Políticas que transforman vidas en base a la evidencia científica

La pandemia de la covid-19 supuso un duro golpe para muchas familias. En algunas, agravó una situación de vulnerabilidad que ya atravesaban desde hacía tiempo. Este fue el caso de Manuel. La pandemia le dejó con graves problemas de salud, sin empleo y posteriormente sin hogar. Con esa crudeza nos lo relató el pasado mes de febrero en un evento organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero tras tocar fondo, Manuel logró reconstruir su vida. Solicitó el Ingreso Mínimo Vital, que le proporcionó una base económica desde la cual empezar a construir. Esta prestación le dio la seguridad necesaria y el espacio mental para ocuparse de asuntos más allá de cómo llegar al final del día. Empezó a buscar trabajo y a día de hoy dirige una pequeña empresa que gestiona cuatro ligas regionales de fútbol sala. Unos meses más tarde, renunció a la prestación porque ya no la necesitaba. En sus propias palabras, renunció para que se la dieran a otra persona que la necesitara más.

Rara vez nos detenemos a reflexionar sobre el impacto transformador que las políticas públicas tienen en la vida de las personas. El sistema público de pensiones, la sanidad pública, el sistema de desempleo, las prestaciones por discapacidad, entre otros, constituyen una red de protección que se activa cuando las personas más lo necesitan. Esta acción protectora se refuerza con voluntad política y liderazgo claro, como se demostró con la puesta en marcha del escudo social que impidió que 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza durante la pandemia.

Pero las políticas públicas son mucho más que una red de protección. Como en el caso de Manuel, actúan también como una palanca para impulsar cambios en trayectorias vitales y fomentar la activación laboral. Sin embargo, para que desplieguen todo su potencial transformador, a menudo es necesario que se complementen con otras medidas adicionales. Manuel nos relató que hubo dos elementos indispensables detrás de su increíble historia de superación. El primero, como mencioné anteriormente, fue percibir el Ingreso Mínimo Vital. El segundo fue el acompañamiento social que obtuvo de Hogar Sí, una entidad del tercer sector enfocada en la lucha del sinhogarismo. Esta entidad le proporcionó servicios y ayudas adicionales. Pero sobre todo le ofreció una mano tendida, alguien que le escuchó y le dijo que confiaba en él. Día a día en nuestro país, trabajadoras y trabajadores sociales, educadores, psicólogos, de entidades locales, autonómicas y del tercer sector son fundamentales para catalizar estos procesos de progreso y superar las situaciones de exclusión social.

El Ingreso Mínimo Vital, al igual que la mayoría de las políticas de rentas mínimas en otros países, se configura como una prestación económica que va acompañada de estrategias de inclusión e inserción laboral para los beneficiarios. En el caso del Ingreso Mínimo Vital y ante el gran abanico de potenciales estrategias y programas, se decidió apostar por una primera fase basada en la experimentación. El objetivo era evaluar diferentes enfoques y ver qué funciona mejor para después usarlo como base en el escalado de los programas a las políticas públicas. Así nació el Laboratorio de Políticas de Inclusión en el cual durante los últimos tres años se han llevado a cabo 32 proyectos piloto por todo el territorio español y en el que han participado 90.000 personas. Los proyectos, financiados mediante el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y los fondos NextGenEU, han sido implementados por comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del tercer sector, mientras que la evaluación ha sido llevada a cabo por la Secretaría General de Inclusión.

Uno de los aspectos que hace única esta iniciativa es que los proyectos han sido evaluados conforme a los más altos estándares científicos, en concreto, mediante ensayos aleatorizados. Esta metodología, análoga a los ensayos clínicos en medicina, consiste dividir de manera aleatoria a una población en dos grupos e implementar el programa sólo en uno de ellos. Al finalizar el programa, se comparan los resultados de ambos grupos. Si el grupo de tratamiento muestra un mejor desempeño que el grupo de control, podemos atribuir esta diferencia al impacto causal del programa. Para llevar a cabo estas evaluaciones, la Secretaría General de Inclusión estableció alianzas estratégicas con dos instituciones académicas de reconocido prestigio, el CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y Financieros) y el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), dirigido por los Premios Nobel de Economía Esther Duflo y Abhijt Banerjee.

El pasado 17 de junio, tuvimos oportunidad de presentar los resultados de esta iniciativa en un evento organizado por el Ministerio de Inclusión. La Ministra Elma Saiz estuvo acompañada por el profesor del Massachusetts Institute of Technology, Abhijit Banerjee. Ambos pusieron en valor el Laboratorio, como una experiencia pionera en el mundo por el elevado número de evaluaciones experimentales impulsadas desde una administración pública. La iniciativa ha despertado un gran interés en diversos organismos internacionales y, en concreto, en la Comisión Europea, donde es valorada como un caso de éxito y un modelo de futuro para el uso de fondos europeos donde la evaluación y generación de evidencias se ponen en el centro del ejercicio de la política pública.

Los resultados del laboratorio apuntan a que las estrategias de inclusión, cuando están bien diseñadas y son efectivas, constituyen una pieza clave en la inserción socio-laboral de los colectivos en situación de exclusión social. No solo es una cuestión de justicia social reforzar la inclusión de las personas más desfavorecidas, sino que también es altamente rentable. Las medidas de acompañamiento constituyen una inversión social, donde el coste de proporcionar un acompañamiento de calidad se compensa ampliamente con la reducción en el grado de dependencia de las prestaciones y con la mejora en la inserción laboral.

Debemos seguir avanzando en promover medidas de acompañamiento en base a las mejores prácticas y evidencias. De esta manera, conseguiremos que, cuando personas como Manuel se enfrenten al próximo bache, el Estado les tienda la mano para proporcionarles los mejores apoyos para impulsar sus vidas.

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