Es el momento de ampliar el contrato social

La crisis del coronavirus COVID-19 es un drama de proporciones bíblicas. El contagio, las muertes, el distanciamiento y confinamiento, el cierre de lugares públicos y empresas son situaciones que nunca habíamos experimentado. No es extraño que la estemos viviendo como una situación apocalíptica que trae miedo, ansiedad y desasosiego.

Estas épocas acostumbran a provocar dos tipos de reacciones. Por un lado, sentimientos de expiación por lo que habríamos hecho mal. Por otro, movimientos moralizadores: del capitalismo, de la globalización, de la sociedad, de la democracia.

Estas reacciones, muy humanas, tienen dos riesgos. Por un lado, fomentan la huida hacia delante, olvidando que para muchos españoles llegar a mañana es lo más importante. Por otro, alimentan un exceso de expectativas sobre cambios futuros, que de no poder ser satisfechas aumentarán la frustración y las pulsiones políticas autoritarias.

Sin duda veremos cambios: en la forma de gobernar las empresas, aunque el capitalismo seguirá existiendo; en la forma de operar de las cadenas globales de producción, aunque la globalización se mantendrá; en una mayor intervención del Estado en la economía, aunque los mercados seguirán siendo fundamentales para la innovación y la creación de riqueza; avances en la UE, aun cuando permanecerá la resistencia de los países del Norte a la solidaridad compartida. Tiempo habrá, sin embargo, para analizar esos cambios. Permítanme centrarme hoy en la oportunidad que trae la pandemia para completar nuestro contrato social en favor de aquellos que más lo necesitan.

Según el “Observatorio continuo sobre la crisis del coronavirus” de Metroscopia, el 92 % de los españoles (es decir, todos) apoyan unos nuevos “Pactos de la Moncloa” como los que en 1977 firmaron las principales fuerzas políticas, patronales y sindicatos. Fue, además de un acuerdo para la estabilización de la economía, un contrato social: las “izquierdas” legitimaron el sistema de economía de mercado y las “derechas” aceptaron apoyar la creación de un nuevo Estado social. Pero, a la vez, el 72 % no lo ven posible por el clima partidista. La encuesta no pregunta por el contenido que tendría hoy un pacto así. En todo caso, yo me encuentro entre el 18 % que piensa que es posible hacer algo en esta línea.

La pandemia crea un momento favorable para la ampliación del contrato social hacia las personas y familias en situación de pobreza, pero que no están protegidas por el estado del bienestar. España es el único país europeo que no tiene una prestación de último recurso contra la pobreza. Esto contribuye a que seamos el país en el que más ha crecido la desigualdad.

Para erradicar la pobreza hemos de cambiar la forma como luchamos contra ella, pasando de la lógica de la solidaridad a la de los derechos. Las prestaciones de pobreza de todas las administraciones -central, autonómicas y locales- están vinculadas, de una u otra forma, a los mecanismos de solidaridad de la Seguridad Social. Pero la pobreza es una realidad en sí misma, al margen de que se tenga o no empleo. No padecer pobreza es un derecho de ciudadanía que hay que financiar con impuestos. Es lo que hicimos con la sanidad: de estar vinculada a la lógica de solidaridad de la Seguridad Social pasó a ser contemplada como un derecho, y financiada con los impuestos.

La ampliación del contrato social es la mejor forma de responder al aumento de pobreza y desigualdad que trae la crisis Covid-19. Con dos políticas inmediatas: la universalización y gratuidad de la enseñanza preescolar y la implementación de una renta básica nacional contra la pobreza.

Esa ampliación del contrato social tendrá dos efectos positivos. Por un lado, aliviará la vida de los más frágiles y hará que nuestro país deje de liderar el ranking de pobreza. Por otro, favorecerá el apoyo de los “socios del norte” a los mecanismos de solidaridad. No es sensato pedirles que sean solidarios si ven que nuestro gasto social y esfuerzo fiscal es inferior al suyo. Cuando homogenicemos este esfuerzo surgirá un margen mayor para la solidaridad europea.

La pandemia crea un momento favorable para la ampliación del contrato social. El presidente Pedro Sánchez puede liderarla. La mayoría de los dirigentes políticos y sociales probablemente la apoyarán. Después, puede extenderse a otros ámbitos: empresa; medidas de protección del empleo y las pyme; salidas al confinamiento; impulso al sector sanitario, salud y cuidados; nueva política industrial, de innovación y turismo; cambio climático; prosperidad territorios. Pero eso es para “el día después”. Hoy, lo urgente es ayudar a las familias a llegar a mañana sin cicatrices.