Así son los retos agrarios de España durante la presidencia de la UE

El Ministerio de Agricultura defenderá durante el periodo de la presidencia de la Unión Europea (UE) que ostenta en este semestre el Gobierno español un equilibrio entre dos posiciones en muchos puntos enfrentadas. Por un lado, las exigencias de la Política Verde, buenas prácticas medioambientales y la Estrategia “De la Granja a la Mesa”. Por la otra parte, la necesidad de una actividad agraria fuerte, competitiva y rentable capaz de ofrecer autoabastecimiento alimentario a la población con eficiencia como se ha puesto de manifiesto con la invasión de Ucrania, en un medio rural vivo.

Estos objetivos coinciden con los previstos en el acta para la constitución de la Unión Europea en Roma en 1957 donde se contemplaba el incremento de la productividad, asegurar el nivel de vida de los agricultores, luchar contra los retos de la estabilidad de los mercados ya garantizar una seguridad en los abastecimientos a precios razonables.

A lo largo del mes de julio están previstos los debates sobre la propuesta de reglamento para el uso sostenible de fertilizantes y de los productos fitosanitarios cuya aplicación puede provocar una reducción de los rendimientos en la actividad agrícola. Estudios independientes hechos desde la propia Comisión ya auguraban un descenso en la producción de más de un 20% con su ejecución. España apuesta en este periodo por su aplicación progresiva para que no se produzcan situaciones traumáticas para los productores y tampoco para los consumidores. A esta estrategia se ha venido a sumar la propuesta de reglamento de Restauración de la Naturaleza que supondrías más exigencias y abandonos y que, en principio no ha pasado el filtro del Parlamento.

Bienestar animal

Durante el periodo de la presidencia española, Bruselas debe plantear las nuevas exigencias en materia de bienestar animal por las que los ganaderos en explotaciones intensivas, especialmente para la avicultura y el porcino, deberán aumentar la superficie en la granja por unidad, lo que obligaría a reducir cabañas, aumentar costes fijos, con incremento de los precio, o apostar por ampliar instalaciones con el coste correspondiente y siempre que cuenten con las licencias correspondientes, cada día más difíciles de conseguir en el territorio rural.

Una tercera actuación e iniciativa importante de la Administración agraria española, es tratar de impulsar la innovación y el desarrollo y muy concretamente las posibilidades de la evolución en base a la genética, tanto en relación con las plantas como en las cabañas ganaderas desde la perspectiva de combatir nuevas enfermedades, plagas o la política varietal de semillas frente a la sequía. En esta dirección, el ministro de Agricultura, Luis Planas, tiene previsto abordar este tema en la reunión con sus homólogos europeos a celebrar en octubre en su tierra, en Córdoba. La presencia de Planas dependerá obviamente del resultados de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio.

España tiene además interés en analizar la situación de las denominaciones de calidad, IGP, DO, etc, mejorar o clarificar la denominación de cada una para que efectivamente cumplan con los objetivos que se pretenden con las mismas.

Al margen de estas acciones más concretas y basadas en el equilibrio, globalmente España pretende el impulso y la defensa de políticas que aboguen por una seguridad alimentaria, que la población pueda adquirir los bienes alimentarios a precios accesibles, pero, sobre todo, a que ello se logre fundamentalmente con una soberanía alimentaria o, lo que es lo mismo, en base a producciones propias y evitando en lo posible una fuerte dependencia exterior para evitar situaciones de crisis como la derivada de la invasión de Ucrania y la falta de aprovisionamiento de algunas materias primas.

En este sentido, Agricultura, en total acuerdo con las peticiones planteadas por las organizaciones agrarias, aboga por unos mecanismos de entrada en frontera donde, además de controles de las producciones en volumen, funcionen los mecanismos correspondientes para que los productos importados cumplan con las misma condiciones en la producción que las exigidas a los productores comunitarios. Es la llamada cláusula “espejo” que planteó y defendió España en Bruselas en los últimos años, frente a las importaciones, pero sobre cuya aplicación por parte de las autoridades comunitarias dominan las dudas. Los consumidores de los países del centro y norte de Europa impusieron esas políticas y, muchos productos, como el tomate, disfrutan de una autopista de entrada donde no se aplicaron esas exigencias en detrimento de los países productores del sur.

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