La mano que mueve los ahorros de los abogados

Las mutualidades de previsión social son aseguradoras cuyo principal objetivo es gestionar el dinero que sus mutualistas acumulan con vistas a la jubilación, como los planes de pensiones. A menudo están vincu­ladas a colegios profesionales. Una de las más importantes de España es la Mutualidad de la Abogacía. En la actualidad gestiona en torno a 9.000 millones de euros de 210.000 mutualistas. “Somos una alternativa al sistema público de previsión social. Los abogados que trabajan por cuenta propia pueden optar entre el RETA [Régimen Especial de Trabajadores Autónomos], el sistema público, o venir a la mutualidad”. Enrique Sanz Fernández-Lomana lleva cinco años como presidente de la Mutualidad de la Abogacía y, en su opinión, son varias las ventajas de confiar sus ahorros a esta entidad sin ánimo de lucro creada en 1948. “En primer lugar, tenemos un sistema de capitalización individual, algo hacia donde quieren evolucionar los sistemas de seguridad social. Eso nos permite diseñar la pensión individual de cada abogado en función de sus características y circunstancias personales. Con las aportaciones se va a lograr una rentabilidad al final de la vida activa y se puede elegir entre diferentes opciones (renta vitalicia, temporal, a largo plazo). Además, al final de la vida activa, el sistema de la mutualidad te permite seguir trabajando aunque te jubiles”, resume.

La pandemia produjo una importante merma en las aportaciones de los asegurados. La caída media de la recaudación de primas en el sector fue del 20%, aunque en la Mutualidad de la Abogacía fue del 9%, cifra que Sanz califica de “tolerable”. Tras la normalización económica y social gracias a la vacunación, la Mutualidad de la Abogacía ha vuelto a las cifras previas a la pandemia. “En 2021 ya crecemos por encima del 10% en la emisión y cobro de primas. La covid nos ha obligado a ver el futuro de otra manera e intentar buscar coberturas que hace dos años no existían. En este sentido, estamos estudiando el lanzamiento de nuevos productos, algunos con la vista puesta en que pudiera repetirse una situación similar a la de la pandemia”, señala el presidente de la institución.

Fuera del glamur (y los sueldos) de los grandes despachos nacionales y extranjeros que operan en el mercado español, Sanz recuerda que hay otro tipo de abogacía “muy precarizada”. “Desde la Mutualidad ofrecemos ayudas a la formación o para mejorar la gestión de los pequeños despachos y el proceso de digitalización”. Sobre este último punto, no cree que las máquinas acaben sustituyendo a los profesionales del derecho. “Las máquinas van a ayudar a los abogados y en consultas muy elementales podrán sustituirlos. Pero creo que en la abogacía es esencial la relación personal con el cliente para ofrecer un asesoramiento en condiciones”, recuerda quien fue decano del Colegio de Abogados de Valladolid entre 2000 y 2009.

Reforma legislativa

En las últimas semanas, desde la sede de la Mutualidad de la Abogacía, situada en la calle de Serrano de Madrid, analizan con atención los planes que viene desgranando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para la reforma del sistema de pensiones. “Potenciar los planes de empleo como quiere el Gobierno me parece positivo y necesario. Sin embargo, para lograrlo no se debe castigar el ahorro individual. Ambos son absolutamente complementarios”, según Sanz. En los Presupuestos Generales del Estado quedó incluida una reducción de las desgravaciones a los planes privados de pensiones hasta los 2.000 euros (8.000 euros en 2020), si bien estas pueden incrementarse hasta en 8.000 euros por aportaciones del empleador a planes de pensiones de empleo. “Hay que resolver cómo va a quedar el ahorro previsión para los autónomos. No me parece bien que se estén marginando los planes de empleo individual”, añade.

El Ejecutivo considera prioritario impulsar los llamados fondos de pensiones de promoción pública. El anteproyecto de ley impulsado por Escrivá establece una serie de requisitos que deben de cumplir las gestoras que aspiren a administrar esos fondos. “Llegado el momento estudiaremos la posibilidad de presentarnos a ese concurso. Tenemos potencial y experiencia suficiente. Hemos demostrado que somos capaces de gestionar un gran patrimonio con costes muy limitados. La ratio media de gastos entre las mutualidades está en el 0,3% y en la Mutualidad de la Abogacía es del 0,21%”, señala el presidente.

En los últimos años, las políticas monetarias ultraexpansivas de los principales bancos centrales, con tipos de interés próximos a cero, han trastocado las estrategias de inversión de todas las firmas del mercado, pero especialmente de aquellas como Mutualidad de la Abogacía que priman los activos de renta fija. “Nos ayuda que somos inversores a largo plazo y eso nos da más flexibilidad. No obstante, sí hemos cambiado nuestro perfil: hasta hace unos años, casi toda la parte de la cartera que teníamos en renta fija era en deuda pública y ahora el 50% son bonos corporativos”.

En 2020, la Mutualidad de la Abogacía logró una rentabilidad del 3,3%. Este año, debido al importante repunte de la inflación debido a la recuperación de la demanda mundial y a los cuellos de botella logísticos, ese nivel no bastará para lograr revalorizar el patrimonio de sus mutualistas. “Creemos que la inflación será coyuntural y que en los próximos meses se irá reduciendo para situarse en el entorno del 2%. En los últimos 15 años siempre hemos logrado rentabilidades por encima del IPC”. El presidente de la Mutualidad de la Abogacía cree que se avecinan unos meses en los mercados que estarán marcados por la volatilidad. “Creemos que el famoso tapering [retirada de estímulos monetarios que los bancos centrales han introducido para combatir el impacto económico de la pandemia] va a tardar en producirse. Por lo tanto, los tipos de interés reales tardarán también en normalizarse”.

Sanz dice que la lista de peticiones al Gobierno para mejorar la calidad de la jubilación de los abogados autónomos “es bastante larga”. Sin embargo, destaca una reivindicación en materia fiscal por encima de todas: “Que las rentabilidades que se generan con el ahorro previsional no se traten como rentas del trabajo, que es como ocurre ahora, y tengan un tratamiento de rentas del capital”.