El Defensor del Pueblo apremia a las Administraciones a que construyan más vivienda pública para alquiler

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha apremiado a todas las Administraciones públicas a que construyan “más vivienda pública y protegida” y que la destinen al alquiler como remedio ante la actual crisis de acceso que afecta a todo el país. Gabilondo ha reclamado también que estas nuevas casas mantengan su calificación “de manera permanente” para que así, además de ampliar el parque público, se detenga el aumento continuado del precio en el mercado no regulado.

“El problema viene de lejos”, ha señalado el Gabilondo durante su participación en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, y que ha tenido lugar este lunes. “Los datos son elocuentes: el aumento de los precios de la compra y el alquiler es muy superior al incremento de los salarios y la capacidad adquisitiva de la ciudadanía”, ha indicado, como uno de los factores determinantes de la crisis. “Estamos en un momento de necesidad”, ha lamentado.

Además de considerar el actual parque público de vivienda “exiguo”, Gabilondo ha afeado también que las ayudas destinadas a sufragar el pago de la vivienda en sus distintos formatos “llegan a los beneficiarios con retraso”, lo que impide que se “puedan amortiguar las consecuencias sociales del aumento de los precios”. En esta línea, ha reclamado a las distintas Administraciones que faciliten a su institución todos los datos referentes a las viviendas de protección oficial que bien están construidas o en proceso en los distintos territorios del país, y del número de personas demandantes, para poder monitorizar la situación real. “Hay una falta de información que se ha de corregir”, ha esbozado.

Gabilondo, que ha detallado que a lo largo de 2024 la institución que dirige recibió un total de 822 quejas relacionadas con la vivienda, ha alertado de que la escasez de oferta y la lentitud para acceder a las ayudas y durante el proceso de entrega de las viviendas adjudicadas “se produce en todas las comunidades autónomas, pero es más intensa en aquellos territorios con más población y turismo”, y que esta afecta de gran manera a colectivos vulnerables como los jóvenes.

El Defensor del Pueblo ha recordado que “en un Estado como España, el acceso a una vivienda constituye una necesidad básica y un derecho recogido en la Constitución”, y que “el interés que ha de primar es el general, común y compartido”, lo que requiere de “amplios consensos y acuerdos”. Por ello, ha instado a la Administración General del Estado, a las autonómicas y a las municipales a que no adopten “políticas a corto plazo”, puesto que se trata de “un problema estructural del país”.

Recursos judiciales

El primer paso, por tanto, pasa por la construcción de vivienda pública y protegida destinada al alquiler, y cuya calificación no pueda liberarse en ningún momento. “Aunque el parque social ha crecido en los últimos meses ―ha pasado del 2,5% al 3,4%―, es imprescindible avanzar para alcanzar los estándares europeos”, ha indicado Gabilondo, que también ha alertado de que el incremento de viviendas destinadas al alquiler turístico ha impactado fuertemente sobre el mercado; y de que esto “ha generado una nueva brecha de desigualdad”, afectando “al bienestar y la capacidad de ahorro de los hogares con ingresos medios”.

Respecto a fenómenos como la okupación o la “inquiokupación”, Gabilondo ha reclamado más recursos “materiales y personales” para la justicia. “La eficacia de la justicia es imprescindible, y el Defensor del Pueblo reclama una mayor y mejor dotación de medios”.

“No creo que la limitación de precios acabe con la oferta”, ha señalado en referencia a los argumentos que confrontan la idea de que subvencionar el acceso a la vivienda supone automáticamente un encarecimiento de esta. “Hay que combinar medidas. La solución no está ni en un extremo ni en el otro. Hay que poner en marcha medidas dirigidas para mitigar las necesidades de muchas personas en el corto plazo, y otras dirigidas a mejorar la construcción en el medio y largo plazo. Creo en un mercado regulado y limitado. Nadie está hablando de que no haya mercado, pero bajo una regulación”, ha remachado.