La que se avecina

Hace pocas semanas, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) publicó su sexto informe de síntesis recogiendo el consenso científico sobre los factores que causan el cambio climático, sus impactos, riesgos y cómo las políticas de mitigación y adaptación pueden reducirlos. El panorama que dibuja el documento es sombrío: la ventana de oportunidad para actuar se sigue cerrando. La emisión de dióxido de carbono registró un máximo histórico en 2022, y las previsiones basadas en las políticas vigentes o incluso en compromisos anunciados (que van mejorando) quedan aún muy lejos de ser consistentes con limitar el calentamiento global a 1,5 grados este siglo.

Esta lentitud en la mejora de las políticas es especialmente relevante en un fenómeno físico que es muy inercial: aunque se diesen ya caídas intensas y sostenidas de emisiones a la atmósfera, la concentración de gases de efecto invernadero y, por tanto, la temperatura, tardaría en reaccionar a la baja no uno o dos años, sino tres o cuatro quinquenios. Por eso hay que acompañar (no sustituir) las políticas de reducción de emisiones con medidas que faciliten la adaptación a eventos (sequías, incendios, tormentas, inundaciones…) que son más severos y frecuentes.

¿Cómo lograrlo? El diagnóstico es bien conocido: incentivar decisiones de gasto, inversión y financiación que reduzcan emisiones a la atmósfera encareciendo (o simplemente poniendo un precio cuando no lo hay) las transacciones económicas que las aumentan, y redistribuyendo para compensar a las regiones, las empresas y los hogares más expuestos y con menos capacidad de reacción, tanto en las economías emergentes como en las más desarrolladas. Proteger un bien público global, el clima, exige medidas coordinadas globalmente, y aunque hay una “carrera climática” entre China, Europa y EE UU, la descarbonización está siendo más un instrumento para lograr autonomía estratégica en un escenario geopolítico complejo que un fin en sí mismo. Y la falta de coordinación internacional es determinante para que no esté aumentando suficientemente la financiación climática. Faltan datos comparables y confiables, gobernanza común, proyectos climáticos homologables y colaboración público-privada con organizaciones multilaterales para establecer, por ejemplo, mecanismos de compartición de riesgos de financiación climática.

No es gratis, pero como muestra un trabajo publicado recientemente por BBVA Research, la caída del bienestar económico en la OCDE por internalizar el coste que generan para la sociedad las emisiones de gases de efecto invernadero es más que asumible, y permitiría evitar los peores escenarios futuros de calentamiento global. No será por falta de avisos de la que se avecina, y de saber lo que hay que hacer para evitar que termine resultando que aquí no hay quien viva.

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