La directiva para incentivar la inversión sigue a la espera

La propuesta de directiva Debra (Debt Equity Bias Reduction Allowance), que plantea la creación de una nueva deducción fiscal para incentivar la financiación mediante fondos propios, sigue a la espera del empujón definitivo en el seno del Consejo Europeo. La Comisión presentó la propuesta el 11 de mayo y abrió un periodo de alegaciones hasta el 29 de julio. Posteriormente, se inició el debate en el Consejo y en el Parlamento. El ritmo de avance se preveía más rápido, pero otros asuntos más urgentes, como los problemas energéticos y la guerra de Ucrania, lo han retrasado. De esta forma, va a depender de la prioridad que le otorguen las próximas presidencias europeas (Suecia, el primer semestre de 2023, y España, el segundo). El objetivo inicial es transponer la norma, que no se aplicará en el sector financiero regulado, antes del 31 de diciembre de 2023 para aplicarlo a partir del 1 de enero de 2024.

El argumentario, que han defendido varios foros empresariales encabezados por el European Family Bussiness (en el que se integra el Instituto de la Empresa Familiar español), parte de que, en la actualidad, la mayor parte de los países tratan fiscalmente mejor la deuda que el capital: se permite la deducción de los pagos de intereses de su base imponible, pero no se ofrece la misma consideración al capital. Es decir, se genera un incentivo al endeudamiento en lugar de financiar nuevas inversiones mediante el aumento de capital, lo que supone una distorsión de la estructura financiera de las empresas y contribuye a incrementar el sesgo al endeudamiento empresarial. Según la Comisión Europea, ese sesgo fiscal a favor de la deuda incentiva a las empresas a endeudarse en lugar de aumentar el capital para financiar su crecimiento y hacen a las empresas más vulnerables frente a cambios imprevistos por los niveles excesivos de deuda.

Ante ello, se propone que los fondos propios reciban un tratamiento fiscal similar al de la deuda (hay países que ya aplican medidas para ambas financiaciones como Bélgica, Portugal, Polonia, Italia, Chipre y Malta), de modo que las empresas puedan considerar ambas opciones y elegir la fuente de financiación que más les convenga. A tal efecto plantea la creación de un incentivo para fomentar la capitalización de las empresas: la base sobre la que se aplicaría se calcularía por la diferencia entre los fondos propios netos al final y al inicio del periodo impositivo.

El texto de la propuesta, que se enmarca en el debate internacional de reforma de la imposición societaria y de la agenda europea, define los fondos propios (equity) como la suma del capital desembolsado, primas de emisión, reserva de revalorización y otras reservas y los resultados de ejercicios anteriores. Asimismo, los fondos propios netos (net equity) se definen como la diferencia entre los fondos propios de un contribuyente y la suma del valor fiscal de su participación en el capital de las empresas asociadas y de sus propias acciones. Esta referencia se introduce con el propósito de evitar el uso en cascada del incentivo fiscal.

La directiva plantea la creación de una deducción/minoración de la base imponible del Impuesto de Sociedades, que se calculará aplicando un porcentaje sobre el incremento de los fondos propios netos. Ese porcentaje estará formado por un tipo de interés nominal y por una prima de riesgo del 1% o, si es una pyme, del 1,5%. El incentivo será aplicable durante 10 períodos impositivos consecutivos que no puede exceder del 30% del ebitda. Si excede, serían cinco periodos.

También se incluyen previsiones para evitar prácticas abusivas por parte de las compañías. No se permitirá la inclusión de partidas que procedan de préstamos entre empresas asociadas ni la aportación de personas residentes en una jurisdicción que no intercambie información con el Estado miembro. Cuando el incremento de los fondos propios sea el resultado de una aportación en especie o de una inversión en un activo, los Estados deberán garantizar que el activo sea necesario para la actividad generadora de ingresos. Y si es resultado de una reorganización del grupo, no se tendrá en cuenta la parte que implique la conversión en fondos propios que ya existían antes. Asimismo, se propone poner una restricción que limitará la deducibilidad de los intereses al 85% de los costes de endeudamiento excedentarios (intereses pagados menos intereses percibidos).