Instrumentos para innovar en las políticas públicas

La economía española alcanzará en este ejercicio niveles récord en recaudación fiscal y sigue siendo una de las mayores receptoras de fondos europeos. A pesar de esta coyuntura tan favorable, la presión del gasto social obliga a todas las administraciones a innovar en la gestión de sus políticas públicas ante un horizonte presupuestario cada vez más restrictivo.

La demanda de vivienda por parte de amplios sectores de nuestra sociedad, el acceso a financiación de los emprendedores o el impulso a la inversión de impacto social, son solo algunos ejemplos de los grandes retos a los que se enfrenta el gasto público. Innovar en el diseño de políticas públicas, alejándose del concepto tradicional de subvención, es condición necesaria para que su absorción se realice con la eficacia y dimensión que estos desafíos requieren.

En este contexto, la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español ha dado protagonismo a las ayudas públicas reembolsables, como los préstamos, las garantías o los instrumentos de capital, movilizando hasta 84.000 millones de euros. Para implementar esta labor, el modelo de apoyo financiero que se ha consolidado es el de ventanilla múltiple (ICO, ENISA, CDTI, Cofides, SETT), tanto en el seno de la administración central como a través de las agencias de desarrollo regional. Sin embargo, la evidencia demuestra que, pese a los avances, la coherencia del mapa institucional y la accesibilidad a los recursos siguen siendo limitadas: existen muchos organismos especializados, no siempre con suficiente visibilidad, y escasa evaluación compartida de resultados e impactos, lo que dificulta el aprendizaje conjunto del ecosistema de agentes públicos y privados.

Aunque algunas de estas entidades acumulan una larga experiencia en la gestión de instrumentos financieros, para otras constituye un reto que exige dimensionarse y profesionalizarse. Su papel no debe limitarse a ejecutar líneas de financiación, sino también a identificar fallos de mercado y canalizar financiación pública hacia proyectos estratégicos, capaces de generar recursos reutilizables en el futuro.

Por ello, es clave que estas entidades evalúen la coherencia, pertinencia, resultados e impactos de sus líneas de financiación, tanto en la fase de diseño como a lo largo de la vida de los instrumentos. Solo a través de indicadores claros de eficacia, adicionalidad y consistencia podrán modular sus intervenciones y optimizar el uso de recursos públicos en el encaje del conjunto del sistema. Y en paralelo, ministerios y consejerías harían bien en apoyarse en estas entidades como laboratorios para impulsar políticas que exploren nuevos instrumentos de colaboración público-privada y de coordinación entre administraciones. Especialmente en aquellos ámbitos en donde se detectan ventajas competitivas o prioridades de inversión para nuestra economía, que está generando un excedente de ahorro a un ritmo superior a los tres puntos de PIB cada año.