Abogados que rompen prejuicios: cómo combatir el racismo, el machismo y la homofobia defendiendo a los más débiles

Convertir la discriminación sufrida en un revulsivo para mejorar la situación de las minorías. Es el objetivo de una pequeña parte de la abogacía, más pendiente de defender el trasfondo social de los procedimientos que del beneficio económico que puedan reportar. En un sector donde el pedigrí marcó durante años el éxito profesional, se abren paso estos letrados, que hacen de su profesión una lucha contra los prejuicios.

Es el caso de Juan Silva (Sevilla, 1973), que dirige De Los Reyes Abogados, un despacho en el que todos sus miembros son gitanos. “He sido el primer universitario de mi familia, dedicada a la venta ambulante. Desde pequeño, mi sueño era ser abogado”, cuenta. Por el camino tuvo que enfrentarse a las barreras de la exclusión. En la universidad algún “eminente profesor” utilizaba ejemplos donde los gitanos siempre eran los “delincuentes”. Con arrojo superó los obstáculos y hoy se sienta al mismo nivel en estrados que magistrados y fiscales, desde donde denuncia los estereotipos de un sistema judicial que “algunas veces es implacable con los más débiles”.

“Cuando en el banquillo se sienta un gitano, aunque no tiene una condena asegurada, por los prejuicios ya está con un pie en la cárcel. Muchas veces he tenido que recordar que el supuesto delincuente es gitano, pero su abogado defensor también”, relata.

Según el informe Discriminación y Comunidad Gitana de 2021 de la Fundación Secretariado Gitano, el año que apareció la pandemia la institución registró 364 episodios de rechazo. Aunque no realizó el habitual seguimiento sobre el discurso de odio en la red que anualmente reporta más de cien casos, el análisis destaca, por ejemplo, algunas malas prácticas de medios de comunicación, que vincularon la comunidad gitana con la propagación de la covid-19. Los datos, no obstante, pueden ser solo la punta del iceberg porque la denuncia no siempre “está entre las prioridades” y en ocasiones el rechazo es soterrado. “Mi mujer es de tez morena y cuando ha ido a algunos supermercados, se ha encontrado con el vigilante de seguridad siguiendo sus pasos. Como gitano, me duelen los estereotipos porque difunden una imagen injusta. Ni todo es negro ni color de rosa, entre ambos extremos estamos la mayoría de los gitanos”, dice Silva.

En su haber profesional destaca la defensa de algunos diputados provinciales en el caso de La Pará de Gines, sobre las presuntas irregularidades en la organización de la feria sevillana, o en la macrocausa de los ERE. También es letrado del grupo Ilunion en Andalucía Occidental, la iniciativa social de la ONCE que emplea a personas con discapacidad. Sin embargo, la actividad que más satisfacción le reporta es la “militancia gitana”, desde la que trata de vencer a la intolerancia.

Las dificultades que sufren las personas migrantes también han empujado a Nancy Kemilo (Madrid, 1991) a defender los derechos de quienes cruzan el Mediterráneo, dejando en tierra firme a hijos o padres, en busca de oportunidades. Sentirse “identificada” con su situación la ha llevado a embarcarse en RK Abogados y Asociados, un despacho en el que sus tres socios proceden de Guinea y Angola. “Empatizo porque, a pesar de haber nacido en España, obtuve la nacionalidad por residencia”. De madre angoleña y padre congoleño, sabe lo que es estar “perdida” en el laberinto de la administración. “El derecho de extranjería no suele estudiarse en la carrera, pero es útil para ayudar a la comunidad inmigrante”, dice sobre los motivos de su especialización.

Su caso, además, pone negro sobre blanco al falso mito que vincula la inmigración con la delincuencia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayor parte de las personas mayores de edad que fueron condenadas en 2020 por sentencia firme tenía nacionalidad española (74,9 %), también en el caso de los menores (79,3%). Paradójicamente, Kemilo confiesa que ha sufrido ciertas actitudes “clasistas” en la práctica profesional por su color de piel. “Al hacer algo tan básico como entrar en los juzgados, me he tenido que identificar con el carné de colegiada. Notas cierta desconfianza, como si pusieran en duda que eres abogada. No se dirigen a ti a la primera como tal, tienes que demostrarlo”. Para superar estas situaciones, cree que la abogacía institucional debería implicarse más en la visibilidad de los letrados negros.

Otro de los abogados que ha convertido su profesión en una lucha contra la discriminación a las personas LGTBI es Isaac Guijarro (Madrid, 1993), que codirige Olympe Abogados junto a la economista Rocío Moya. Según relata, “tenía un jefe machista y homófobo. Me decía que no vistiese con tantos colores, que neutralizase mi forma de hablar, que siendo así nunca llegaría a ser un buen abogado… Eran comentarios diarios que te van minando emocionalmente. Sentí miedo, incluso, de que llegase a tener razón”.

Lamentablemente, el temor a ser despedido, a que se frustren ascensos o a los cuchicheos son algunos factores por los que en España siete de cada diez personas vuelven cada día al armario en su trabajo, según datos de 2020 del Proyecto Adim, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid. Esquilmado mentalmente, Guijarro dejó su trabajo, pero con el dolor infligido fundó su propio despacho para ayudar a otras personas en situaciones similares. “Haber pasado por ahí me ha hecho tener arrojo, entender mejor la discriminación y empatizar con quienes la sufren. No estamos en la abogacía para enriquecernos, sino para defender los derechos de quienes no tienen voz”.