Impuestos contra el impuesto más cruel

Suele decirse que la inflación es el impuesto más cruel. Cuando los precios crecen más que las rentas del trabajo se produce una pérdida de poder adquisitivo que afecta a la mayoría de los hogares. No es extraño que sea una de las mayores preocupaciones económicas de la sociedad. Robert Shiller escribió un influyente ensayo sobre las actitudes sociales ante la inflación en el que mostraba que, cuando alcanza niveles elevados, puede llegar a ser percibida como el principal problema económico del país.

Dado que el consumo es una actividad cotidiana para todas las personas y que los precios ocupan un lugar central en sus preocupaciones, la inflación causa gran inquietud social. La palabra inflación es, de hecho, uno de los términos económicos más utilizados por los ciudadanos, como demuestra una consulta rápida en cualquier buscador. Sus efectos no son iguales, sin embargo, para toda la población. Supone una carga más pesada sobre las rentas más bajas, sobre todo si afecta más a los productos básicos, que son en los que más gastan. Debido a las diferencias en la composición del consumo, en el otoño de 2022 la inflación fue más de un punto mayor en la decila (10%) más pobre que en la más rica.

Aunque el alza de los precios se ha ido moderando, los alimentos se han seguido encareciendo. Al suponer más de una quinta parte del gasto total en el grupo con menos renta y poco más del 10% en el más rico, las consecuencias para los hogares vulnerables son mucho más adversas. Estos últimos son, además, especialmente sensibles a la subida de tipos de interés con la que el Banco Central Europeo (BCE) ha tratado de detener el crecimiento de los precios. La inevitabilidad de este sufrimiento social, esgrimida por quienes defienden esa estrategia, es, cuando menos, cuestionable. Como escribió en este mismo suplemento Joseph Stiglitz hace semanas, los posibles logros en términos de reducción de la inflación como resultado de la estrategia del BCE son mínimos en comparación con lo que ya era previsible sin necesidad de intervención, como la relajación de los cuellos de botella en las cadenas de suministro o el abaratamiento de la energía.

La combinación de altos precios de los productos básicos y aumento de los tipos de interés puede causar efectos negativos duraderos sobre el bienestar de las familias. Combatirlos debe ser una prioridad en la agenda política. Así se recoge en el paquete de medidas anticrisis aprobado a finales de 2022, que incluyó la reducción e inaplicación temporal del IVA a los alimentos básicos. Se optó por utilizar un impuesto estándar para combatir otro más cruel.

Las reducciones del IVA, sin embargo, pueden no ser eficaces. La selección de los productos en los que se aplican no siempre es idónea y, sobre todo, la última decisión la tienen quienes venden los productos. La correspondencia entre la rebaja aplicada por el Gobierno y el precio final puede no ser directa, con el riesgo de que la bajada de impuestos se traslade a los márgenes empresariales. La patronal de las cadenas distribuidoras aduce que cuanto más cerca está el producto del consumidor, más difícil es ampliar los márgenes. La realidad es que la diferencia entre los precios en origen y destino de los productos agrícolas y ganaderos se amplió a un ritmo veloz antes de esa medida.

Con independencia del posible traslado a los márgenes de las empresas distribuidoras, puede que tampoco afecte significativamente a las pautas de gasto de los consumidores. Existe el riesgo de que los efectos positivos sean limitados, y las pérdidas de recaudación, no desdeñables. La experiencia de la bajada de tipos del IVA en Alemania durante la pandemia se saldó con una contribución muy limitada al estímulo del consumo y un elevado gasto fiscal.

La limitada evidencia de la que disponemos para España apunta a que la medida está contribuyendo a una modesta caída de los precios de los alimentos, pero con beneficios moderados comparados con el coste. Los datos del IPC del mes de enero muestran, como ya habían adelantado las organizaciones de consumidores, un descenso del precio de la mayoría de los productos en los que se aplicó la rebaja de tipos del IVA. Según las estimaciones de FEDEA, su efecto redistributivo será positivo, aunque de magnitud reducida, mientras que el coste recaudatorio podría alcanzar los 700 millones de euros.

Este tipo de medidas, necesariamente temporales, dejan al margen las causas del aumento del precio de los alimentos, como el encarecimiento de las materias primas alimenticias a escala global, los límites para la exportación en dos de los grandes graneros mundiales (Rusia y Ucrania), el impacto de la sequía o el crecimiento del coste de la energía. Hay que recordar también que Rusia y Bielorrusia son importantes exportadores de fertilizantes. La evolución del precio de los abonos sintéticos está llevando a algunos productores a sustituirlos por abonos naturales, lo que también ha causado un incremento del precio de estos últimos.

Ninguno de esos problemas va a quedar resuelto con el aumento de los tipos de interés ni tampoco, lógicamente, con la reducción de los tipos del IVA. Por el contrario, mientras se mantengan los aumentos de los primeros, el mayor coste de la financiación limitará la inversión destinada a la producción de productos básicos agrícolas y afectará a las cadenas de suministro globales, además de constreñir la demanda y aumentar el desempleo.

Eso no significa que haya que renunciar a la protección de las familias más afectadas por el encarecimiento de los alimentos. La duda es si no sería mejor alternativa el refuerzo de la competencia en estos mercados, junto al diseño de ayudas más directas a los hogares vulnerables mediante transferencias de renta bien focalizadas. El cheque de 200 euros a las familias de menos ingresos es un paso en la buena dirección. Podría ampliarse con los recursos que se pierden por la reducción de los tipos del IVA, junto a otras acciones que acorten los plazos para que las transferencias lleguen cuanto antes a esos hogares.

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