El Gobierno excluye a Telefónica del contrato de ciberseguridad del Estado

El Ministerio para la Transformación Digital ha resuelto declarar desierta la adjudicación del conocido Lote 3 del contrato de ciberseguridad de telecomunicaciones de la Administración Central, conocido como CORA III, que agrupaba los servicios de interconexión de centros de datos, seguridad e Internet, excluyendo a Telefónica como potencial adjudicataria. Esta decisión sigue un patrón ya visto, pues la misma causa que supuso la descalificación inicial del primer ganador, MasOrange, ha afectado ahora a la propuesta de Telefónica: la falta de inscripción de un plan de igualdad por parte de una de las empresas que componían la oferta, según consta en el acta de la Mesa de Contratación con fecha 12 de noviembre a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

En concreto, la Mesa de Contratación argumentó que la propuesta de Telefónica de España y Telefónica Soluciones incurría en “prohibición de contratar” debido a que Govertis, una de las firmas cuya solvencia se aportaba al consorcio, no contaba con el preceptivo plan de igualdad inscrito. El Ministerio aceptó esta recomendación, lo que lleva a la anulación del concurso para el Lote 3, que cubre la interconexión de centros de datos de la Administración Central y servicios de ciberseguridad. Lo más probable es que se proceda a una nueva licitación.

Este escenario implica una prórroga en la prestación del servicio por parte de los operadores actuales, Telefónica e Indra, hasta que el nuevo proceso se complete, algo que llevará varios meses. Sin embargo, las implicaciones no se detienen en el Lote 3. La propia resolución de la Mesa de Contratación ha instado al órgano ministerial a analizar los posibles efectos de este mismo incumplimiento en el Lote 1, un contrato de red nacional multiservicio de 152,15 millones de euros que Telefónica ya había ganado previamente.

Cúmulo de descalificaciones y controversia

La historia de esta licitación comenzó con la descalificación de la UTE liderada por MasOrange, TRC y Mnemo, debido a que Mnemo no tenía inscrito su plan de igualdad al presentar la oferta. Esta exclusión, considerada por algunos como polémica dada la presencia del Gobierno en el capital de Telefónica a través de la SEPI con el 10%, dio un giro inesperado. MasOrange había presentado una oferta económica significativamente más baja (55,26 millones de euros sin IVA frente a los 63,06 millones de Telefónica) y fue la más valorada inicialmente.

Telefónica, sin embargo, recurrió esta adjudicación por la ausencia del plan de igualdad, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, falló a su favor el pasado 4 de octubre. MasOrange no tardó en reaccionar y anunció que recurriría la decisión del TARC “ante las instancias oportunas, al considerarla desproporcionada y contraria a la doctrina europea”. La compañía que dirige Meinrad Spenger ya está ejecutando los servicios correspondientes al lote 2, que también ganó, y que incluye la ciberseguridad de los dispositivos, un servicio clave para la seguridad del Estado.

Tras el recurso, el Ministerio de Óscar López procedió a descalificar a la UTE de MasOrange el 6 de octubre, resolviendo otorgar el contrato a Telefónica, la única oferta restante. Este movimiento también suscitó críticas en el sector, especialmente por la adjudicación de una materia estratégica como la ciberseguridad a una firma con una creciente influencia del Estado francés, máxime tras el acuerdo de Orange, controlada en un 23% por capital público francés, para adquirir el 100% de MasOrange.

Finalmente, el círculo se ha cerrado, y el mismo requisito de igualdad esgrimido por Telefónica para descalificar a su competidor, ha resultado ser la causa de su propia exclusión, dejando desierto el concurso.

Este mismo fallo contractual por el plan de igualdad (en la filial Telefónica IOT & Big Data) ya había provocado la exclusión de Telefónica de otro concurso en Talavera, como adelantó EL PAÍS. El plan de igualdad es un requisito formal obligatorio que las operadoras de telecomunicaciones utilizan cada vez más como arma en las licitaciones para lograr librarse de sus competidores, aunque no tenga nada que ver con el objeto de la adjudicación. El conflicto por los planes de igualdad podría reproducirse en otros concursos públicos similares como las diputaciones de Alicante y Barcelona, o el ayuntamiento de Cáceres, donde Telefónica concursa en UTE con la citada filial de IOT & Big Data, informaron fuentes del sector.