Un proyecto que trata de dar luz a un sector lleno de cadáveres

En los negocios, como en la vida, hace falta estar muy loco, o cuerdo al estilo Billy Hayes-El expreso de medianoche, para ir cuando todos vuelven. A veces, el viaje acaba bien. Gaba Energía, una empresa comercializadora de electricidad recién nacida, cree haber encontrado la senda para convertirse en una historia de éxito. Hasta aquí, poco nuevo. Según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en España hay registradas 400 comercializadoras, con un elevado índice de mortalidad provocado por la crisis. Pero Gaba Energía considera que cuenta con una buena mano para ganar la partida: directivos con experiencia de años en el mercado energético, digitalización en la gestión de la demanda y las energías renovables, una balsa de posibles clientes descontentos con sus comercializadoras, la venta de electricidad 3.0 y un modelo especialmente diseñado para los colectivos y las nuevas comunidades energéticas, entidades enfocadas en el autoconsumo colectivo en las que los participantes se benefician de la energía que producen al mismo tiempo que la comparten, y que aún tienen una regulación muy incipiente en España.

Gaba Energía quiere ser disruptiva, es decir, propiciar una renovación radical en el negocio. Para ello, explica su director general, Juan Castro-Gil —secretario y veterano en las batallas de los pequeños productores de energía fotovoltaica de la asociación Anpier—, va a ofrecer a sus usuarios una central de compras con productos y servicios relacionados con la eficiencia y la movilidad, y una plataforma digital que “se convierte en la solución ideal para la gestión e integración del suministro energético de las nuevas comunidades ciudadanas de energía”. Sabemos que nuestro camino lo transitarán los demás, pero hasta ahora nosotros somos los únicos que lo podemos ofrecer”.

Mediante inteligencia artificial (IA), Gaba perfila diariamente los patrones de consumo de los usuarios “para darles las mejores oportunidades y los mejores consejos de consumo para cada hora del día y en tiempo real”. La idea, apunta Castro-Gil, “es ofrecer facilidades de financiación a sus clientes para apostar por el autoconsumo, el almacenamiento y el vehículo eléctrico, actuaciones que se interrelacionarán con la propia gestión de la demanda del usuario. La empresa cerrará los contratos con sus clientes mediante blockchain (cadena de bloques) y dará trazabilidad al intercambio de excedentes de autoconsumo y de otros bienes y servicios de la central de compras que muestra a sus usuarios”.

El proyecto comenzó hace cuatro años y ha cuajado con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del IGAPE (Xunta de Galicia). Fruto de sus desarrollos, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido a la matriz de la plataforma el sello de Pyme Innovadora. Además, diferentes entidades se han sumado a la apuesta por el proyecto, entre ellas Abanca, Banco de Santander y la Caja Rural Galega. El objetivo a corto plazo: 400.000 clientes en 10 años y 10.000 al menos en 2023.

El momento es delicado. Las listas de la CNMC muestran un centenar de bajas de comercializadoras en el periodo 2021-2022 y hay más en caída libre. Las causas de la escabechina, explica Castro-Gil, son tres: “La presión financiera por la subida de los precios, con la consiguiente necesidad de liquidez de las comercializadoras, que tienen que precomprar y garantizar la electricidad en el mercado a precios excesivos; las medidas del Gobierno, que están favoreciendo la competencia desleal de las grandes, y la falta de aportación de valor de muchas comercializadoras, cuya única propuesta comercial era incorporar un margen a la electricidad que compraban para otros”.

Oligopolio

En España hay 29 millones de clientes de electricidad, pero solo 4,7 millones están en una comercializadora que no pertenezca a los grandes grupos eléctricos como Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. De las centenares de sociedades “independientes” que hay actualmente, Repsol es la más grande con casi 850.000 puntos de suministro, según Competencia. Tienen a su favor que muchos clientes de las grandes compañías no están muy contentos con el servicio que reciben. De hecho, la electricidad se mantiene como el servicio peor valorado por los hogares españoles, según el último Panel de Hogares de la ­CNMC. En el segundo trimestre del año, hasta un 24,4% de los hogares manifestaron estar poco o nada satisfechos, en comparación con el 15,3% en el mismo periodo de 2021.

Precios elevados y consumidores descontentos ofrecen una oportunidad de negocio con dos puntos de apoyo: el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, figuras recogidas en las directivas europeas —Renovables y Mercado Interior de la Electricidad— y trasladadas a la legislación nacional con muchas lagunas y limitaciones, según la opinión de expertos como Javier García Breva, asesor en modelos energéticos.

En autoconsumo hay camino despejado. Óscar Barrero, socio de energía en la consultora PwC, explica que se está registrando “una auténtica explosión del autoconsumo” en España. Las previsiones apuntan a la instalación este año de 2,4 GW entre autoconsumo residencial e industrial.

Las comunidades producen y comparten energía por sí mismas a precios más razonables que los que otorga el mercado, produciendo interesantes retornos a clientes y proveedores. Las nuevas comunidades ciudadanas están en el frontispicio del futuro de la legislación energética de la UE y también en los planes del IDAE. Pero todavía están en mantillas en España. Un informe editado por PwC y publicado por la Fundación Naturgy pone de manifiesto su escasa implantación. El estudio contabiliza 33 en España, mientras que en otros países como Alemania rozan las 2.000. En los últimos meses, puntualiza Juan Sacri, presidente de la recién constituida Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas, el ritmo se ha acelerado. Sólo en la Comunidad Valenciana, según Sacri, ya hay constituidas más de un centenar de comunidades. Y lo mejor está por llegar. “No estamos ni al 10% de lo que podemos hacer cuando las directivas estén incorporadas por completo a la legislación nacional”, concluye.

Pese a todo, hay avances. La Comunidad de Navarra también ha movido ficha y ha aprobado una Orden Foral de Comunidades Energéticas (64/2022) que se autodefine como “documento pionero en el Estado”. La orden prioriza “el desarrollo de un nuevo modelo energético que ponga en el centro a la ciudadanía” y establece, por ejemplo, que las instalaciones de aprovechamiento de fuentes de energía renovable promovidas por una comunidad tengan la consideración de “instalaciones de interés social” y que, además, se les reconozca el carácter de “inversiones de interés foral”. Navarra pone la venda antes de la herida y establece precauciones para evitar que las comunidades energéticas caigan en determinadas manos. Así, señala que deberán estar controladas por miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, pero no podrán estarlo por empresas para las cuales el sector de la energía constituya su ámbito de actividad económica principal. Tampoco está permitido que una sola persona socia tenga mayoría de los votos.