El síndrome del virus atenaza a las empresas

La crisis del coronavirus se ha instalado en el corazón de las empresas en un momento transcendental. Se produce justamente cuando para la mayor parte de las compañías que cotizan ha terminado la presentación de resultados anuales y comienza el periodo de las juntas generales de accionistas, que legalmente se extiende hasta el 30 de junio. Es decir, el momento en el que los consejos de administración deben rendir cuentas ante sus propietarios, normalmente legiones de inversores que tienen marcada la fecha en sus agendas para reunirse en asamblea, escuchar los planes, disfrutar o quejarse de los dividendos, intervenir en el turno de ruegos y preguntas (si acaso) y recoger el regalo por asistencia (una práctica habitual que ha ido a menos).

Las juntas son el día de la fiesta mayor para las empresas. El día de las evaluaciones, de los desafíos y, también en algunos casos, de las críticas. Sin embargo, este año los derroteros indican que esa jornada va a ser muy distinta por culpa de la pandemia y su impacto en la cotización. En muy pocas jornadas el valor bursátil se ha despeñado: desde el 20 de febrero hasta el jueves el Ibex 35 había perdido más de la tercera parte (36%) y sólo ese día se dejó el 14,06%, la caída más grande de su historia. En total, equivale a más de 235.000 millones de euros. La eficaz (y obligada) intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), evitando operaciones a corto en las que algunos tiburones encuentran las aguas propicias para sacar pingües beneficios, permitió que el viernes se recuperará con un buen mordisco.

Ante tales adversidades, las grandes empresas han tenido que constituir comités de crisis para afrontar un problema sobrevenido en el que, más allá de la necesidad y el convencimiento de que hay que atajar el virus, se vuelve a poner de manifiesto la controversia entre la economía financiera y la real. Lo que ocurre fuera de los mercados financieros es que el producto interior se desmorona.

Por eso los citados comités de crisis persiguen soluciones drásticas. Tienen dos frentes abiertos ante las próximas juntas de accionistas que vienen encadenados: primero el coronavirus y las medidas sanitarias que se deben adoptar y, después, el impacto que ha tenido en las arcas. Está muy claro, y así ocurrió el viernes en la junta del BBVA (la primera que se celebra bajo el síndrome del virus), que las sociedades deberán explicar las medidas que tienen previstas para combatir la debacle, aunque sean prácticamente a puerta cerrada, como han pedido CNMV, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y las propias empresas a través de la Asociación de Emisores Españoles, que agrupa a las empresas del Ibex 35.

Esta organización, además de recomendar a las sociedades que transmitan las juntas de forma telemática y pidan la asistencia remota (salvo norma expresa en sentido contrario, no se puede prohibir la asistencia presencial a las juntas), han sugerido que en caso de “un empeoramiento de la crisis sanitaria, sería deseable revisar algunas de las disposiciones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital, de manera que, para este año y por razones de urgencia se ampliara el plazo de celebración de las juntas hasta el 1 de octubre, para incluir la temporada de verano, en la que previsiblemente podría haber remitido la situación”. Las empresas anuncian que usarían todas las armas a su alcance (y tienen de sobra) para convencer a la autoridad, a la que también pedirían “la posible celebración de la junta en cualquier parte del territorio nacional, con independencia de lo que dispongan los estatutos de la compañía, así como la posible inclusión, en el anuncio de la convocatoria, de dos lugares”.

Estas consideraciones se suman a las de la CNMV y la ESMA, que han instado a las firmas cotizadas a estar preparadas para planes de contingencia y a datar como hecho relevante cualquier información relacionada con el impacto de virus en sus negocios, así como en su informe anual o en las informaciones periódicas. El organismo entiende que debe reconocerse margen de flexibilidad a los consejos aunque no estén en los estatutos.

Esto no deja de ser un alivio para las empresas. Cualquier cambio en los estatutos debe aprobarse en las juntas generales y estas se celebran después de su aplicación. Lo mismo ocurre con la no asistencia física. En algunas empresas que arrastran conflictos (por ejemplo, la citada del BBVA) puede suponer la ausencia de intervenciones críticas con la gestión. Por mucho que se ofrezca todo tipo de facilidades para intervenir telemáticamente, los gestores saben que no es lo mismo que la presencial.

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