¿Y si premiamos la inversión?

Esta semana, Eurostat publicó datos sobre las previsiones de inversión en Europa, que se situarán apenas un 1% por encima de los niveles previos a la pandemia, en claro contraste con EE UU, donde alcanza el 15 %. En España, en un contexto marcado por el cumplimiento de los objetivos de déficit, el debate se centra en la reforma fiscal propuesta para 2025. De todas sus medidas destacaban la subida de los tipos del ahorro del 28% al 30% en IRPF para el último tramo, el gravamen a banca y energéticas y la supresión del régimen tributario de las socimis.

Sin embargo, hay una que ha pasado desapercibida: la enmienda 101. Esta consiste en ampliar la “reserva de capitalización” del Impuesto sobre Sociedades, un incentivo para que las empresas capitalicen sus beneficios mediante reducciones en la base imponible. La novedad de esta enmienda está en la ampliación de los porcentajes de reducción, que están condicionados a la creación y mantenimiento de empleo.

Pero, ¿y si no solo premiamos el ahorro corporativo y la contratación? ¿Por qué no extender los incentivos fiscales a la inversión corporativa? ¿Por qué no trasladar los beneficios fiscales de los inversores individuales en start-ups tecnológicas al Impuesto sobre Sociedades e incluir, también, sectores como el industrial además del tecnológico?

En España, según los índices del INE, el nivel de inversión industrial actual (108,6) no se ha recuperado todavía del nivel prepandemia (118,3 en 2018), ni claramente ha recuperado los niveles de 2008 (121,9), pero al mismo tiempo vive un momento singular en materia de capital riesgo: existen registrados en la CNMV una variedad de vehículos destinados a la inversión de capital fijo, como sociedades y fondos de capital riesgo españoles y europeos, fondos de emprendimiento social, etcétera. Además, gracias a la Ley Crea y Crece, se ha abierto el mercado para minoristas, lo que supone un potencial inversor de 40.000 millones de euros.

En este contexto, la enmienda 101 (si finalmente se aprueba) podría ser un primer paso para abrir el camino a incentivar la inversión corporativa, creando figuras específicas como, por ejemplo, una “reserva para la inversión corporativa”; y abrir un camino ideal para fortalecer y expandir nuestro tejido empresarial, diversificar la economía reduciendo la dependencia del turismo y del sector servicios en general, generando así empleos de calidad y de alto valor añadido.

Con estos datos de inversión en España, y en un contexto geopolítico complicado, se necesitan políticas fiscales que impulsen la producción interna, tal como señaló el informe Draghi. Al mismo tiempo, el resultado de las elecciones estadounidenses subraya la importancia de impulsar la inversión en Europa. Quizás este podría ser un momento idóneo para que España se plantee liderar un cambio fiscal audaz, que incentive fiscalmente no solo la capitalización empresarial, sino también la inversión en empresas de sectores clave que marcarán nuestro futuro económico.