siete alumnos y tengo otros casos pendientes, no podemos pasar ni una”, reconoce expeditivo Rivero antes de sentarse en una silla propia de un rey. La cifra de expulsados cautelarmente en la USAL subió a 36 el jueves. Aunque matiza: “Se está haciendo una generalización injusta por una minoría. La mayoría de los universitarios son muy conscientes de lo que está en juego”. El rectorado ha elaborado unos vídeos de concienciación junto con las delegaciones de alumnos de Medicina y Derecho protagonizados por los jóvenes.

El vicepresidente regional Francisco Igea (Ciudadanos) ha animado a otros rectores a sumarse a la penalización de Rivero: “Ha sido un ejemplo de compromiso con su ciudad”. La Pontificia no ha echado a ningún alumno, pero Cortés asegura que no le temblará el pulso en hacerlo. “No nos puede pasar como en Valencia”, justifica el rector el castigo. Allí cuatro fiestas universitarias tienen como saldo 168 contagiados y 20.000 alumnos de la Politécnica de Valencia sin clases presenciales. “No podemos tirar por la borda ser la ciudad universitaria por excelencia. Por eso he seguido con mucha alegría los trabajos de protocolos para el inicio de curso de forma presencial. No les dejaré de agradecer nunca el esfuerzo”, reconoce el alcalde. Su Ayuntamiento, algo inusual, concede becas de talento en las universidades y cuenta con una oficina de atención al estudiante de español, lo que da idea de la pujanza del sector.

Los números ratifican el interés municipal. El estudio El impacto económico de la Universidad de Salamanca (2016) estima el peso de la institución en 920 millones de euros. Eso supone el 7% del PIB provincial y sitúa a la USAL entre las 20 mayores entidades de Castilla y León. Los datos disgregados permiten conocer el consumo de los alumnos (159 millones), el de sus familiares (19 millones) o gastos propios en servicios (43,2 millones). “Esos datos creo que se quedan cortos, pero hay que ser prudentes”, valora Álvaro Juanes, presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca. Los 35.000 estudiantes de español, que vienen a lo grande y gastan unos 1.200 euros mensuales, suponen —según el Ayuntamiento— otros 50 millones. De la Pontificia no hay datos, pero atendiendo a su proporción su impacto rondará los 150 millones.

Rivero recuerda que las matriculaciones, como en el resto de España, no han caído pero en su caso tiene mérito porque el 70% no son de estudiantes salmantinos y corren el riesgo de pagar un piso cuando el curso puede irse a remoto. Lo mismo ocurre en la Pontificia y su rectora lo argumenta. “Desde que nos adaptamos al virtual, estuvimos trabajando para que este curso fuese presencial. El alumno busca específicamente Salamanca y no se le puede dar a través de una pantalla, quiere sus calles, su ambiente universitario, los 800 años de su universidad…”. La USAL fue fundada en 1218 y la Pontificia en 1940, pero desde 1254 había facultades de cánones y reyes.

Los erasmus, como en todo el país, también han descendido pero en menor porcentaje. En la USAL hay 600 erasmus, un tercio menos que el año pasado, mientras en las universidades catalanas han menguado al menos a la mitad. En paralelo, la Pontificia recibe a un centenar de erasmus, tan solo un 18% menos que el año pasado. “No notamos reticencias en los extranjeros. Tenemos un colegio lleno de alumnos de estudios eclesiásticos de Latinoamérica, Asia y África”, explica la rectora.

“En el Consejo de Universidades manifesté mi oposición a llevar todo a docencia online, porque creo que en la universidad los jóvenes conviven, aprenden de otras vivencias, comparten otras culturas y eso no se puede sustituir por nada”, sostiene Rivero. En Santiago y Granada, donde el peso de los universitarios también es enorme, sus universidades han apostado por la presencialidad. Pilar Aranda, rectora en Granada, lo tenía claro. Con la Alhambra sin turistas, la ciudad no podía renunciar a los 22.000 matriculados en grado de otras zonas de España (el 48% del total) y a sus 4.000 extranjeros.

En la Pontificia no ha habido expulsados, pero el director de su único colegio mayor, el Nuestra Señora de Guadalupe, Javier Mérida es tan simpático como tajante: “A los residentes les tengo fritos. En la charla del primer día se lo dije muy claro, este año empatía cero”. Mérida, licenciado en Derecho, ha incluido las medidas covid dentro de la normativa del colegio, de forma que al infractor se le pueda castigar desde la amonestación a la expulsión. “Sí, no son meras recomendaciones”, puntualiza. En lo peor de la pandemia una decena de médicos se hospedaron en el colegio —comían aislados en sus habitaciones que se limpiaban como si estuviesen contagiados— y esta situación extrema ha dejado mucha huella en este director treintañero.

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La pantalla de la recepción del Guadalupe sobrecoge al que llega. Parece una esquela en blanco y negro de grandes dimensiones. En realidad, informa del número de contagiados y muertos. Mérida ha optado por esta vía para concenciar, consciente de que los jóvenes leen poco la prensa. Por este vestíbulo, sin pararse a mirar, pasa con una tabla y una plancha Carla Martínez, estudiante de segundo de Comunicación. Este puente no ha viajado a Asturias porque su colectivo es foco evidente de contagio. “Si antes la cosa se desparramaba a las cinco de la mañana, ahora es a las once porque como cierran los bares todo se ha adelantado”. Carla reconoce que hay barras libres en las que con el desenfreno muchos terminan quitándose las mascarillas.

Juanes, presidente de los hosteleros, barre para su casa. “Los dueños de los bares deben de velar por que se cumplan las normas sanitarias, pero no son la policía. También está la responsabilidad de cada uno”. El alcalde, por su parte, explica que los 200 agentes municipales no dan abasto: comprueban que se cumplen las cuarentenas (penas de hasta 60.000 euros si no están en casa), multan las fiestas en pisos y vigilan en las zonas de bares. “Hay que ir a por la gente incumplidora, no que paguen justos por pecadores. Los estudiantes son bienvenidos, que disfruten de la ciudad”.

El lunes este diario comprobó cómo la policía nacional patrullaba por la zona de ocio en la que los estudiantes casi abarrotaban sin alboroto las terrazas que durante el día habían estado desiertas. “Este puente debíamos rondar el 100% de ocupación hotelera y andamos por el 30%”, calculaba Juanes a media mañana del viernes. El cierre de Madrid a las pocas horas truncó que mejoraran los datos del turismo, la otra gran fuente de ingresos de Salamanca. Todo parece jugarse a una carta, la universidad, y nadie quiere perderla.

Llega la hora de las fotos y los dos rectores y el alcalde posan en la Biblioteca General Histórica entre incunables, globos terráqueos y mapas. Ni hablar de quitarse la mascarilla aunque se les retrate distanciados. Deben dar ejemplo si tienen intención de sancionar.

34.000 estudiantes de español ya no buscan hospedaje

Salamanca es pura universidad —Miguel de Unamuno, fray Luis de León o la tuna— pero también tiene en la enseñanza del español una fuente de actividad y de ingresos. Cada año visitan la ciudad 34.000 estudiantes de español y permanecen entre dos semanas y casi un año, en el caso de los orientales. Pero este alumnado casi ha desaparecido. Miguel Benito, presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León, calcula que van a recibir un 94% menos de alumnos. La debacle es generalizada en toda España. International House —que imparte clases de español— ha echado el cierre definitivo a 7 de sus 21 centros, emplazados en Cataluña, Baleares y Aragón.

En Salamanca muchas escuelas están cerradas y la de Benito, la Miguel Delibes, mantiene a mucha plantilla en ERTE pero ha optado por reabrir por sus estudiantes chinos que llevan en la ciudad desde inicios de año. Por sus aulas pasan cada año 4.000 alumnos y en estos momentos hay matriculados 70 y se felicitan. Con cuenta gotas entran algunos nuevos: una nigeriana, una turca, un taiwanés... Muchos optaban por alojarse en familias para forzarse a hablar español. Un negocio al margen del fisco que va a pasar factura a cientos de hogares salmantinos.

Rosa Calzada y Enrique Clavero, de la escuela Tía Tula, creen que los ciudadanos no son conscientes del impacto del aprendizaje del español en la vida de la ciudad. “La mayoría de los alumnos dispone de un alto poder adquisitivo, viajan por España, salen, comen, les visita su familia...”. Ahora Tía Tula tiene 15 estudiantes.

Los alumnos acuden a hacerse un carné de descuentos a la oficina de atención al estudiante de español, dependiente del Ayuntamiento. Su directora, Carmen Ballesteros, se enorgullece de este espacio en el pórtico de la plaza Mayor. Allí les asesoran, pero también ella viaja por el mundo contando las bondades de estudiar en Salamanca y asegura que siempre hay retorno. Salamanca encuentra competencia en Granada, Valencia y Barcelona.

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