Catástrofes naturales: implicaciones económicas y financieras

Las catástrofes naturales se han convertido, desgraciadamente, en eventos demasiado habituales que acarrean un dramático impacto en términos de vidas humanas, pero que también traen asociados importantes daños materiales con implicaciones económicas y financieras, directas e indirectas, sobre un creciente número de personas, tanto por la cada vez mayor intensidad de los eventos catastróficos como por la creciente interrelación de actividades afectadas por los mismos.

Dentro de la amplia gama de eventos catastróficos, es habitual distinguir entre dos grandes categorías: fenómenos de alta frecuencia y de intensidad moderada; y fenómenos de muy reducida probabilidad, pero de una intensidad e implicaciones mucho más graves.

Las primeras son probablemente las más directamente relacionables con el cambio climático y la acción humana. Entre ellas cabe considerar las sequías, inundaciones, incendios, tornados o tormentas convectivas, etc. Las segundas abarcarían los grandes movimientos geológicos, como terremotos, maremotos o tsunamis, de aparición mucho más infrecuente, pero con efectos mucho más devastadores, tanto en términos de vidas humanas como en pérdidas materiales.

Un reciente estudio publicado por AON (‘Climate and Catastroph Insight’) aporta una gran riqueza estadística sobre las catástrofes naturales ocurridas durante el siglo XXI a escala global y su distribución por categorías y localización geográfica.

Algunas evidencias merecen destacarse. Las series históricas de daños, tanto personales como materiales, presentan una cierta estabilidad cuando predominan los eventos crónicos, que son menos dañinos individualmente, pero mucho más frecuentes. De acuerdo con el mencionado estudio, estos eventos causan la muerte de alrededor de 50.000 personas al año y tienen asociadas unas pérdidas económicas superiores a 100.000 millones de dólares, sobre los que hay un gran consenso y evidencia científica en cuanto a su relación con el cambio climático.

En España predominan ese tipo de eventos crónicos, asociados sobre todo a sequías, incendios o inundaciones, que se cobran alrededor de 40 vidas cada año, cifra que se ha acercado al centenar en los años de grandes olas de calor, como 2003 y 2019.

Las pérdidas económicas derivadas de este tipo de eventos de carácter crónico son mucho más difíciles de cuantificar que en el caso de grandes eventos “geológicos, en los que predomina la destrucción masiva de infraestructuras y edificios. La revista Empresa Global de Afi dedicó su número de febrero a la estimación de las pérdidas asociadas a eventos catastróficos de carácter crónico, en los que resulta necesario estimar tanto los efectos directos (pérdida de valor de activos afectados, por destrucción o imposibilidad temporal de uso), como los indirectos, mediante metodologías basadas en las tablas input-output, para recoger los efectos en cadena de dicha disrupción temporal en activos productivos. De acuerdo con dichas estimaciones, las pérdidas en España se hallarían en el entorno de 3.000 a 5.000 millones de euros anuales.

Junto a esa cuantificación de pérdidas económicas asociadas a catástrofes naturales, un aspecto de gran relevancia es el grado de aseguramiento de los mismos. Los datos apuntan a que el grado de aseguramiento ante los eventos crónicos es mucho más elevado que frente a los eventos esporádicos, pero en todo caso con importantes divergencias entre áreas geográficas, siendo Estados Unidos el país que muestra un mayor grado de aseguramiento de riesgos crónicos, sobre todo frente a tornados y tormentas convectivas, donde más del 60% de los daños producidos estarían asegurados. España presenta un elevado grado de aseguramiento, en torno al 50%, superior al de la media europea y muy superior al de otras áreas geográficas. Ese elevado grado de aseguramiento en España respondería al mencionado carácter crónico de los riesgos asegurados (sobre todo sequía, pero también pedriscos, inundaciones, etc.) y a la tradición y bien contrastada experiencia del sistema de Agroseguro y del Consorcio de Compensación de Seguros.

Frente a la razonable estabilidad y, por tanto, carácter asegurable, de los eventos crónicos, las grandes catástrofes naturales, sobre todo de origen geológico, se manifiestan de manera mucho más imprevisible y con impactos mucho más dañinos, tanto en vidas humanas como en pérdidas económicas. El último de dichos eventos sería el reciente terremoto que asoló Siria y Turquía, con la pérdida de casi 60.000 vidas humanas, o el terremoto en Haití o el tsunami en Indonesia, con más de 200.000 vidas segadas en cada uno de ellos.

La imprevisibilidad de dichos eventos extremos, y la extraordinaria morbilidad de los mismos, hace mucho más complejo su aseguramiento, que es mucho más reducido que en el caso de eventos crónicos. Por ello, ante dichos eventos extremos cobra mayor importancia la prevención.

Por otra parte, cada vez es mayor la disponibilidad, granularidad e interrelación de los datos referidos a catástrofes naturales, lo que constituye un requisito previo para poder afrontar la gestión y, sobre todo, la prevención de las mismas con una mayor efectividad y minimización de daños. Ese foco en la prevención, más que en la gestión de los desastres, es la base del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de Naciones Unidas, acordado en dicha localidad japonesa en 2015, justo el mismo año del acuerdo de Paris sobre el cambio climático, del cual sería el acompañante natural. De hecho, el alcance de Sendai se amplía, respecto de su antecesor (acuerdo de Hyogo), para contemplar las amenazas y riesgos de origen humano, así como las ambientales, tecnológicas y biológicas, más allá de las naturales.

Vulnerabilidad, resiliencia y riesgo son los tres conceptos básicos para la gestión de los riesgos extraordinarios y que condicionan la magnitud del impacto de un desastre o catástrofe. Las medidas específicas que Sendai dicta a los Estados para que las adopten en todos los sectores y en todos los niveles (local, nacional, regional y mundial) se estructuran en cuatro prioridades: comprender el riesgo de desastres; fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo; invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor.

En el caso español, además de contar con un marco de gestión del riesgo de catástrofes coherente con la estrategia de adaptación al cambio climático, existen desde hace muchos años una serie de instituciones e instrumentos muy singulares que son consideradas muy buenas prácticas a nivel internacional. Entre ellos destaca el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para la cobertura de riesgos extraordinarios; la Unidad Militar de Emergencia (UME), creada en el año 2005 para “intervenir en caso de grave riesgo, catástrofe, calamidad pública u otras” y la más novedosa, como es el sistema de alerta ES-ALERT (una suerte de 112 inverso), administrado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Está activo desde febrero de 2023 en cumplimiento de la Directiva 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, y tuvimos el placer de experimentar el pasado mes de junio en una prueba piloto que, dada la repercusión, puede afirmarse que funcionó.

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