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Apagones y salidas a la caza de wifi: el reto de un curso virtual en la España donde no llega Internet

Las penalidades escolares durante el confinamiento en algunos pueblos de Castilla y León ilustran las dificultades que la educación rural puede volver a sufrir a partir de septiembre si no se aplican remedios

Juan Navarro
Daniel Heras (d) y su amigo Adrián buscan cobertura en Ventosa de la Cuesta (Valladolid).
Daniel Heras (d) y su amigo Adrián buscan cobertura en Ventosa de la Cuesta (Valladolid).Javier Álvarez

El debate sobre el 5G resulta marciano en el entorno educativo rural de Castilla y León, donde las caídas de luz dejan a chavales sin poder examinarse o la falta de cobertura impide asistir a clases por videoconferencia. La pandemia devolvió a casa a estudiantes de unos lugares donde las deficientes telecomunicaciones lastran la capacidad para mantener el ritmo. Un problema que viene de lejos y que provoca que en múltiples pueblos, con suerte, haya que subir al desván de la casa familiar para conseguir enviar un correo electrónico. Durante el confinamiento se sucedieron escenas de apagones en mitad de un examen a distancia, de padres arrimándose al wifi del Ayuntamiento para bajar los deberes por la mañana y para mandarlos de vuelta por la tarde, de alumnos que no podían conectarse a las videollamadas... Unas situaciones que pueden volver a repetirse el próximo curso en las zonas rurales si se complica la situación de la crisis sanitaria y no se solucionan antes algunas de sus más importantes carencias.

La Consejería de Fomento convocó en 2005 un programa de banda ancha para Castilla y León y mostraba el valor de Internet. Ya entonces admitían las complicaciones de la dispersión geográfica. Este programa sigue sin instalarse: han pasado 15 años sin que la conectividad castellanoleonesa haya progresado significativamente. El debate continúa: el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hace unas semanas en las Cortes que “se acelerará” para que todos los centros tengan “conexión ultrarrápida el próximo curso”.

La iniciativa Escuelas Conectadas promete dotar a los 1.360 centros escolares autonómicos de una línea “ultrarrápida” mediante una infraestructura Wi-Fi. La Junta firmó este convenio en diciembre de 2017 con el ministerio de Educación y el de Industria y en febrero de 2019 se asignó el contrato a la teleoperadora Orange por 30 millones de euros, de los que 11 proceden de arcas regionales. Portavoces de Educación afirman que, “tras la pandemia, los trabajos se agilizaron para que pueda estar terminado durante el primer trimestre del próximo curso”. En las aulas cruzan los dedos.

Los afectados anhelan que por fin la red llegue a estos municipios donde estudiar es toda una odisea. Como lo fue para Alicia Martínez, que cuenta que se quedó a oscuras en Almenar (un pueblo soriano de 200 habitantes) a las 8.49 del miércoles 17 de junio. En el momento menos oportuno: esta estudiante de Historia del Arte se encontraba en pleno examen a distancia de Técnicas artísticas. Describe la sucesión de nervios, frustración, un carrusel de correos electrónicos desesperados a un profesor afortunadamente comprensivo y la odiosa comparación con sus compañeras de la Universidad Complutense de Madrid que viven en ciudades donde estas cosas no pasan. “Las líneas están obsoletas, pasa a menudo”, lamenta. Su caso es uno más en Castilla y León, la región más extensa de Europa, repleta de pequeños núcleos donde acceder a Internet exige, cuanto menos, paciencia.

Los centros rurales agrupados han tenido que lidiar con la dispersión de sus pupilos, de diversas edades y procedencias, que en condiciones ordinarias se reúnen en una escuela comarcal. Las maestras de Monteagudo de las Vicarías (Soria, 185 habitantes) han sufrido la falta de cobertura: ni siquiera las tarjetas con conexión SIM que les suministró la Junta garantizaban acceder a la red. Ángela Ochoa expresa la complejidad de educar así, más cuando muchas familias carecen de “conocimiento tecnológico” para emplear estos dispositivos y tuvieron que explicárselo por WhatsApp con el agravante del idioma, pues la mitad de sus ocho alumnos son de ascendencia árabe y sus padres no manejan bien el castellano. Tampoco todos tienen recursos para pagar Internet; el claustro recurría a sus móviles personales para enviarles los archivos e intentar proseguir la lección. El plan de la Junta incluye adquirir 10.000 dispositivos para prestárselos a los alumnos y “reducir la denominada brecha digital”. Daniel Heras, de 12 años, explica que en Ventosa de la Cuesta (Valladolid, 108 habitantes) él y sus amigos apenas han tenido problemas porque tienen red en casa. Si no, admite, tendrían que confiar en la línea pública, que opera con más dificultad entre vastas extensiones de campo amarillo.

Daniel Heras (en primer plano) y su amigo Adrián buscan cobertura en Ventosa de la Cuesta (Valladolid).
Daniel Heras (en primer plano) y su amigo Adrián buscan cobertura en Ventosa de la Cuesta (Valladolid).Javier Álvarez

Los docentes han tenido que “apañarse”, continúa Ochoa, para encargar y recibir tareas. Para ello les tocaba “mandar la misma cosa por tres vías distintas hasta que llegaba”, y es que los correos electrónicos, las plataformas de archivos compartidos o las aplicaciones de mensajería instantánea no siempre funcionan por igual. “Se nota mucho que han quedado rezagados, tendrán más dificultades que en ciudades con mejores conexiones”, advierte la profesora. Los educadores lo han intentado y se han ayudado para apoyar a los colegiales: le han enseñado a Martín, el ya mayor cura del pueblo encargado de Religión, a subir archivos a Google Drive.

La unión y la solidaridad han contribuido al mejor rendimiento posible de las clases a distancia. La Guardia Civil permitió a las maestras acudir al colegio cuando necesitaban materiales o imprimir documentos y el wifi público del Ayuntamiento de Monteagudo, explica la profesora Ángela Calleja, sirvió para que los adultos se acercaran para conectarse, descargaran los deberes, los niños los realizaran en casa y después los mayores hiciesen el camino inverso para reenviárselos a los maestros. El confinamiento dificultó estos trámites, admite Calleja, quien aplaude la voluntad de madres y padres para aprovechar que volvían de trabajar para dar un rodeo y conseguir que los contenidos que necesitaban los chavales. “Si se hubiese suspendido el curso apenas habría habido diferencia”, cree Calleja, que teme que se haya “creado ansiedad a las familias” que no tenían medios.

La hermana de Inés Martínez, Alicia, que cursa tercero de la ESO, agradece la implicación del profesorado: “Nos han facilitado el trabajo. Si no, es imposible”. La chica explica que podía estar horas “bajando el tamaño de archivos” para adjuntarlos a un correo electrónico. Ese problema no lo tenían sus compañeras, que viven en la ciudad de Soria. Todo, coordinándose con su familia para no exigir demasiado a la red al mismo tiempo.

Implicación e innovación rural

La ausencia de Internet ha provocado que se suspendan clases que apenas cuentan con tres alumnas, como las de Chema Mezquita en el bachillerato de Alcañices (Zamora). Había mañanas, dice el especialista en Economía, que fallaban dos porque en su zona no había red. “Mejor dejarlo para otro día”, asumió Mezquita, quien insiste que las clases reducidas “se gestionan bien si hay buenas conexiones” a base de “flexibilidad y resiliencia” e incluso lecciones los fines de semana. Ester Martín, residente de 16 años en el pequeño Brandilanes, es una de esas pupilas que “van como tiros” pese al hartazgo de la ausencia de cobertura.

“¡Puf!¿Y qué hacemos cuando no va el wifi?”, se preguntaban. A veces iban al Ayuntamiento si tenían examen; otras descargaban clases grabadas en vídeo aunque no pudieran resolver inmediatamente las dudas que aparecieran. “Era poco productivo”, admite Ester. Por ello, le pidieron horas extra a Chema para satisfacer sus ganas de aprender la estructura políticoadministrativa española. El profesor subraya: “Con alumnos implicados puedes hacer barbaridades”. Incluso a distancia. La pandemia ha frustrado sus planes de llevarlas a una sesión en el Congreso de los Diputados.

Las inoperatividad de las tarjetas SIM de los teléfonos móviles que también recibieron no impidió que un profesorado “dinámico” y acostumbrado a las dificultades se adaptara: la responsable de Lengua creó un scape-room virtual con Literatura y Mezquita confiesa que le costó superarlo. “Los profesores nos hemos sacrificado”, reconoce. Vale la pena. Su voz se hincha de orgullo al citar una carta que le han enviado a la Defensora del Pueblo Europeo tras leer en la web de la Comisión, en todos los idiomas comunitarios, unos textos que entendieron que “fomentaban el odio” porque recogen que las oleadas de refugiados suponen un reto para la Unión Europea y a continuación señalan que Europa ha sido “objetivo de ataques terroristas”. Sus alumnas consideraron que vinculaba el terrorismo con las migraciones y se lo notificaron a las instituciones por correo electrónico. Ahora aguardan respuesta, si la cobertura zamorana lo permite.

Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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