Pelea por el blindaje contra opas externas

La última edición del Spain Investors Day ha estado marcada por dos grandes temas. Por un lado, el Gobierno ha destacado la relevancia y la enorme oportunidad que supone la llegada de los fondos europeos al país, que regarán la economía con hasta 140.000 millones de euros. Sin embargo, los miembros del Ejecutivo que han pasado por el foro se han encontrado con una preocupación de los inversores internacionales: la permanencia en el tiempo de la llamada ley “antiopas”, que protege a las empresas de los sectores estratégicos frente a la compra de compañías extranjeras.

Este blindaje, que exige permiso previo del Ejecutivo para llevar a cabo una operación de compra, se puso en marcha en marzo de 2020, en pleno estallido del coronavirus. España trataba así de salvaguardar a las empresas de las adquisiciones por parte de firmas de otros países, tras caer bruscamente su valoración por el derrumbe de los mercados derivado de la pandemia, una medida que se mantiene tras casi dos años. Esta ha sido una cuestión recurrente entre las preguntas que han trasladado los inversores en las dos jornadas de la XII edición del Spain Investors Day, un foro organizado por Estudio de Comunicación con la colaboración de las entidades BNP Paribas y Exane BNP Paribas, y que cuenta con el patrocinio, entre otros, de PRISA, el grupo editor de EL PAÍS.

El miércoles le tocó defender la permanencia de la norma a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera: “Somos una economía abierta en la que los inversores son bienvenidos, pero tenemos una responsabilidad para evitar un impacto en sectores clave en un momento como este”. Una respuesta que parece que no fue suficiente, ya que un día después tuvo que responder por el mismo motivo la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño: “No creo que la norma genere incertidumbre o dudas legales. Es un proceso legal y transparente que protege los sectores estratégicos”.

Sobre esta cuestión también se posicionó durante el foro Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, quien considera que la normativa no se debería prolongar mucho más, alejándose de la postura del Ejecutivo. “Desde el punto de vista del mercado de valores y los intereses de los accionistas e inversores, la apertura internacional es un valor en sí mismo. Por ello, será positivo que la normalización de los parámetros de mercado permita una normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas”, dijo.

La baza de los fondos

El Gobierno, por su parte, trató de poner en valor las reformas realizadas y la respuesta a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, el atractivo de España para los inversores internacionales y la oportunidad que suponen los fondos europeos.

Una gran oportunidad que también es un enorme desafío para la Administración, al tener que canalizar una inyección pública de ingentes dimensiones. De hecho, los miembros del Ejecutivo reconocieron las dificultades que hubo para arrancar la maquinaria. Aunque repitieron en diversas ocasiones que 2021 terminó con el 91% de los fondos autorizados (22.124 millones) y el 45,5% ejecutado (11.000 millones). Además, La Moncloa confía en que se alcance en breve la esperada velocidad de crucero, lo que permitirá una llegada constante de las ayudas a la economía real. “De cara al primer semestre de este año se abrirán más de 150 convocatorias que van a poner a disposición del país más de 17.000 millones de euros”, adelantó el presidente Pedro Sánchez en la clausura del foro.

Este asunto centró las mesas de expertos y otros altos dirigentes. El punto en común fue la relevancia que tendrán los fondos para reactivar la economía y conseguir recuperar los niveles previos a la covid. Aunque eso dependerá del uso que les den. Ejemplo de ello fue la intervención del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que marcó como clave que se realice una elección correcta del gasto. Algo en lo que insistió Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank: “Es más importante repartir los fondos de manera adecuada que hacerlo demasiado rápido”.