Crecimiento y transformación económica

España va a crecer con vigor en 2022, recuperando buena parte de la actividad perdida a consecuencia de la pandemia. La intensificación del consumo, la aceleración de la ejecución de los fondos Next Generation y la reactivación de la inversión privada, nos permiten augurar un año relativamente bueno en tasa de crecimiento. Y con los riesgos a la baja, me inclino a la parte inferior de la horquilla en la que se posicionan la mayoría de los pronósticos: llegar al 5% sería un buen dato dadas las circunstancias.

La mala evolución de la pandemia en el último tramo de año, con el retraso de la vacunación en los países en desarrollo, encabeza los riesgos. En los próximos meses seguiremos expuestos a nuevas variantes que nos puedan hacer perder el terreno ganado, el virus no se detiene en las fronteras y es imprescindible extender el esfuerzo de vacunación a todo el mundo.

Como segundo riesgo situó el repunte de la inflación; hay alzas de precios que pueden revertirse en el corto plazo, como las del transporte y algunas materias primas, pero hay otras que pueden empujar los precios hacia arriba de forma duradera, como la desglobalización de la producción, las rigideces del mercado de trabajo o la transición energética. Y, en tercer lugar, y en el caso de nuestro país, el laberinto burocrático puede enlentecer la ejecución de los fondos europeos, de los que tanto depende nuestro crecimiento en los próximos años. Solo del lado del sector exterior podemos tener alguna buena noticia, pero sin la capacidad de neutralizar el peso de las malas.

Otra preocupación más fundamental es la sostenibilidad del crecimiento en el medio plazo. Cuando se consuma el ahorro acumulado durante la pandemia y se acabe el estímulo de la inversión pública: ¿cuáles serán las fuentes de crecimiento? Por simplificar, depende de dos factores: por un lado, de la calidad y no solo de la cantidad de la inversión que generemos en estos años y, por otro lado, de la capacidad que tengamos para remover los obstáculos que en toda economía se acumulan para hacer crecer la productividad o, en otras palabras, de nuestra habilidad para realizar las traídas y llevadas reformas estructurales. Sin ellas, no se producirá el trasvase de factores productivos a actividades de más valor añadido y nuestro potencial de crecimiento se verá comprometido.

La crisis anterior representó una oportunidad perdida en este sentido. La economía se reactivó con lentitud, mediante una fuerte deflación de salarios y, más allá del auge de las exportaciones, sin encontrar un remplazo duradero a los sectores que habían protagonizado el crecimiento en el periodo anterior. Además de la consolidación del sector financiero y una modesta reforma laboral, el Gobierno centró sus esfuerzos en la lucha contra el déficit, pero a través de recortes, sin abordar reformas de calado, ni en la política fiscal ni en los sectores no transables de la economía, como la Administración Pública o el sector servicios internos, falto de innovación en su propuesta de valor. Para que las cosas sean diferentes esta vez, deberíamos hacer un poco más que lo urgente y lo fácil y darle mayor cabida a lo importante. Se me ocurren dos prioridades.

En primer lugar, la inversión pública y privada debería concentrarse en los sectores y empresas capaces de impulsar la productividad. Las banderas de la digitalización y la sostenibilidad son las adecuadas en este caso, pero deben canalizarse para que lleguen a quien más lo necesita y tengan mayor impacto en la transformación del tejido productivo. Son imprescindibles alianzas público-privadas, con proyectos bien definidos, que canalicen los recursos con agilidad y tengan una fuerte permeabilidad hacia las pequeñas y medianas empresas y hacia el emprendimiento innovador, aprovechando su potencial a través de la aplicación de nuevas tecnologías. Es preferible la calidad a la cantidad de los recursos aplicados, con incentivos que atraigan a la inversión privada y movilicen a las entidades financieras.

Esto, sin embargo, no va a ser fácil de conseguir, ni del lado público ni del privado. En el primer caso porque, como hemos dicho, la maquinaria de la Administración va a tratar de repetir lo que sabe hacer y que le permite una ejecución más rápida de los recursos. Cuando se precisa innovar en los procedimientos y las estructuras para canalizar recursos hacia los sectores con apetito de innovación; no sería partidario de urgir la ejecución a costa de perder foco e impacto. En el caso del sector privado, dado que la pandemia ha dejado muchas cicatrices en el tejido productivo, se calcula que alrededor de un 30% de empresas viables y en sectores de futuro están en una situación de vulnerabilidad financiera. Es fundamental anticipar la ola de insolvencias que se viene y apostar por el rescate de estas empresas. También es clave seguir concertando con las entidades financieras políticas de estímulo que se alineen con los objetivos de digitalización y sostenibilidad, haciendo uso de nuevas modalidades de avales, que tan valiosos han sido en la etapa más intensa de la pandemia. Al final, la inversión de hoy es lo que define la estructura productiva de mañana, pero no toda la formación de capital tiene la misma rentabilidad, como hemos conocido en España. Hay que poner el foco en las inversiones que tengan un impacto directo en la productividad de las empresas.

Desde el punto de vista de las reformas estructurales, me conformaría con que se ponga el énfasis en todos aquellos factores que lastran la formación de capital humano y crean desajustes en el mercado de trabajo. Los resultados de todo nuestro sistema educativo son malos o muy malos para nuestro nivel de renta y hacen imposible que podamos transformarnos en una economía basada en el conocimiento sin una transformación profunda. No empecemos este esfuerzo por aprobar nuevas leyes, salvo que sea para derogar parte de la normativa existente que atenaza la iniciativa innovadora. Apostaría por programas que hayan demostrado su efectividad en reducir la deserción escolar, como las mentorías; permitiría más libertad a los centros para formular su oferta e incentivaría a las empresas a que concierten programas de formación dual. En materia de universidades, me concentraría en ampliar becas e incentivos para las carreras con mayor demanda en el mercado de trabajo y fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas para que los futuros estudiantes conozcan mejor las oportunidades laborales. En cuestión de intermediación laboral, lo fundamental es apostar por incentivos que acerquen oferta y demanda, y no por una gran burocracia de servicios de empleo con las limitaciones del sector público.

En suma, el dato del crecimiento que alcancemos el próximo año es importante, pero es tan importante o más su calidad. De poco nos serviría crecer más invirtiendo en infraestructuras de las que ya estamos sobrecapitalizados, incrementar el gasto en educación sin mejorar los resultados de aprendizaje o rescatar empresas no sostenibles que han perdido el tren de la innovación en sus sectores. La economía se desarrolla a través de la innovación y esta requiere una combinación de inversión en tecnología y capital humano en la que debemos concentrar la mayor parte de los esfuerzos en los próximos años.

Koldo Echebarria es director general de Esade.