Los millonarios españoles, Darwin y los ‘mariachis’: por qué las sicav más grandes resisten y el resto se liquidan

Ni han desaparecido las sicavs —aunque sí ha habido una considerable limpia—, ni se ha producido la tan ca­careada fuga de capitales como pronosticaron los más agoreros. El año 2022 se estrenó con una importante modificación fiscal para el vehículo de inversión favorito de las grandes fortunas españolas. En concreto, una modificación de la ley antifraude exige a estas sociedades acreditar que cuentan con 100 socios con una inversión mínima de al menos 2.500 euros cada uno para poder acogerse al gravamen del 1% en el impuesto sobre sociedades.

La medida fue adoptada para acabar con la figura de los mariachis, inversores que figuraban en muchos de estos instrumentos únicamente para completar el número mínimo de accionistas exigido por la ley con el fin de tributar de forma ventajosa. A pesar de este endurecimiento, el legislador, para evitar la fuga de dinero al exterior, ha ofrecido una salida ventajosa a los propietarios de estos vehículos. En concreto, si optan por reinvertir en un fondo con formato Ucits (el estándar europeo), el patrimonio acumulado en la sicav no tendrán que tributar por las plusvalías que tengan acumuladas en ella.

“Creo que el tratamiento fiscal de la ley es bueno, porque las sociedades podrán traspasarse a los nuevos vehículos sin penalización fiscal”, argumenta Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4. De la misma opinión es Santiago Satrústegui, presidente de Abante: “Después de años de incertidumbre regulatoria en torno a estos vehículos, creo que la fórmula que se ha elegido ha sido buena. Espero que a partir de ahora se elimine ese cuestionamiento permanente hacia el tratamiento privilegiado de las si­cavs que yo nunca he compartido porque tributan igual que un fondo de inversión colectiva”.

A 31 de diciembre pasado había en el mercado 2.283 sicavs, con un patrimonio bajo gestión de 28.500 millones. Tras la entrada en vigor en enero pasado de la Ley 11/2021, de 9 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pidió a los gestores de las sociedades que comunicasen al mercado qué decisión iban a tomar. Con los datos al cierre del primer trimestre de 2022 —­últimos facilitados por el supervisor bursátil—, 1.756 vehículos (el 76% del total) habían informado de su próxima baja como sicav para fusionarse con un fondo o liquidarse, mientras que 467 habían comunicado su continuidad, y las 63 restantes estaban todavía pendientes de dar una respuesta acerca de la política que iban a seguir.

Demagogia y debate político

“Las sicavs existen con una forma muy similar en la mayor parte de las jurisdicciones de nuestro entorno. Creo que en España ha habido una demagogia excesiva sobre esta figura. Se han convertido en objeto de debate político más que fiscal. El efecto recaudatorio de este cambio va a ser irrelevante”, señala Jacobo Zarco, director de grandes patrimonios de atl Capital.

Tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han agitado de forma recurrente desde hace años el debate en torno a la fiscalidad de las sicavs. Algunas propuestas que se pusieron sobre la mesa eran incluso más radicales que la que entró en vigor en enero. Entonces se decía que tocar el régimen tributario de estos vehículos supondría un éxodo de capitales hacia otras jurisdicciones más amables fiscalmente. Sin embargo, los expertos consultados reconocen que, salvo excepciones, la entrada en vigor de la nueva ley no ha supuesto una materialización de ese riesgo.

Otra de las lecciones que deja la modificación normativa es que, a pesar de que la gran mayoría ha decidido dejar de operar y pasarse a otro régimen, las mayores sociedades del mercado continuarán funcionando como una sicav. En concreto, 467 entidades, que representan el 20,4% de las inscritas y el 43,6% del total de patrimonio, prevén continuar como sicav. Dentro de este grupo, 384 continuarán tributando al 1%, con 11.925 millones de euros, y 83 se mantienen como sicav, pero tributando al 25% (porque no cumplen los nuevos criterios), con 740 millones de patrimonio.

“Las sicavs más grandes tienen más fácil reunir esos 100 inversores con al menos 2.500 euros en participaciones. De hecho, cualquier pequeño ahorrador puede dar orden de comprar acciones de una sicav a su intermediario puesto que cotizan en Bolsa como cualquier otra compañía”, reflexiona Ureta. “Una gran familia tiene esquemas patrimoniales muy testados y cambiarlos suele generar problemas. Por eso, muchos han buscado esos 100 socios antes que contemplar otras alternativas”, añade el presidente de Renta 4.

La mayor sicav del mercado español, Gesprisa, propiedad del fundador de Pronovias, Alberto Palatchi, con un patrimonio al cierre del primer trimestre de 929 millones de euros, ha comunicado su decisión de seguir operando sin cambios. También continuarán bajo el régimen de sicav Torrenova, de la familia March, con 926 millones de patrimonio; Arbarín (239 millones) e Inversiones Naira (109 millones), de Juan Abelló; Soixa (391 millones), de la familia Hernández, máximos accionistas de Ebro Foods, y Allocation (409 millones), de Joaquín del Pino, entre otras. Esta última reconoce que existe el riesgo de que “por causas sobrevenidas” tenga que tributar al tipo general del impuesto de sociedades en lugar de al 1% si sus accionistas con más de 2.500 euros invertidos cayesen por debajo de 100.

Quien todavía no ha comunicado a la CNMV su decisión es Morinvest, la famosa sicav de Alicia Koplowitz. Al cierre del primer trimestre del año, Morinvest contaba con un patrimonio de 569 millones de euros y 241 accionistas.

La familia Ortega opta por otras fórmulas

Cuando un millonario decide crear una sicav sabe que tiene algunas ventajas fiscales y de gestión, pero a cambio incurre también en determinadas servidumbres de transparencia. Que el resto de los mortales sepa cuánto dinero tienes y dónde lo inviertes no suele ser plato de buen gusto para las grandes fortunas. Ese escrutinio trimestral —las sicavs tienen que enviar a la CNMV un detallado informe sobre todos los activos que tienen en cartera— fue uno de los motivos que llevó a Amancio Ortega a cerrar sus sociedades (Keblar y Alazán) en 2011. A partir de ese momento, la persona más rica de España decidió concentrar los jugosos dividendos que cobra por su participación mayoritaria en Inditex en el sector inmobiliario a través de su family office Pontegadea.

Algo más de una década después de esta decisión, ahora es la hija mayor de Ortega, Sandra, quien ha aprovechado la modificación fiscal para dar cerrojazo a su sicav, Soandres. “El consejo ha propuesto a la junta general de accionistas que adopte los acuerdos legales oportunos en orden a su transformación en sociedad de responsabilidad limitada”, comunicaba a la CNMV el pasado 4 de febrero. Soandres estaba gestionada por JP Morgan y tenía 225 millones de patrimonio.