Abengoa: el ocaso interminable del imperio de sol

Esta semana, la SEPI denegó las ayudas de 249 millones de euros solicitadas para el rescate de Abengoa. La sociedad estatal se basa para ello en los informes independientes, según los que existen riesgos judiciales y fiscales de mayor cuantía que la empresa ya arrastraba antes de la pandemia. Es decir, antes de que se constituyera el fondo de solvencia de empresas estratégicas para ayudar a empresas afectadas por la crisis sanitaria. La decisión supone que la operación de rescate diseñada por el fondo californiano TerraMar Capital LLC (dispuesto a aportar otros 200 millones para hacerse con el 70%) fracase porque estaba supeditado a la consecución de ese respaldo público. En consecuencia, el grupo andaluz acordó el jueves pedir el preconcurso de acreedores para 27 de sus filiales en un consejo de administración extraordinario de Abenewco 1, la sociedad que agrupa los activos y negocios.

La aportación de la SEPI se dibujaba como la solución para evitar el concurso y apuntalar la supervivencia. La negativa y la suspensión de pagos no son el punto final, pero supone un mazazo de categoría superior para la supervivencia y un paso hacia la liquidación y el posible desguace (mal menor) para un grupo que llegó a dar empleo a más de 26.000 personas en el mundo (ahora apenas supera las 8.700, de los que 2.000 son en España) en 2015, cuando empezó el derrumbamiento.

La solicitud de preconcursos, que se instan porque las sociedades tienen deuda en ejecución con Hacienda o con la Seguridad Social, no deja de ser una estratagema para ganar tiempo ya que protegen durante cuatro meses, plazo en el que tendrán que encontrar soluciones o declararse en concurso. El grupo tendrá que ver si existe alguna opción de rescate o se aborda un despiece de las unidades productivas en busca de un comprador, entre otras cosas porque desde el 1 de julio se ha abierto el periodo en el que cualquier acreedor puede instar concurso necesario. Además, coincide con el fin del plazo para presentar una propuesta de convenio en el concurso de Abengoa SA, la matriz (el juez decretó su liquidación el pasado viernes).

Así se escribe la historia de un grupo que no hace tantos años llegó a ser el imperio del sol (Barack Obama lo puso de ejemplo de la economía verde) y que ahora se precipita al abismo mientras las Administraciones nacional y andaluza se han puesto de perfil. Tanto el fulgor como la caída de Abengoa tiene como protagonista a Felipe Benjumea, que pasó de ser el visionario que catapultó la compañía a lo más alto del olimpo de las nuevas tecnologías a culpable de su ocaso. Benjumea, hijo de uno de los fundadores del grupo, tuvo que ser destituido por los acreedores, encabezados por el Banco Santander, después de negarse a dimitir y hacer fracasar una ampliación de capital de 650 millones de euros por la que iban a entrar nuevos accionistas, como el grupo Gestamp.

Desde entonces, la empresa entró en un bucle desesperado. Salvó la quiebra con sucesivos planes de reestructuración en el que las quitas llegaron al 97%. A su frente se iban cambiando los presidentes: José Domínguez Abascal, Antonio Fornielles, Gonzalo Urquijo. Pero el grupo, para sobrevivir, tuvo que irse desprendiendo de activos, como la filial americana Atlantica Yield o los biocombustibles. A la vez, ejecutó intercambio de acciones en una suerte de jeroglífico de sociedades interpuestas (Abenewco1, Abenewco2, Abenewco2bis) mediante métodos de ingeniería financiera que pocos entendían, a excepción quizás de Urquijo.

Pero el ave fénix no levantaba el vuelo. La segunda reestructuración (2019) fracasó, como la primera (2017), y la tercera (2020), a la que se puso el esperanzador nombre de Vellocino, acabó como un concurso encubierto sin tutela judicial. El Gobierno la apoyó como última tentativa, pero la Junta de Andalucía se negó en redondo. Y el vellocino, en su segunda versión, acaba de perecer en la mesa de la SEPI.

Mientras, los accionistas encabezados por el inversor cántabro Clemente Fernández pelean por recuperar la inversión. Se da la circunstancia de que los ejecutivos de la filial Abenewco1 no son los mismos que los de la matriz, lo que explica la rareza del grupo. Esos ejecutivos pidieron el concurso de la cotizada, lo que ha impedido que el Estado diera la ayuda. La chapuza se hizo en nombre de Abenewco 1 y se reformuló en favor de las seis filiales citadas.

La situación del grupo es muy complicada y está en manos de sus acreedores. El patrimonio negativo se acerca a los 6.000 millones, según el ejercicio de 2020, último con datos. La existencia de deuda convertible en acciones en las instrumentales (Abenewco1, Abenewco2 y Abenewco2bis) complica a la matriz tener capacidad de decisión sobre el destino del grupo. Esa deuda convertible deriva de las reestructuraciones financieras de 2017 y 2019 que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Sevilla investiga como indiciariamente delictivas. Sin embargo, como no fueron impugnadas en la jurisdicción mercantil, siguen vigentes.